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Caso Lezo Los letrados de la Asamblea de Madrid blindan a Cifuentes: no hablará de las actas 'perdidas' por su Gobierno

El informe jurídico de la Asamblea de Madrid considera inadmisible -"de ninguna manera"- la formulación de preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre las actas del Canal Isabel II, relacionadas con la operación Lezo, que la presidenta regional no ha entregado al resto de grupos, pese a que se comprometiera a hacerlo.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (d) en la Asamblea de Madrid. /EFE

El informe jurídico de la Asamblea de Madrid considera inadmisible -"de ninguna manera"- la formulación de preguntas a Cristina Cifuentes sobre las actas del Canal Isabel II, relacionadas con la operación Lezo, que la presidenta regional no ha entregado al resto de grupos, pese a que se comprometiera a hacerlo. 

Los conservadores pidieron este miércoles que los letrados de la Cámara regional se pronunciaran "con carácter urgente" ante las peticiones de la oposición de hacer comparecer a Cifuentes el próximo 2 de febrero, activando unas comparecencias anteriores por motivos diferentes a la solicitud de documentación. Dos días atrás, Ciudadanos impidió, junto al PP, la tramitación de la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid al considerar que la petición se apoya en un "error en la formulación".

En el informe, al que ha tenido acceso Público, los letrados echan balones fuera y manifiestan que las explicaciones solicitadas "deben residenciarse en la Comisión de Presidencia por ser la competente". En este sentido, "no corresponde a los servicios jurídicos realizar valoraciones basadas en criterios de oportunidad, de instrumentalidad o accesoriedad, basando nuestra opinión fundada exclusivamente en cuestiones de ámbito competencial o material". 

Indican que "desde el ámbito material no es posible afirmar" que respecto a la no remisión de las actas del Canal se esté ante "un supuesto indubitado de corrupción organizada". Por ello, al depender los servicios afectados de la Consejería de Presidencia, los letrados consideran que debe ser en la comisión del área donde se den "las explicaciones solicitadas" por la cuestión.

En cuanto al argumento del PP de que la dirigente madrileña ha sido llamada a comparecer por las funciones de vocal en el Consejo de Administración, que asumía como delegada del Gobierno en Madrid, cargo dependiente de la Administración central, los letrados indican que pese a ello "la actuación de dicho Consejo de Administración está sometido a la fiscalización de la Asamblea".

Asimismo, hacen hincapié en que la presidenta, de acudir a la comisión de corrupción, "no ha de verse sometida a preguntas que excedan el objeto" de la misma. "No sería admisible, de ninguna manera la formulación de las preguntas que se han anunciado porque se exceden del objeto que consta en el requerimiento (requisito legal, integrado en la tutela preventiva)", aclara.

No puede haber "intimidación política"

Así, en un documento fechado el 25 de enero y firmado por la secretaria y el letrado, ambos recalcan que los órganos de Gobierno de la comisión -en este caso la Presidencia de la misma- deberán "garantizar el respeto a las garantías" del compareciente, sin que pueda ser aceptable sortear" dichas garantías "propiciando un escenario de intimidación política". De hecho, añade que no cabrían "preguntas extrañas a la condición del compareciente".

Sobre la pretensión de volver al tema 'Canal-Latinoamérica-Emissao', cuestión por la que se cita a la presidenta en la petición de Podemos, los firmantes del informe entienden que requeriría "una motivación suficiente que justificara el uso excepcional de la previsión de flexibilidad requerida". Esto lo argumentan en que la comisión decidió cerrar los temas pasados a no ser que "surgieran excepcionalmente circunstancias sobrevenidas que justificaran volver sobre ellos".

A su vez, recuerdan que para el conocimiento de los casos se acordó que se siguiera un orden "ascendente en cuanto al perfil de jerarquía" de los sucesivos comparecientes en un caso. Por ello, para llamar a Cifuentes, por su posición de vocal en el Consejo de Administración del Canal, creen que sería necesario "una especial motivación que justificara la excepcionalidad", puesto que se apartaría "del criterio de funcionamiento acordado por la comisión".

En este punto, los servicios jurídicos hacen hincapié en que ya en septiembre de este año se hizo "una llamada a la autocontención en la actuación de la comisión", una recomendación que se hace "especialmente visible en este punto, de modo que los trabajos no se vean afectados por una apariencia de fraude".

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