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El CGPJ no iniciará acciones disciplinarias contra el presidente de la Audiencia Nacional por sus mensajes en 'Kitchen'

La Comisión Permanente rechaza iniciar diligencias disciplinarias contra José Ramón Navarro por sus 'whatsapp' con el ex número dos de Interior, en los que este le pedía información sobre la causa y llegaron a cenar para "hablar tranquilamente".

Navarro (d), a su llegada al acto de toma de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, en la sede del Tribunal Constitucional, a 18 de noviembre de 2021
El presidente Audiencia Nacional, José Ramón Navarro (d), a su llegada al acto de toma de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, en la sede del Tribunal Constitucional, a 18 de noviembre de 2021. Alejandro Martínez Vélez / EUROPA PRESS

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado en su pleno de este jueves iniciar un expediente disciplinario contra José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, por haber mantenido durante más de un año conversaciones con Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Rajoy, quien le solicitó información sobre la investigación del caso Kitchen, en el que ha acabado siendo procesado. 

Durante el año 2019 y parte de 2020, cuando Martínez ya estaba imputado, el ex secretario de Estado de Seguridad le pedía constantemente información a Navarro, y este jamás le contestó que no podía dársela, sino que le daba largas y le prometía enterarse. 

Sin embargo, sí que llegaron a verse en persona, como desveló Público. "Como siempre, cualquier consejo que me sirva para estar preparado para lo que se avecine te lo agradeceré infinito", escribía Martínez a Navarro el 22 de marzo de 2019. A lo que su amigo le contestaba una hora después: "A ver si la semana que viene venís casa a cenar algo el día que os venga bien y hablamos tranquilamente!" 

En efecto, todo apunta en los 'whatsapp' aportados al sumario de Kitchen a que la cena se produjo el día 27 de marzo. 

Pero el CGPJ ha acordado que el asunto correspondería al ámbito jurisdiccional, en todo caso, y no al disciplinario, funciones que tiene encomendadas el Consejo. Las faltas disciplinarias cometidas por los jueces prescriben a los dos años. Una parte de la Comisión Permanente entiende que el caso está prescrito a efectos del CGPJ. 

Otros vocales, en cambio, sí que consideraban que el asunto había que abordarlo ante la gravedad de los hechos, pero el pleno ha incidido en que la información que ha trascendido "no es pública", sino que forma parte de la investigación judicial, por lo que no se ha podido contrastar. 

Finalmente la Comisión Permanente ha considerado que no cabe iniciar ninguna acción disciplinaria contra Navarro, quien fue revalidado en su cargo en el mismo momento en el que se mensajeaba con Martínez. Este le reconocía que "tengo muy poca ayuda, salvo la tuya y de algún otro". 

"A la vista de las informaciones habidas en relación con las actuaciones practicadas, en la pieza separada 96/2017, por parte del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, y teniendo presente que no se ha presentado ante este Consejo denuncia, queja o solicitud alguna, la Comisión Permanente considera, a la vista únicamente de la información periodística de la que se ha tenido conocimiento, que nos encontraríamos ante una cuestión jurisdiccional, reservada para las partes, sobre la que este órgano constitucional carece de atribución alguna", la comunicado el CGPJ.

Hay que destacar que el magistrado instructor Manuel García Castellón ha mantenido fuera del acceso a las partes personadas en Kitchen estos 'whastapp' durante tres años, cuando una posible acción disciplinaria contra el presidente de la Audiencia Nacional era ya inviable por su prescripción. 

En este sentido, el letrado Javier Vasallo, abogado de Sergio Ríos, el exchófer de Luis Bárcenas, procesado en la causa, ha presentado dos querellas, según ha confirmado a este diario: una contra Navarro, por revelación de secretos y cohecho, por las conversaciones; y otra contra los fiscales anticorrupción que han participado en la instrucción por haber mantenido durante tres años estos mensajes "ocultos".

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