La apertura del juicio del caso ERE ha removido los cimientos de la política andaluza más allá de los juzgados. La réplica del mayor terremoto político que ha vivido el Gobierno de Andalucía en casi cuatro décadas se dejó notar en San Telmo, a pocos pasos del Palacio de Justicia, pero también en el Parlamento autonómico, donde ayer hubo sesión plenaria, hoy hay sesión de control al Gobierno y los grupos de la oposición se han volcado en enfrentar al actual gabinete de Susana Díaz con su pasado.

El resultado ha sido el pleno más tenso y crispado que se recuerda en esta legislatura. La líder de Podemos, Teresa Rodríguez, se había reservado una pregunta a la presidenta sobre corrupción, y ha dedicado su turno a enumerar una docena de casos judiciales que salpican a la Junta. “Una ardilla puede ir de Huelva a Almería sin pisar el suelo saltando de caso a caso de corrupción”, le ha espetado. Díaz estaba preparada para la réplica: “Usted no es más honesta ni más decente que yo”, le ha dicho, afeándole una forma de hacer oposición próxima al PP similar a la que en los años noventa hacía IU. “Todo lo que a usted no le gusta es un régimen. Escucho de usted lo mismo que cuando era pequeña. Lo suyo es la pinza 3.0, es Luis Carlos Rejón con Javier Arenas a lo moderno”.

Pero la bronca mayor ha llegado en el turno del PP, cuando su presidente, Juanma Moreno, ha acusado a Díaz de “matar a Chaves y Griñán”. “Usted ha matado a Chaves y Griñán. Y no lo digo yo, lo dijeron ellos mismos: Pepe, Susana nos ha matado, es como si nos hubiera clavado un puñal”, le ha espetado, usando la cita textual de Chaves tras conocer que Susana Díaz había forzado la dimisión de ambos para lograr que Ciudadanos apoyase su investidura. La líder andaluza se ha visto soliviantada y, agarrándose las manos, ha elevado el tono: “Le exijo respeto a las figuras de Manolo Chaves y Pepe Griñán, dos personas honestas y decentes. Creo en la justicia. Al final ésta pondrá a cada uno en su sitio y muchos tendrán que pedir perdón”.

La bancada socialista ha aplaudido con fuerza, pero Moreno ha insistido: “Usted no defiende la honorabilidad de los expresidentes, se defiende a sí misma. Quien ha borrado la foto de Chaves y Griñán de los actos públicos de la Junta es usted. Ni siquiera los invitó al 40 aniversario del 4D (inicio de la lucha por la autonomía andaluza), ha eliminado de un plumazo 20 años de socialismo”. Desde la bandada del PSOE, alguien le ha llamado “mezquino”, provocando un gran alboroto en la Cámara. Díaz le ha respondido que “no hay nada más burdo” que comparar el caso ERE con fraudes de enriquecimiento ilícito que salpican al PP, como el caso Bárcenas, la Gürtel o la Púnica, y ha remachado. “Debió aprender de Arenas que no ganará en los juzgados lo que no consigue ganar en las urnas”, sentenció.

Díaz estuvo de espaldas a los juzgados durante la larga jornada del miércoles por la mañana, reunida con el patronato de la Corporación Tecnológica de Andalucía, debatiendo sobre 'crecimiento, innovación y competitividad para converger'. "Andalucía ofrece estabilidad política y seguridad para invertir en este nuevo ciclo económico", decía, mientras sus antecesores, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, escuchaban impávidos durante más de tres horas el escrito de acusación del fiscal y del PP acusándoles de prevaricar y malversar fondos públicos durante una década.

No hay nada que haya hecho más daño al Gobierno andaluz y al PSOE en su conjunto que el caso de los ERE fraudulentos. En 2012 estuvo a punto de expulsarles del palacio de San Telmo. Las elecciones andaluzas de aquel año fueron las primeras y las únicas que ha ganado el PP en tres décadas, y los socialistas mantuvieron el poder gracias a un pacto de coalición con IU.

El juicio ha sentado en el banquillo a 22 exaltos cargos de la Junta, encabezados por Chaves, Griñán y otros seis exconsejeros de su gabinete, desde ayer alineados hombro con hombro en la primera y segunda fila de los acusados. Más allá del contenido jurídico, el caso ERE fue una poderosa arma política para la oposición hace siete años, cuando la jueza Mercedes Alaya inició la instrucción, y vuelve a serlo ahora, cuando ya todos sus responsables han dimitido, fueron destituidos, entregaron el carné del PSOE y afrontan penas de inhabilitación para cargo público y entre seis y ocho años de prisión. Los ERE hicieron cimbrear al Ejecutivo socialista andaluz, pero siete años y dos elecciones autonómicas después, los socialistas siguen gobernando.

El actual gabinete de Susana Díaz ha querido comportarse con naturalidad ante el juicio más mediático que vuelve a colocar el foco de la corrupción sobre la Junta. La presidenta ha mantenido su agenda repleta de actos y la ejecutiva del PSOE regional ha vuelto a defender la "honorabilidad y honradez de los dos expresidentes".

