BARCELONA. Entidades soberanistas y organizaciones sindicales y sociales quieren hacer una demostración de fuerza ciudadana para proteger las leyes sociales emanadas del Parlament y recurridas durante los últimos meses por el gobierno en funciones del PP. Más de 40 entidades sociales, sindicales, culturales y nacionalistas convocan este domingo una gran movilización en las calles de Barcelona, a partir de las 12hs en Plaza Urquinaona, bajo el lema “Los derechos no se suspenden: trabajo digno, derechos sociales y democracia real”. Además de las organizaciones civiles, partidos políticos de toda la izquierda catalana participarán en la marcha. A diferencia de la última protesta convocada por la CUP para desobedecer al Gobierno central, en ésta sí participarán miembros de CDC.

El último recurso presentado por el Tribunal Constitucional (TC) contra cinco artículos de la Ley catalana 24/2015 antidesahucios y de pobreza energética, aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya, ha accionado la alarma social. Si bien Catalunya ha sido escenario de las más multitudinarias movilizaciones nacionalistas durante los últimos años, parece que ahora el reclamo social toma protagonismo de las marchas civiles y se une a la demanda nacionalista. Éstas son las claves de la que se prevé una histórica protesta:

¿Quiénes convocan?

Los impulsores de la movilización social son representantes del mundo sindical, vecinal y social catalán. Entre ellos, destacan Camil Ros, secretario general de la UGT Catalunya; Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO; Jordi Giró, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya (Confav); Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural y Diosdado Toledano, impulsor de la campaña por la Renta Garantizada Ciudadana.

Además, cerca de una cincuentena de entidades sociales, culturales, sindicales y nacionalistas se han sumado a la convocatoria; entre las que se incluyen organizaciones con finalidades dispares como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), de tinte independentista, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en defensa de la vivienda.

¿Qué partidos políticos la respaldan?

Como ocurre en la mayoría de marchas en defensa de los derechos sociales, los partidos de la izquierda como ERC, CUP, PSC, ICV-EUiA, BComú y las confluencias catalanas de Podemos (Catsíquespot y En Comú Podem) participarán en la movilización.

Como novedad respecto a anteriores protestas contra el Gobierno central o en defensa de los derechos sociales de los colectivos más vulnerables, en esta ocasión el partido de gobierno catalán CDC ha confirmado su presencia. Neus Munté, Josep Rull, Jordi Turull y Carles Campuzano, todos miembros de la Ejecutiva nacional del partido, encabezarán la marcha.

¿Por qué se protesta?

La movilización se organiza para defender las leyes sociales emanadas del Parlament y recurridas por el Gobierno del PP ante el Constitucional en estos últimos meses al considerar que se invaden competencias del Estado y se perjudica la igualdad entre todos los españoles. Si bien no es la primera vez que se recurren leyes por medio del artículo 161.2 de la Constitución, a partir del pasado mes de abril el Ejecutivo central lo ha invocado en varias ocasiones para limitar el despliegue de medidas sociales en Catalunya.

En particular, se protesta contra los recursos presentados por el TC contra la Ley de emergencia habitacional y energética catalana (Ley 24/2015) y la Ley de igualdad entre hombres y mujeres. Aun así, el reclamo se hace extensible a todas aquellas leyes catalanas impugnadas por el PP a lo largo del año, como la ley que grava las viviendas vacías o la relacionada con la actividad de los gobiernos locales.

¿Cuál es la principal causa?

El recurso admitido contra la Ley de emergencial social 24/2015 ha sido el detonante de la protesta por ser una norma surgida de los movimientos sociales para parar los desahucios y evitar los cortes de suministros a las familias más vulnerables. Los artículos recurridos por el Gobierno central afectan a la obligación de los grandes propietarios de ofrecer una alternativa de vivienda antes de ejecutar el desalojo y de ceder los pisos vacíos a las administraciones para aumentar el parque de vivienda social. Gracias a la aplicación de esta ley, en ciudades como Barcelona se ha sancionado a los grandes propietarios que no ofrecían una alternativa habitacional antes de desahuciar.

El Gobierno del PP ha utilizado el mismo procedimiento con las leyes de vivienda impulsadas en Andalucía, Navarra, Canarias y Euskadi.

¿Qué se reclama?

Los convocantes exigen la aplicación completa de las leyes de emergencia habitacional y de igualdad catalanas, así como de todas las otras normas que estén encaminadas a proteger los derechos sociales. Para ello, demandan que el Gobierno central deje de vaciar competencias a la Generalitat de Catalunya, sobre todo las que se propongan combatir la pobreza y la desigualdad social.

Los reclamos incluyen derogar la reforma laboral y la Lomce, aprobar la propuesta de ley de la Renta Garantizada Ciudadana (ya en trámite parlamentario), proteger la igualdad de género, el derecho a la vivienda, a la salud pública, al trabajo digno, a una educación pública y el derecho de las personas consumidoras.