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'Caso Lezo' El juez investiga si López Madrid recibió 700.000 euros para pagar mordidas a cambio de adjudicaciones a OHL

El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, pide un informe a Hacienda sobre las cuentas bancarias de Financiera SIA Capital SL, empresa en la que el yerno de Juan Miguel Villar Mir aparece como administrador único

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Imagen de archivo de Javier López Madrid

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pedido un informe a la Agencia Tributaria sobre las cuentas bancarias de Financiera SIA Capital SL, empresa en la que Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, aparece como administrador único, en busca de una transferencia de 718.648 euros procedente de una sociedad luxemburguesa que podría haber estado recibiendo dinero de la filial mexicana de OHL para pagar sobornos a cambio de obra pública.

En un auto, el magistrado requiere a la AEAT "para que informe de las cuentas bancarias de la que sea titular la entidad Financiera SIA Capital" con la finalidad de identificar esa transferencia "realizada por la luxemburguesa Lendir Investments SA el 10 de noviembre de 2010 o en fecha próxima".

"En el mes de noviembre de 2010 esa sociedad luxemburguesa recibió 3,4 millones de dólares procedentes de OHL SA a través de una filial mexicana presuntamente, para financiar el pago de comisiones", detalla el auto judicial, que se enmarca en la octava pieza separada del caso Lezo e investiga coimas por importe cercano a 40 millones de euros.

El instructor del caso Lezo dispone asimismo que el procedimiento, por el que ya han prestado declaración varios ex trabajadores de la multinacional, se dirija contra seis personas "que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismos o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL".

Políticos de CC, PSOE y PP

Se trata del exdirector de la extinta GIASA (actual Agencia de Obra Pública de Andalucía) Abelardo Genaro Moya (PSOE);, del exdirector de la Autoridad Portuaria de Melilla José Luis Almazán (PP) y el exdirector del Puerto de Cádiz Albino Pardo Rodríguez, que han sido citados a declarar los días 12 y 13 de junio en la Audiencia Nacional.

Asimismo, el procedimiento va contra el exsubdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento bajo gobierno del PP Luis Manuel Bruno Romero; el ex consejero canario y ex senador por CC Antonio Ángel Castro Cordobez y el expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Luis Pedro Suárez Trenor (Coalición Canaria), aunque aún no se ha programado la fecha en que deberán acudir a declarar.

Todas estas personas ostentaban cargos públicos cuando se adjudicaron 12 contratos de obra con OHL que la Fiscalía Anticorrupción tiene en el punto de mira por la sospecha de que hubiesen mediado comisiones para conseguir los contratos y sobre los que el juez pide a las autoridades que fueron competentes que remitan documentación. El más antiguo es de 2001 y el más reciente, de 2013.

En concreto, pide a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento documentación sobre el proceso de adjudicación, contratación y certificación de tres expedientes que corresponden a tramos en la N-630, la A-7 y la A-44; mientras requiere a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife información similar sobre las obras de ampliación de los puertos de La Estaca y La Granadilla.

Asimismo, el juez requiere información a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sobre el contrato con una UTE en la que estaba OHL para la ampliación del muelle de Marqués de Comillas; a la de Almería sobre el muelle de Poniente y a la de Melilla, sobre la adjudicación a SATO de un proyecto de calado en el muelle Ribera II.

El auto también se remite a la entidad Gestión de Infraestructuras de Andalucía SA para que informe sobre otros tres expedientes de obras adjudicadas a OHL, como un puente en Río Genil, la renovación del firme en la A-92 o una variante en la A-334; y a la Consejería de Transportes de Canarias por otro contrato de infraestructuras con la constructora.

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