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Caso ERE El Gobierno andaluz de PP y Cs acusa a los ejecutivos anteriores de ocultar información a la justicia y el PSOE replica que miente

La Junta de Andalucía envía al juzgado, que lo había reclamado, un documento de 1998 en el que el exconsejero de la Presidencia de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, se compromete a no pedir la devolución de subvenciones consideradas ilegales por la UE 

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. / EFE

raúl bocanegra

El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), acusó este martes a los gobiernos anteriores, los dirigidos por Susana Díaz (PSOE) y José Antonio Griñán (PSOE), de haber ocultado a sabiendas en tres “cajas fuertes de un metro” “bastante documentación” sobre casos investigados por la justicia que afectan a la etapa de gobierno de Manuel Chaves.

Poco después, el PSOE replicó con dureza en un comunicado tachando las afirmaciones de Bendodo de “circo de montajes y mentiras”. “Las tres cajas de seguridad están integradas en el archivo general de IDEA y se puede solicitar su documentación a través del archivo”, aseguraron los socialistas.

Bendodo acusó directamente a los expresidentes Griñán y Díaz de esconder la documentación a propósito. “Ni Griñán ni Díaz aportaron esta documentación a la justicia. […] En lugar de dársela a la justicia, [el Gobierno] la metió en una caja fuerte”. “Tenían escondida bajo llave la documentación requerida por los juzgados” para que “nadie se enterara”, abundó Bendodo.

El PSOE manifestó al respecto: “El consejero Bendodo ha vuelto a convertir la rueda de prensa del Consejo de Gobierno en un espectáculo patético, revelando una documentación de hace 21 años que asegura haber encontrado ahora, tras un año en el gobierno. Se trata de una documentación que no ha sido requerida por el juzgado, ya que la investigación judicial sobre expedientes de regulación de empleo abarca los años 2000-2010, y los documentos aportados por Bendodo datan de 1998”.

Bendodo describió de esta manera lo hallado: Se trataba de “sobres lacrados” que estaban “en tres cajas fuertes” en las dependencias de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). El consejero agregó: “Los trabajadores nos han informado de su existencia. La semana pasada, cuando me lo contaron, pensé: imposible. Trabajadores de la casa que conocían la existencia de esa caja fuerte lo pusieron en conocimiento del director de IDEA. Nos lo han dicho ahora. En cuando hemos tenido conocimiento, hemos ido a la justicia y a la opinión pública”.

Sobre este punto, los socialistas argumentaron lo siguiente: “Para frenar la patética deriva del gobierno de PP y CS y su falta de respeto a la ciudadanía a la que solo le ofrece montajes y mentiras, y ni una sola ley o medida de mejora, el grupo socialista va a solicitar la comparecencia en el Parlamento del actual director general de la Agencia IDEA, Fernando Casas, que con anterioridad fue secretario general de Hacienda y Administración Pública, director general de Tesorería y Deuda Pública (2017-2018) y director general de Presupuestos de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía (2016-2017), con los gobiernos socialistas”.

El Gobierno andaluz, después de las afirmaciones de Bendodo, envió a la prensa parte de la documentación.

Los papeles a los que ha tenido acceso Público se ocupan de los pasos previos a la concesión de una ayuda otorgada en 1999 por el Consejo de Gobierno a la empresa Cárnicas Molina por la que Chaves y Zarrías están siendo investigados junto a otros altos cargos, acusados de los delitos de malversación y prevaricación. La justicia cuestiona un presunto “falso crédito” de 5,8 millones a Cárnicas Molina, otorgado presuntamente a sabiendas de que jamás se iba a devolver y que Bendodo considera “el origen de los ERE”.

Bendodo se refirió singularmente a un convenio "privado" firmado el 30 de diciembre de 1998 por Gaspar Zarrías, exconsejero de la presidencia de Manuel Chaves, que ha sido enviado al juzgado.

Hasta donde ha podido rastrear Público en los autos emanados del juzgado número 6 a los que ha tenido acceso, lo cierto es que los documentos exactos a los que Bendodo se refiere –ese convenio de 30 de diciembre– no los ha reclamado la justicia de manera expresa hasta el pasado 3 de diciembre. Es decir, que el hallazgo de la documentación en las "cajas fuertes de un metro" no fue casual, como dejó creer Bendodo.

El juzgado reclamó a la consejería de Presidencia, la de Bendodo, en esa fecha “copia testimoniada del compromiso firmado” por Zarrías con Campofrío en fecha 2 de diciembre de 1999, “en virtud del cual la Junta de Andalucía adquiría el compromiso de abono completo de las cantidades que por creación de empleo quedaron estipuladas en acuerdo de 30 de diciembre de 1998” y también reclamaba lo siguiente en el “caso de que se hubiese formado”: “Copia testimoniada completa del expediente administrativo relativo al acuerdo o compromiso anterior, y de cuanta documentación se contenga en el mismo”.

Cárnicas Molina

Así, el primer documento al que aludió Bendodo es un convenio “privado” sin membrete ni firma de la Junta de Andalucía, en el que Zarrías se compromete el 30 de diciembre de 1998 con el vicepresidente de Campofrío, Juan José Guibelalde, a que, a cambio de que este compre por 1.100 millones de pesetas -6,6 millones de euros- Cárnicas Molina –una empresa de 450 empleados rescatada del cierre mediante la inyección de ayudas de hasta 8.000 millones de pesetas (48 millones de euros) por el Gobierno andaluz de entonces– y de la creación de puestos de trabajo, esta compañía recibirá ayudas millonarias y además, de un modo insólito, la garantía de que las subvenciones ya recibidas por Cárnicas Molina nunca le iban a ser reclamadas, aun en el caso de que fueran anuladas por la UE.

