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Catalá suprimirá algunas tasas judiciales en pleno año electoral

El Gobierno del PP da marcha atrás en algunos de estos impuestos que limitan el acceso a la justicia, en concreto en la casación ante el Supremo. El plan es tenerlo aprobado antes de mayo.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá. EFE

JULIA PÉREZ

Reforma con freno y un poco de marcha atrás. El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, se apresta a maquillar la controvertida implantación de las tasas judiciales que realizó Alberto Ruiz-Gallardón, su antecesor, quien logró enfrentarse con todos los colectivos jurídicos antes de dimitir a causa de la reforma del aborto. Ahora, Catalá planea rebajar algunas de estas tasas, en pleno año electoral.

Desde abogados, a fiscales, jueces y organizaciones de consumidores, el movimiento contrario a las tasas judiciales ha comenzado a pasar factura al PP. Cuando Catalá llegó al ministerio, anunció que se analizaría el impacto de las tasas y si realmente han perjudicado al derecho fundamental de acceso a la tutela judicial. Curiosamente, no existe constancia de algún estudio económico sobre cómo impactarían dichas tasas antes de su implantación.

El plan de Catalá pasa por reformar las tasas en las próximas semanas. Su objetivo es llegar a mayo con las tasas reformadas, con el fin de lavar la cara del Gobierno y quitar las piedras del camino colocadas por Ruiz-Gallardón para abordar las elecciones municipales de mayo y facilitar así los comicios de finales de año o comienzos de 2016.

Catalá ha realizado algunas consultas, pero no se ha dirigido a los movimientos sociales que contestan a través de las redes sociales,  como la #BrigadaTuitera y su famosa #T contra las tasas.

El alcance de la rebaja de tasas se desconoce, pero lo que sí ha confirmado Público es que la reforma de las tasas es inminente.

Diversas fuentes apuntan a que Catalá planea suprimir algunas tasas y reducir la cuantía de otras. Entre las que suprimirá serían las tasas que gravan los recursos de apelación en segunda instancia y de casación ante el Tribunal Supremo.

Otras fuentes sostienen que la reforma nacerá aguada y que tan sólo suprimirá algunas tasas que afectan a las personas físicas, pero que no tocará los impuestos que cargan sobre las miles de Pequeñas y Medianas Empresas inmersas ahora en procesos judiciales a causa del impacto de la crisis económica.

Catalá mantiene la reserva, a la espera de elevar su propuesta al Consejo de Ministros. Tiene poco tiempo en el calendario para llegar a mayo con todo aprobado. Así, se calcula que este viernes o el próximo lleve la reforma ante la mesa del Consejo.


Sin embargo, es muy posible que este viernes lleve antes la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sería la sexta reforma de esta poderosa norma que realiza el PP desde que llegó al poder.

Ya el próximo viernes, Catalá presentaría ante el resto del Gobierno la reforma de las tasas.

Las maniobras de Lesmes

La reforma de Catalá propondrá la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer –a semejanza de un hospital, con el fin de prestar los mismos servicios a las mujeres maltratadas y para evitar tener que reformar el mapa judicial de España-, además de la especialización de determinados órganos judiciales. También introducirá algunas medidas de apoyo judicial.

Ahora bien, a esta nueva reforma de Catalá le ha salido por detrás un agente activo: Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Lesmes presiona estos días en los aledaños del Gobierno con el fin de lograr una nueva modificación del texto en lo referente al CGPJ para acompasar este órgano a su estilo de gobierno, según fuentes jurídicas. En concreto, quiere ampliar el número de componentes de la poderosa Comisión Permanente del órgano constitucional.

La reforma del PP concibió un CGPJ gobernado por la Permanente, donde sus integrantes son los únicos cinco vocales que tienen dedicación exclusiva, mientras que los otros 15 sólo acuden al Pleno que, además, han de compatibilizarlo con sus trabajos.

En su preámbulo, la reforma proclama que los componentes de la Permanente cambiarán una vez al año para rotar a los vocales. Pero Lesmes no quiere cambiarlos y, en su lugar, pretende ampliar de cinco a siete sus miembros con el fin de dar respuesta a las críticas.
Curiosamente, Lesmes fue el principal impulsor de la reforma del PP que cercenó las competencias de este órgano constitucional y fue el creador de esa poderosa Permanente que ahora quiere modificar.

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