Los ciudadanos de Castilla y León sufren en sus carnes las políticas populares respecto a la Sanidad, que les alejan del bienestar del servicio público para obligarles a contratar un seguro privado. 

Las cifras del informe sobre el análisis de la situación en la Sanidad privada del presente 2022 presentado por la Fundación Idis son claras: 433.618 personas cuentan ya a día de hoy con un seguro privado en Castilla y León, lo que supone un incremento anual del 5,3%.

La sanidad privada ha registrado un auténtico "boom" con la pandemia de la covid-19, disparando el número de seguros privados. Pero en la comunidad castellano y leonesa, esta situación no es nueva: respecto a 2016 el número de castellanos y leoneses con un seguro privado se ha incrementado nada menos que un 20,4%, pasando de 359.964 a los 433.618 actuales, mientras que en este periodo el volumen de primas ha subido un 21,7%, hasta los 325 millones de euros.

Durante la pandemia, los aplausos de las ocho de la tarde desde las ventanas de cada casa subrayaban la admiración y reconocimiento a los profesionales de la sanidad pública. Pero esas manos se congelaron con el avance de las olas de la covid-19, mientras la atención primaria luchaba contra ellas. Así, esta especialidad médica aún ha quedado "tocada", tanto que de las 49 plazas que se han quedado sin cubrir entre los MIR de este 2022, nada menos que 45 pertenecen a Medicina Familiar y Comunitaria.

Este hecho supone un auténtico desastre para el panorama del actual sistema sanitario en la comunidad castellano y leonesa, ya que la Atención Primaria es el área donde más facultativos se necesitarán en los próximos años por la oleada de jubilaciones -avisada por los Colegios de Médicos- que se prevé. "Éste es el modelo sanitario del Partido Popular”, remarcan desde el Partido Socialista: "Menos personal, menos gasto y más privatizaciones", apuntaba a Público María García, TCAE y secretaria de Sanidad del PSOE en Salamanca.

Todos los colegios profesionales han alertado en los últimos años del número de jubilaciones que se esperan, pero Castilla y León no es capaz de hacerse atractiva para los médicos especialistas "porque tienen unas condiciones laborales terribles, con contratos por meses y una carga de trabajo terrible, Así no hay manera de ser un destino atractivo y se justifican las privatizaciones", añade García.

Del informe de la Fundación Idis también se desprende que el gasto sanitario en provisión privada, incluyendo los conciertos, representa el 24% del gasto total. La consejería de Sanidad destinó en 2020 unos 121 millones de euros a la partida de conciertos.

Pero los malos datos de la sanidad castellano y leonesa repercuten directamente en los ciudadanos cuando hablamos de las listas de espera. Actualmente, y según datos de la Junta, la comunidad tiene un total de 42.574 pacientes en demora quirúrgica estructural, mientras la demora media total se sitúa en 139 días. Es más, cuando la prioridad del paciente es de criterio 3 —pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento a más de 90 días—, la espera supera ya los 146 días. Estas cifras son muy parecidas a las producidas en plena pandemia, cuando la espera pasó de 94 días en 2019 a 152 en 2020.

El hecho de no conseguir resultados positivos en una reducción de estas listas se ha visto agravado, además, con el crecimiento de cuatro puestos de la región en materia de privatización sanitaria entre las comunidades autónomas españolas en este 2022 según asegura el VIII Informe de la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública).

Y si el estado general de la sanidad pública ha demostrado cómo le afectan negativamente los recortes, qué decir del ámbito rural. En las semanas más críticas de la pandemia, en los territorios rurales se suspendió la atención presencial en los consultorios, concentrando a los sanitarios en los Centros de Salud comarcales.

Sin embargo, lo que era una situación excepcional y provisional se ha prolongado en el tiempo de manera injustificada. Un sistema de cita previa telefónica es la única solución aportada por la Junta "sin tener en cuenta a la numerosa población mayor que vive en el mundo rural", lamenta Vanesa Mezquita, alcaldesa de la localidad zamorana de San Vitero y presidenta de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aliste. Así, desde este tipo de movimientos, piden potenciar los consultorios locales de Atención Primaria para que "los profesionales sean quienes se acerquen a la gente y no a la inversa. Muchas veces es solo una cuestión de voluntad", subrayan.