El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rechazado este viernes que "de momento"  el Gobierno vaya a recurrir al Tribunal Constitucional la resolución aprobada este jueves por el Parlament en el que se reivindica la presidencia de Carles Puigdemont de Cataluña, porque existe reiterada jurisprudencia que señala que no se puede impugnar las declaraciones "políticas" o "de voluntades".

Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que la Abogacía del Estado hace una "labor de informe, de análisis de los actos o disposiciones" que se adoptan, en este caso, en la cámara parlamentaria de Cataluña y estudian si éstas "generan algún tipo de alteración o violación del marco normativo, de la Constitución, del Estatuto de Autonomía o de las sentencias del Tribunal Constitucional".

"En este momento, al menos, la Abogacía General del Estado no ha hecho un informe que diga que lo que se aprobó tenga algún rasgo de ilegalidad y afecte a terceros", ha precisado y añadido que el Gobierno de Mariano Rajoy no se encuentra en una "impugnación permanente". "Esta de ayer no tiene ese carácter de momento", ha señalado Catalá.

El titular de Justicia ha recalcado que hay "reiterada jurisprudencia" que señala que una declaración de voluntad, una declaración política que no tienen efectos frente a terceros, sin consecuencias jurídicas, que se quedan en el plano estrictamente de la declaración política de la voluntad "no es susceptible de impugnación de la vía judicial y en ese campo nos estamos moviendo en este momento".

"ATENTA" AL PARLAMENT

Aún así, el ministro ha advertido que la Abogacía General del Estado está "atenta a las medidas y decisiones" que se adopten por el Parlament, porque si alguna infringe la ley o resoluciones dictadas por los tribunales, "lógicamente procederíamos a actuar en consecuencia". 

El Parlament aprobó este jueves con los votos de JxCat, ERC y la CUP una resolución en la que se reivindica la presidencia de Carles Puigdemont pero evita ratificar la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña, del pasado 27 de octubre, tal y como interesó la CUP.

Los 'cupaires' habían presentado una enmienda, que fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament, a la resolución que finalmente se aprobó, que pedía que la Cámara ratificara la DUI. El texto definitivo no incluye esta petición de la CUP, ya que llegaron a un acuerdo con el partido de Carles Puigdemont para aprobar un texto diferente y rebajado.

Esta resolución exige que "cesen las injerencias del Gobierno del Estado ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional", y reivindica que la voluntad de los catalanes fue legítimamente expresada en el referéndum del 1 de octubre de 2017. 

Los letrados advirtieron contra esta parte del texto que se defiende como legítimo un referéndum que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. Aún así, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, y la mayoría independentista de la Mesa decidieron seguir adelante y aprobar la resolución.