El Gobierno no se plantea la aplicación del artículo 155 de la Constitución a raíz de las resoluciones aprobadas este jueves en el Parlament de Catalunya sobre la amnistía de los políticos encarcelados y la salida de la Guardia Civil del territorio, pero no descarta emplearlo "si se dieran las circunstancias". Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que no tiene cabida el 155 porque las resoluciones de la Cámara territorial "no tienen fuerza de ley".

El Ejecutivo seguirá adelante con el proceso de impugnación de las resoluciones, para lo que necesita un informe preceptivo por parte del Consejo de Estado. Una vez se emita el informe, el Gobierno lo remitirá a la Abogacía del Estado para estudiar la fórmula de impugnación. "Este Gobierno no está dispuesto a permitir ningún ataque al Estatut ni a la Constitución. Nuestra posición sigue siendo la de la convivencia, el respeto y el diálogo, pero defenderemos la aplicación de la ley frente a quienes quieran recorrer el camino del desorden y de la posible violencia", ha insistido la portavoz.

A juicio de Celaá, las resoluciones aprobadas en el Parlament "van por el camino de tensionar una determinada situación", pero el Gobierno debe tener "prudencia" y no "adelantar acontecimientos". "No hay que extralimitar las situaciones ni las respuestas que se dan a estas situaciones. Las tres proposiciones no de ley (aprobadas por la Cámara catalana) no son las leyes de septiembre (las que precedieron al 1-O)", ha insistido la portavoz.

Celaá se ha mostrado muy dura con el president de la Generalitat, Quim Torra, al que el Gobierno acusa de no mostrar contundencia ante una "potencial violencia", en referencia a la detención de siete miembros de los CDR acusados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional detener explosivos y planes de cometer atentados.

"Exigimos una actitud por parte del president mucho más exigente con respecto a una potencial violencia. Hay siete ciudadanos detenidos acusados de presuntos delitos de terrorismo muy graves. Lo que espera la ciudadanía catalana y española del president es la condena de cualquier posible o potencial violencia", ha insistido la portavoz del Ejecutivo que, no obstante, también ha hecho un llamamiento a la prudencia respecto a las decisiones que el Gobierno pueda tomar hacia Torra.

Celaá ha precisado que, aunque la actitud del president de la Generalitat le parece "grave", "estamos hablando de declaraciones" y que, por lo tanto, tampoco habría lugar en esta situación para estudiar la posible aplicación del 155.