El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha decidido imputar a cuatro ex altos cargos del Ayuntamiento de Valdemoro, con el fin de profundizar en la investigación de los contratos de la trama con el consistorio del municipio madrileño que estuvo gobernado por Francisco Granados, epicentro del caso.

El juez acusa a los nuevos imputados de falsificar facturas para empresas como Waiter Music, una de las implicadas en la financiación ilegal del PP de Madrid. Así aparece reflejado en un auto al que han tenido acceso medios como eldiario.es. 

Según informa eldiario.es, el magistrado presentó el 25 de octubre un escrito en el que pedía que se investigase a cuatro personas que obtuvieron cargos de alta responsabilidad en el Ayuntamiento de Valdemoro. 

Entre los imputados se encuentran Manuel Salguero Cornejo, que fue alcalde en funciones de Valdemoro por el PP cuando detuvieron el entonces regidor, Carlos Boza Lechuga, imputado también en esta misma causa. 

Los otros imputados son: Jesús Molina de la Torre, antiguo secretario general del Pleno del Ayuntamiento, Juan Carlos Moreno funcionario del Ayuntamiento, y Pedro Hernández Zazo, exresponsable de equipamientos y servicios. 

Los escritos del juez, basados en las investigaciones llevadas a cabo en el caso, aseguran que los cuatro acusados habrían cometido "irregularidades en las adjudicaciones" a las empresas de la trama, entre las que se cita a Waiter Music, Valescar y Oasis y Cafeterías. 

Waiter Music es, entre otras, la empresa que colaboró en esa financiación irregular en  mayor medida. Esta empresa llegó a alcanzar una facturación de 19 millones entre 2006 y 2010. Waiter Music despegó desde Valdemoro y se convirtió en una de las empresas predilectas del PP de Madrid: llegó a organizar eventos para la campaña de 2007 de Aguirre, quien le consideraba su mano derecha.

Además, afirma también que todos ellos habrían participado "en la confección de facturas ficticias que tuvieron repercusión en la hacienda pública" y que se saltaron los elementos "principales" en una adjudicación pública, como la solvencia económica o las obligaciones con la seguridad social. 

El juez García Castellón no concreta los delitos, y se limita a señalar que están imputados por delitos contra la administración pública. Una gran parte de los equipos municipales del PP que se han ido sucediendo en el Ayuntamiento de Valdemoro han acabado investigados en el caso Púnica.

El juez continúa con la investigación al consistorio donde se gestó la trama entre Granados y su exsocio, el constructor David Marjaliza, quien lleva colaborando con los investigadores desde el estallido del caso. 

Su testimonio fue clave para desenmarañar la agenda de Granados, en la que el antiguo secretario general del PP de Madrid, llevaba los movimientos de dinero de la caja B del partido. Fue Marjaliza quien identificó a quienes se encontraban tras las siglas apuntadas en ese cuaderno.