Este viernes ha quedado visto para sentencia el juicio contra los 37 acusados por participar en los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005), entre los que se encuentran el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, una decena de ex altos cargos del PP, como su extesorero Luis Bárcenas, y en la que se ha analizado si la formación política se ha beneficiado de estas actividades delictivas.

Desde el 4 de octubre de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha celebrado 125 sesiones para analizar las actividades de una trama de corrupción que ha centrado la agenda política desde que estalló en 2008.

Pese al año, un mes y 13 días que ha tardado el tribunal compuesto por los magistrados Ángel Hurtado (presidente), José Ricardo de Prada y Julio de Diego en concluir uno de los juicios más mediáticos, no ha sido ni el más duradero, ni el que más acusados ha sentado en el banquillo.

Un banquillo casi vacío que ha caracterizado la vista oral en gran parte del centenar de jornadas. El tribunal eximió a todos ellos de presenciar el juicio si en la sesión no se trataba algún hecho relacionado directamente con alguno de los 37 procesados.

El procedimiento se ha centrado en el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás concluyeron en el juicio que existe una "abrumadora prueba documental" que demuestra que la participación delictiva de los acusados "atentaron contra el Estado de Derecho" y su actuación resultará de "muy costosa reparación social".

El abogado del Estado Edmundo Bal subrayó que la organización liderada por Correa "se ha instalado en las administraciones públicas como un cáncer de corrupción", por lo que pidió al tribunal que dictase una sentencia "ejemplar" para que los empresarios españoles con "tentación" de sobornar digan: "jolín, qué miedo me da, fíjate la cantidad de años de cárcel que le han caído a estas personas".

Anécdotas durante las declaraciones

El juicio ha concentrado numerosas anécdotas como las revelaciones sentimentales de algunos de ellos. El exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno insinuó que su novia le abandonó por Correa, "de un día para otro y sin decir nada, sin decir ni pío", y que finalmente no quiso firmar la denuncia que destapó la trama porque prefirió marcharse a una granja de Extremadura a criar ocas para superar la ruptura.

También el 'rifirrafe' vivido entre Correa y el denunciante, José Luis Peñas, cuando el líder de la trama increpó a este otro, durante un receso de la vista oral, instándole a que contase al tribunal que se había "llevado la pastuqui" que él le había dado.

En su turno de última palabra, el presunto cabecilla ofreció su "total colaboración" a la Fiscalía para "aclarar todas las causas pendientes", pero en libertad hasta que las sentencias en su contra sean firmes.

Tras reiterar que él no creó su entramado de empresas para trabajar para el PP o para delinquir, Correa sorprendió al tribunal pidiendo el indulto para el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque considera que su causa tiene un "tinte político y no jurídico".

Uno de los momentos más llamativos del juicio fue cuando el que fuera responsable de Orange Market Álvaro Pérez 'El Bigotes' hizo una definición de sí mismo. Se calificó como un "genio de la creatividad" capaz de revolucionar la imagen "rancia" del PP y de transformar incluso el rictus "de mala leche" del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Rajoy durante su comparecencia como testigo por la trama Gürtel en la Audiencia Nacional.- REUTERS

Asimismo, el juicio por la primera época de la trama Gürtel ha marcado un antes y un después en la democracia española. Ha sido la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio ha declarado ante un tribunal, como ha sido el caso de Mariano Rajoy, que compareció como testigo el pasado 26 de julio por su responsabilidad anterior al cargo actual en la organización de las campañas electorales.

No es el único político que ha testificado, pues entre los 300 testigos que han desfilado por la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) lo hizo también la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre -quién después de declarar, se mostró a la prensa conmocionada, y a punto de llorar, por la detención del que fuera su 'número dos', Ignacio González, por el caso 'Lezo'-; el presidente del Senado, Pío García-Escudero; o los exministros Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja.

Fiscalía mantiene casi todas las peticiones de penas

Tras escuchar las versiones de los hechos de los 37 acusados, Anticorrupción ha mantenido su petición de pena para casi todos los encausados y ha sostenido la máxima solicitud, de 125 años y un mes de prisión, para el líder de la trama corrupta, Francisco Correa. Sin embargo, la Fiscalía insinuó a los magistrados que atendiesen a una rebaja en el castigo por el hecho de que confesó hechos "relevantes" para la causa.

Correa reveló datos que llevó a reabrir la investigación de una presunta caja 'b' del PP -o "contabilidad extrancontable", como la denominó Bárcenas-, al afirmar que algunas constructoras recurrieron a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente a cambio de comisiones de entre el dos y el tres por ciento abonadas al extesorero 'popular'.

Para sus números dos y tres, el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo y el 'El Bigotes', respectivamente, las fiscales piden 85 años y medio de cárcel para el primero y cinco años y dos meses para el segundo. Las condenas impuestas para estos tres acusados se sumarán a los hasta 13 años de prisión que ya están cumpliendo desde el pasado mes de febrero por amañar los contratos del montaje del expositor de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Al igual, insiste en que el PP se benefició de las actividades de la trama Gürtel en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, así como la exministra de Sanidad Ana Mato, quien, según las fiscales, disfrutó de los regalos que le hizo la red corrupta. Por ello, Anticorrupción reclama 245.492 euros para la formación política y 28.467,53 euros para la exmujer del exalcalde de Pozuelo.

No obstante, sí que ha introducido leves modificaciones con respecto al extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, al eliminar de su acusación delitos fiscales. Ambos se enfrentan finalmente a 39 años y medio de prisión -para Bárcenas se pedía inicialmente 42 años y medio de cárcel-, aunque sus penas pueden verse aumentadas si el tribunal decide responsabilizar a Bárcenas de las conductas delictivas de su esposa, Rosalía Iglesias, y en el caso de López Viejo si los suprimidos los convierte alternativamente en cohecho.

La trama Gürtel no acaba aquí, pues, además de los 'Papeles de Bárcenas', aún queda por terminar la instrucción de la pieza 'Época II: 2000-2009', relacionada con su actividad en Boadilla del Monte y Arganda del Rey (Madrid). Por otro lado, el próximo mes de enero está previsto que la Audiencia Nacional comience a juzgar las piezas relativas a la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las campañas de las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008.