'Ahora sí que parece que no hay vuelta atrás, que es inminente y que, al menos de entrada, hay que prepararse para lo peor'. Con esta crudeza se explica un destacado dirigente del socialismo catalán al asumir que María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), ha dado un paso al frente al convocar para la semana que viene pleno para, si es necesario, emitir una sentencia votada artículo por artículo. Como sea, pero emitir sentencia sobre un Estatut del que ayer se cumplieron cuatro años de su aprobación en referéndum después de ser votado por las Cortes.

Los partidos catalanes estudian con precaución y ansiedad lo que pueda hacer en los próximos días el alto tribunal, al que un conseller del Govern ve 'picado en el orgullo' después de que se le haya pedido declararse incompetente o haber forzado aún sin éxito su renovación al estar cuatro de sus 11 jueces fuera de mandato.

La fecha más probable para las elecciones es el 28 de noviembre

Lo que decidan los magistrados lo condicionará todo. Los discursos de los líderes y también la fecha de las elecciones, que Montilla guarda bajo llave. Casas asumió (como marcan los cánones y había garantizado el Gobierno a través del ministro de Justicia) que no habría en periodo electoral formal una sentencia que marcará un antes y un después para el autogobierno y, por lo tanto para la política catalana.

Y Montilla y Artur Mas, líder de CiU, urdieron a partir de ello una estrategia de frente común que pasaba por pedir renovar el TC, declararlo incompetente y reformar su ley. En el fondo, para impedir un fallo antes de elecciones.

El escenario de una sentencia antes de los comicios beneficia al PP y a ERC. Los primeros, promotores del principal recurso que estudia el TC, porque pasarán página de un asunto que les dificultará formar parte del juego de pactos. Los segundos hace tiempo que suspiran por una sentencia que ratifique la 'inviabilidad' del marco autonómico español para satisfacer los anhelos nacionales de Catalunya.

El Govern quiere alejar las urnas de la huelga general y de la visita del Papa

El PSC y CiU, que apuestan por el encaje de una Catalunya singular en una España plural, buscaban frenar al TC. Y Montilla valoró para ello adelantar unas semanas las elecciones. Según diversas fuentes, meditó llevarlas a septiembre. Entre el momento en que el president firme el decreto convocando y aquel en que los catalanes voten deben pasar de 40 a 60 días, por lo que Montilla se planteaba hacerlo a mediados de julio para votar el 19 de septiembre.

Según un alto dirigente del Tripartito, el 'caldo de cultivo' de los últimos meses, con frentes políticos, editoriales conjuntos o consultas soberanistas como las que se celebrarán mañana mismo, ha provocado que la sentencia sea 'inasumible de entrada' además de un 'bodrio jurídico' difícil de valorar en conjunto.

Y con una sentencia del TC en el horizonte cercano gana enteros llevar las elecciones a finales de octubre o noviembre (la legislatura acaba el día 1 de ese mes). En el primer caso se trataría, explican fuentes próximas al president, de separarlas de la huelga general del 29 de septiembre. Y, en el segundo, de distanciarlas de la visita del Papa a Barcelona el 7 de noviembre, una imagen de impacto que, señalan en el PSC, Montilla quiere protagonizar.

La sentencia sólo es deseada por ERC y el PP; PSC y CiU temen sus efectos

Un conseller del Govern consultado por este periódico asume el 28 de noviembre como fecha más propicia pese a que un dirigente ecosocialista recuerda que los datos de paro serán peores entonces que en octubre por el efecto estacional de la campaña de verano.

En el intento de frenar al tribunal, ICV reclamó ayer al único magistrado catalán, Eugeni Gay, a quien en su día promovió el PSOE, que presente su dimisión y que, como un acto de responsabilidad hacia Catalunya, no vote la sentencia artículo por artículo.