El líder de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez solicitará su inmediata puesta en libertad al juez del Supremo Pablo Llarena en el caso de que el Parlamento catalán lo designe candidato a presidente de la Generalitat y para poder acudir a su propia investidura, según fuentes de su defensa.

En caso de que el magistrado no autorice su excarcelación, Sànchez quiere ejercer la presidencia de la Generalitat desde la prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra encarcelado, indican las mismas fuentes.

Jordi Sànchez se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, investigado por el supuesto delito de sedición, lo que permitiría su investidura si sale adelante el pacto entre Junst per Catalunya y ERC que ahora se ultima.

La convocatoria del pleno de investidura de Sànchez está previsto que se produzca en las próximas 48 horas, después de que Carles Puigdemont –el cabeza de lista de Junst per Catalunya huido a Bélgica- y ERC hayan alcanzado un acuerdo con el líder soberanista para que sea el próximo presidente de la Generalitat.

La defensa de Sànchez, que ejerce el abogado Jordi Pina, presentará un escrito ante el magistrado Llarena para solicitar su inmediata libertad, acudir a su investidura y ejercer como presidente de la Generalitat.

En el caso de que el juez rechace su excarcelación, Sànchez recurrirá esta decisión y pedirá a Llarena que aclare cómo puede ser investido, ya que ningún artículo del Código Penal le impide ejercer este derecho.

“Es muy difícil que Pablo Llarena cambie la línea seguida hasta ahora en la causa”, explican en fuentes jurídicas. “¿A qué viene designar como presidente a un preso preventivo, cuando saben que la Sala de Apelaciones del Supremo ha confirmado su criterio de mantenerlo en prisión?”, se preguntan las mismas fuentes al tiempo que concluyen: “Es una elección destinada a redoblar la idea de que se considera un preso político”.

El criterio seguido hasta ahora por el juez Llarena -confirmado por la Sala de Apelaciones del alto tribunal- es rechazar la excarcelación de Sànchez por el riesgo de reiteración delictiva. El juez Llarena denegó su salida de prisión para acudir a los mítines electorales como número dos de la lista de Puigdemont por su “marcada determinación” de conseguir sus objetivos con el impulso de movilizaciones multidinarias que en el otoño de 2017 favorecieron “un estallido social” donde se asumió el riesgo “de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado”.

"Pura provocación" 

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que Llarena no excarcelará a Sánchez, pero tampoco le autorizará a salir de la cárcel para acudir a su investidura, y después para designar a sus consejeros o presidir sesiones del Govern. “Habría constantes problemas de orden público, con miles de personas en la calle impidiendo que la guardia civil lo llevara de nuevo a la cárcel. Sànchez ya estaba en prisión cuando se confeccionó la lista electoral, de tal manera que tienen una lista completa para designar candidatos, y han ido a elegir al preso preventivo”, indican.

“Es pura provocación, una más en la dinámica de confrontación contra el Estado que impulsa Puigdemont”, explican otras fuentes jurídicas consultadas por Público. “Tiene la misma viabilidad que si designaran al propio Puigdemont como candidato”.

“Es un reto al juez del Supremo, porque un juez instructor no va a ceder si considera que una persona debe estar en prisión preventiva. Y sería absurdo que Sànchez ejerciera la presidencia desde la cárcel”, añaden las mismas fuentes judiciales. 

Riesgo de inhabilitación 

El juez Llarena avanza la investigación hacia el delito de rebelión, de tal manera que Sànchez podría ser procesado por este delito –ahora está por sedición- cuando el magistrado dicte el auto de procesamiento, previsiblemente en marzo.

De ser así, Sànchez quedaría inhabilitado cuando este auto de procesamiento sea firme en abril. El Código Penal establece que las personas procesadas por rebeldes serán inhabilitadas para ejercer cargo público alguno si han estado en prisión o permanecen encarceladas (artículo 384 bis).

Según la investigación de Llarena, el ‘procés’ requería de la participación de la sociedad civil para poner al Estado contra las cuerdas y llevar adelante una presión tumultuaria. A este respecto, el magistrado ha destacado en varias resoluciones que la asociación presidida por Sànchez –ANC-, así como Òmnium Cultural formaron parte esencial del supuesto delito de rebelión.

La defensa de Sànchez pretende abrir una brecha en el Supremo: si permite Llarena una investidura telemática, Carles Puigdemont podría argumentar que tiene el mismo derecho que Sànchez; si el juez opta por la delegación del voto o que su discurso sea leído por un tercero, la defensa solicitará el amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo último de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la supuesta vulneración de derechos fundamentales.

Llarena investiga la causa abierta por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en el ‘procés’ independentista que arrancó en 2015 y culminó con el referéndum independentista del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, ambos prohibidos por el Tribunal Constitucional.