"No politicen la justicia", ha exigido el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez. El mensaje es claro: Susana Díaz defiende públicamente la inocencia de Chaves, de Griñán y de muchos de los imputados (no todos). Pero ninguno de los acusados forma ya parte del Gobierno andaluz. Griñán dimitió como presidente acosado por los ERE, cedió el testigo a Díaz, y ésta barrió de su gabinete a todos los demás consejeros y altos cargos salpicados por el escándalo: la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; el extitular de Economía, Antonio Ávila (que fue posteriormente desimputado) y el exviceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano.

Martínez Aguayo y Lozano siguen en la lista de acusados, la primera afronta seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricar y malversar; el segundo, diez de inhabilitación por prevaricación. Eran (y son) dos de las personas de mayor confianza de Griñán, primero en su etapa como consejero de Economía de Chaves, y más tarde durante su mandato como presidente. También son, probablemente, quienes tienen el perfil más técnico y menos político de entre los exaltos cargos que se sientan en el banquillo. Estaban convencidos de que gestionaban un procedimiento administrativo reglado, visado y controlado, de ahí que sus rostros sean los más damnificados de todos los que han hecho el paseíllo hasta la Audiencia Provincial de Sevilla.

El caso ERE fue una bomba política contra el Gobierno andaluz y la apertura del juicio oral ha vuelto a activar esa bomba. El PP (único grupo personado como acusación particular), Podemos e IU se han lanzado contra Díaz removiendo las denuncias de 'clientelismo' contra el PSOE, al que acusan de perpetuarse más de 35 años en el poder a costa de comprar 'votos y voluntades' con fondos públicos.

La oposición se ha servido del pasado para atizar golpes al presente gabinete de Susana Díaz, que disfruta de una cómoda estabilidad política gracias a la aprobación reciente de los Presupuestos Autonómicos para 2018. Es cierto que la presidenta marcó distancias con sus antecesores, pero también es cierto que la Junta ha sido posteriormente expulsada del caso como parte afectada tras pedir el archivo de la pieza política y defender el sistema de concesión de ayudas públicas que están bajo sospecha. El PP reprochó a la Junta su “intento de infiltrarse en el juicio”, como acusación particular, para luego defender a los expresidentes y otros inculpados.

Vaivenes de la Junta

El actual Gobierno andaluz ha tenido vaivenes y contradicciones respecto al proceso judicial, ha adoptado el papel de fiscal y de defensa, ha defendido a unos (incluso pagó el abogado de algunos exconsejeros imputados en causas parejas a los ERE) e ignorado a otros, ha admitido partes del relato incriminatorio y negado tajantemente la idea de una confabulación para malversar fondos. Díaz quiso cerrar el capítulo de los ERE de un portazo y exigió responsabilidades políticas a Chaves y Griñán por encima del código ético del PSOE. Forzó su dimisión en 2015, cuando el Tribunal Supremo confirmó su imputación, pero antes de que se abriera el juicio oral, como establecían las normas internas de lo socialistas.

Ciudadanos, socio de investidura de Díaz, es el único que no ha aprovechado el juicio para hacer oposición en el Parlamento, pero recuerda que fueron ellos quienes obligaron al PSOE a forzar la caída de los expresidentes a cambio de facilitar el cargo a la presidenta andaluza.

Pese a todas sus cautelas, la coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez, y el presidente del PP, Juan Manuel Moreno, se han reservado este jueves preguntas sobre corrupción durante la sesión de control al Gobierno de Díaz, en una réplica de las sesiones de control que vivió Griñán hace cuatro años. El Parlamento ha vivido un revival de aquella época, una presidenta dando cuenta del caso ERE ante la Cámara autonómica, mientras dos expresidentes hacen lo propio ante el juez, siete calles más abajo.

La segunda jornada del juicio ha arrancado esta mañana con avances mínimos. Los letrados del PP y de Manos Limpias exigieron ayer la lectura de gran parte de su escrito de acusación (40 folios), justo después de dos horas de lectura del escrito de la Fiscalía. Eso dilató en extremo la primera jornada y fue imposible iniciar las cuestiones previas de las partes. Los 20 abogados de la defensa han calcado hoy la estrategia, al considerar que 'el público' ha podido escuchar los cargos contra sus defendidos, y ahora quieren que el secretario judicial lea también sus escritos de defensa.

La pieza política del caso ERE se centra en el llamado procedimiento administrativo utilizado por la Junta de Andalucía durante una década (2000-2010) para agilizar el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. De los 22 del banquillo, 15 están acusados de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos (entre ellos Griñán y tres exconsejeros) y afrontan penas que van de seis a ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación para cargo público; los otros siete están imputados sólo por prevaricar y afrontan 10 años de inhabilitación. El PP, además, les acusa de asociación ilícita, penado con dos años de prisión.

El juicio trata de determinar si era legal el sistema de pagos de ayudas socialaborales que la Junta diseñó y usó durante más de una década. El Gobierno andaluz introdujo en los Presupuestos autonómicos un sistema de pago, las transferencias de financiación, que hacía pasar el dinero de la Consejería de Empleo a una agencia pública en materia laboral, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego llamado IDEA.

Este trasvase del dinero, según los jueces, "permitió de manera consciente que los fondos públicos destinados a estos colectivos se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa". No había convocatoria pública de ayudas ni publicidad ni aparecía en el BOJA. Así que la Consejería de Empleo empezó a distribuir anualmente fondos públicos "a su libre arbitrio y sin procedimiento reglado alguno".