Cárnicas Molina, según la describe la Fiscalía, era una sociedad de gran peso económico en la provincia de Jaén, dentro del sector de la alimentación. A raíz de que entrara en suspensión de pagos en el año 1995, la Junta de Andalucía decidió intervenir en su gestión a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA); todo ello “con el propósito de evitar o paliar las consecuencias sociales que supondría el despido de sus empleados como consecuencia del correspondiente cierre empresarial”.

Así, en el año 1995, el IFA adquirió la propiedad de sus acciones y entre los años 1993 a 1997 la empresa obtuvo numerosas ayudas públicas en forma de avales, préstamos, aportaciones de capital y condonación de deudas. “Estas ayudas dieron lugar a que por la Comisión Europea se incoara en abril de 1997 un expediente dirigido a determinar si las ayudas concedidas a la empresa eran o no compatibles con la regulación de la libre competencia y si debían o no ser consideradas ayudas públicas no permitidas por el Derecho Comunitario”, afirma la Fiscalía.

En febrero de 1999, según la Fiscalía, la Comisión Europea declaró incompatibles las ayudas recibidas por Cárnicas Molina, “incompatibilidad que llevaba al Estado español a recuperar todas las ayudas concedidas haciendo que la empresa fuera inviable”; no obstante, la decisión de la Comisión Europea fue recurrida por la empresa y resuelta por la sentencia del Tribunal de Instancia de la Comunidad Económica Europea el 11 de julio de 2002 en donde se decide anular únicamente la ilegalidad de las ayudas concedidas en forma de condonación de deudas.

Lo que dice el convenio

Esto dice exactamente el convenio atribuido a Zarrías: “Considerando que la adquisición [de Cárnicas Molina] conforme a la normativa legal aplicable no debe originar responsabilidad alguna de la sociedad [Campofrío] respecto a una decisión de la Comisión Europea de incompatibilidad con el mercado común de las ayudas concedidas a Cárnicas Molina a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y de su condena a su devolución, la Junta de Andalucía no dirigirá acción alguna de reclamación a la sociedad en orden a la recuperación de las citadas ayudas, por no existir vinculación alguna entre la compradora y vendedora de los activos, ni relación alguna de causa-efecto entre las ayudas que pudiera haber recibido [Cárnicas Molina] con anterioridad”.

En un segundo documento, el contrato de compraventa, también entregado a la prensa, firmado el mismo día que el anterior –el 30 de diciembre de 1999– por Juan Carlos Ollero como representante del IFA en el Consejo de Administración de Cárnicas Molina, y por el vicepresidente de Campofrío, Juan José Guibelalde, se recoge que Cárnicas Molina se halla “seriamente afectada” por dos situaciones conflictivas”, entre las que se recoge, en efecto, una denuncia por ayudas ilegales por “haberse concedido sin la preceptiva autorización y […] por su incompatibilidad con la normativa comunitaria”.

“Como consecuencia –prosigue el convenio– de tal denuncia existe una decisión de la Comisión Europea declarando dichas ayudas ilegales e incompatibles, con la obligación de devolver el importe recibido, más los intereses correspondientes. [Cárnicas Molina] reconoce que constituye elemento fundamental y determinante del consentimiento prestado por [el comprador, Campofrío] la no reclamación al mismo de las ayudas recibidas”.

“Que en un documento-contrato sin ningún logotipo de la Junta, sin membrete oficial, se diga: la Junta no dirigirá acción alguna en orden a la recuperación de las citadas ayudas. ¿Cómo puede la Junta firmar en un documento que va a renunciar a reclamar?”, se preguntó Bendodo.

Con ello, para el Gobierno de PP y Ciudadanos “queda demostrada la operación fraudulenta que hacía la Junta de Andalucía”. “Era para perdonar 8.000 millones de las antiguas pesetas y pagar otros mil más a una empresa de Jaén a sabiendas de que estas ayudas ya se habían declarado ilegales por la Unión Europea (UE) y que la empresa nunca iba a devolver los prestamos. 17 días después de la firma de estos dos convenios privados, la Junta se reunió con la plantilla en Jaén para explicar la operación”, dijo Bendodo.

En el convenio se recoge también lo siguiente: “[Cárnicas Molina, es decir el IFA, es decir, la Junta de Andalucía] se compromete expresa y formalmente a mantener a [Campofrío] indemne de las consecuencias adversas que pudieran derivarse de […] cualquier actuación de la Seguridad Social tendente a recuperar las deudas; cualquier actuación de la Hacienda Pública tendente a recuperar las cantidades adeudadas por [Cárnicas Molina]; cualquier actuación del Fondo de Garantía Salarial tendente a recuperar las cantidades adeudadas, y cualquier actuación de cualquier dependencia del Ayuntamiento de Jaén o de cualquier otro municipio u organismo público tendente a recuperar las cantidades adeudadas”. El convenio añadía: “A tal efecto Cárnicas Molina conseguirá de las cuatro entidades expresamente mencionadas los documentos acreditativos de la respectiva cancelación de las deudas indicadas”.

El tercer documento enviado por el Gobierno andaluz a los medios consiste en un informe de préstamos de agencia Idea en el que se recogen los datos del expediente 27551 relativo a Primayor [la empresa que acabó por adquirir la fábrica a Campofrío] con fecha 23 de octubre de 2014, ya con Díaz en el Gobierno, elaborado para un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

El Ejecutivo de PP y Ciudadanos destacó al respecto que “el informe señala que la fecha de solicitud y de aprobación del préstamo es la misma (9/11/1999)”; que “el importe es de 5.829.817,41 euros y fue aprobado por el Consejo de Gobierno” y que “a 31/12/2012 el total exigible (principal e intereses) era de 3.749.972,76 euros”.