BARCELONA.- Un estudio de la Fundació Josep Irla de ERC calcula que Catalunya, en el supuesto de que se independizara, debería quedarse como máximo con 85.000 millones de euros de los pasivos -deuda- del Estado español.

El informe, titulado Reparto de activos y pasivos entre Cataluña y el Estado español, ha sido presentado este miércoles en la sede de ERC y ha sido elaborado por los economistas Jordi Angusto y Gemma Pons y el ingeniero Marcel Coderch.

El estudio utiliza el método de traspaso simultáneo de activos -los bienes- y pasivos -la deuda-, con el que se calcula el total de activos del Estado en Catalunya, que estiman en 58.000 millones de euros, y aplican la misma proporción para obtener el pasivo.

Con este sistema, Catalunya asumiría una horquilla entre los 29.000 millones de euros mínimos, que "no son discutibles", hasta los 85.000 millones de euros, que sería el máximo, según Angusto.

Angusto ha admitido que asumir entre 29.000 y 85.000 millones de euros sería "tremendamente ventajoso" para Catalunya

Estas cifras serían, en todo caso, inferiores si en lugar de aplicar el mismo porcentaje de activos y pasivos el cálculo se hiciera según la parte de PIB que representa Catalunya en el conjunto de España.

Con este segundo sistema, los pasivos de España a asumir por parte de un hipotético Estado catalán ascenderían a unos 200.000 millones de euros.

"Tremendamente ventajoso"

En este sentido, Angusto ha admitido que asumir entre 29.000 y 85.000 millones de euros sería "tremendamente ventajoso" para Catalunya en caso de independencia porque sería menos de la mitad que los de 200.000 millones de euros.

Angusto ha admitido que con toda probabilidad el Gobierno central, en una eventual negociación, empezaría por demandar el método "más caro para Catalunya", que sería según el PIB, por lo que abogaría por una "imprescindible mediación internacional", hecha "de buena fe y para el buen fin" de las dos partes.

El economista ha defendido que su método de traspaso simultáneo de activos y pasivos es "el más objetivo" y ha recordado que fue el que se adoptó en Québec en 1995 ante el referendo independentista, en el que finalmente ganó el 'no' a la secesión y no tuvo que ser aplicado.