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Catalunya La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel a los CDR que se encadenaron en el TSJCat

El Ministerio Público acusa a once de los detenidos por esta protesta de un delito de desórdenes públicos. También, solicita un año de cárcel para otros dos, por desobediencia y resistencia a la autoridad.

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Los mossos cargan contra un centenar de personas encadenadas al TSJCat. EFE/Quique García

El fiscal pide dos años y medio de cárcel para once miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que el 23 de febrero de 2017 bloquearon los accesos al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), algunos encadenándose, para exigir la libertad de los políticos presos.

En su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide dos años y medio de cárcel por un delito de desórdenes públicos para once de los detenidos por esta protesta, así como un año de prisión para otros dos, por desobediencia y resistencia a la autoridad por supuestamente enfrentarse a los Mossos d'Esquadra que trataban de reabrir los accesos al edificio del TSJCat, en el paso de Lluís Companys de Barcelona.

Coincidiendo con el 37 aniversario del intento de golpe de Estado, un centenar de activistas se concentraron el 23 de febrero de 2017 a las puertas del TSJCat e impidieron la entrada al edificio durante una hora, en un acto convocado por los CDR y otras entidades independentistas, como CUP, Arran, Alerta Solidaria y SEPC, para exigir la libertad de los políticos que estaban en prisión preventiva por la causa del 1-O.

Algunos de los concentrados se encadenaron a la puerta del edificio del TSJCat, mientras otros se apostaban en la escalinata de acceso al alto tribunal catalán, en actitud de resistencia pacífica, para impedir la entrada, de forma que la puerta estuvo bloqueada durante cerca de una hora, hasta que fueron desalojados por los Mossos d'Esquadra, que arrestó a catorce de ellos.

De los catorce detenidos, uno quedó en libertad al ser menor y los otros trece son los que ahora irán a juicio, en el que la Fiscalía pide para once de ellos dos años y medio de prisión por desórdenes públicos y para otros dos un año de cárcel por resistencia grave a la autoridad.