El PP ha asegurado en la Audiencia Nacional que desconocía que la trama Gürtel financió a dos de sus candidatos en Madrid, porque eran “actos a escondidas” del partido, a pesar de que en ellos se celebraron actos electorales como un encuentro con la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre.

El abogado de este partido, Jesús Santos, ha asegurado que durante el juicio que ahora termina a los negocios de la primera época de Gürtel no se ha acreditado en "qué actos electorales, en qué trabajos y en qué servicios, ni cuándo, ni quiénes" del PP se beneficiaron con fondos de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, ambos en Madrid.

El PP no tenía conocimiento de que se estuviera beneficiando de un enriquecimiento ilícito y en todo caso serían "actos a escondidas y al margen" del partido.

En el juicio ha quedado acreditado que la red financió con este dinero actos electorales públicos, como un encuentro con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Y como las grandes redes, Santos ha alegado que la responsabilidad civil del PP por estos pagos ha prescrito. Por ello, ha solicitado al tribunal que exima a este partido de pagar 328.440 euros que la Fiscalía le reclama como partícipe a título lucrativo del dinero pagado por la red de Francisco Correa a Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, candidatos a las alcaldías de Pozuelo y Majadahonda en 2003.

Ortega y Sepúlveda -exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato- se enfrentan a peticiones de prisión de 50 años el primero y 15 el segundo, por recibir comisiones y regalos de la trama de Francisco Correa y celebrar actos electorales con fondos municipales.

ADADE deja en un segundo plano la búsqueda de la verdad

El PP alega además que su responsabilidad ha prescrito a partir de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015 (la número 1741/2015, de 6 de abril), que fue dictada después de que la Fiscalía reclamara la acción civil a este partido, en enero de ese año.

En ella, el Supremo entiende que el cómputo a partir del cual hay que contar el plazo de la responsabilidad civil (en el partícipe a título lucrativo) es cuando arranca la causa penal. Y el caso Gürtel arrancó en el año 2008. Por otro lado, el Código Civil limita a cinco años el plazo para reclamar, que en responsabilidad fuera de contrato se reduce a un año.

Otro de los argumentos es que el PP no ha recibido reclamación alguna de los posibles perjudicados, en este caso los referidos ayuntamientos, y su abogado ha advertido de que tampoco se ha acreditado que el dinero pagado por dichos actos procedieran de fondos municipales.

Por otra parte Jesús Santos ha estimado que el hecho de que el PP se opusiera como la Fiscalía a que testificara en el juicio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que finalmente compareció, no significa que se adhiriera al criterio de las fiscales de que ya había prueba suficiente del beneficio a título lucrativo del PP.
Rajoy testificó en el juicio al prosperar la petición de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Jesús Santos ha reconocido el papel fundamental de las acusaciones populares como contrapeso a la posible inacción de la Fiscalía y como manifestación de la ciudadanía en la Administración de justicia.

Sin embargo, ha estimado que en este juicio "ADADE ha dejado en un segundo plano la búsqueda de la verdad" y ha lamentado "su papel de intencionalidad política". Ha recordado que ADADE incluso pretendió someter a Mariano Rajoy a un careo con un acusado en el juicio, "lo que demuestra que su intención era el desgaste político del PP".

Jesús Santos ha coincidido con el abogado del Estado en que "la corrupción es un cáncer para la democracia que destruye los cimientos del Estado y de la sociedad y que se debe luchar con determinación para erradicarla".

También ha valorado la labor de los funcionarios de la Agencia Tributaria y de los policías nacionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aunque ha lamentado que en algún caso de esos últimos se hayan olvidado del mandato legal de no sólo recoger "lo adverso" sino también las "circunstancias favorables" al investigado.

Ana Mato no conoce los hechos

Por su parte, la abogada de la abogada exministra de Sanidad Ana Mato ha reprochado este jueves a la Fiscalía Anticorrupción en el juicio por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que ha alcanzado conclusiones basándose en "especulaciones y conjeturas", lo cuál ha causado un "grandísimo daño a su reputación".

La defensora de Mato, Julia Muñoz, ha destacado que la exministra es la "primera interesada" en demostrar que no ha obtenido un "beneficio alguno" de los hechos que se están enjuiciando. Ha recordado que su cliente nunca ha sido llamada para declarar en calidad de acusada, sino como partícipe a título lucrativo, lo que implica que "no conoce los hechos de los que se le pide que responda".

La Fiscalía Anticorrupción reclama 28.467,53 euros para Ana Mato como responsable a título lucrativo de los regalos de la trama a la política y a su marido.
La defensa ha insistido en que Mato y su exmarido tenían un régimen de bienes gananciales y que cada uno respondían a ciertos gastos familiares. En este sentido, ha reiterado que la exministra era la encargada de organizar los eventos familiares, mientras que Sepúlveda era quién los pagaba.

No obstante, Anticorrupción no dio credibilidad a esta explicación debido a un ingreso por parte del Senado en una cuenta bancaria que atribuyó a Ana Mato y concluyó que los gastos eran compartidos. "La señora Mato nunca ha sido miembro del Senado", ha dicho la abogada y apuntado que el que fuera su pareja sentimental sí ocupó está condición.