El juicio al procés en el Tribunal Supremo casi tiene fecha cerrada, y los 12 acusados y sus defensas apuran el plazo hasta la semana del 5 de febrero y los días que le seguirán. Es entonces -el Alto Tribunal aún no concreta más- cuando se prevé el arranque de esta macrocausa, cuya sentencia no se espera hasta verano, y que se desarrollará a escasas semanas de las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo. El procés lo impregna todo, y su influencia será enorme en todos los frentes.

La recta final de la causa llega cuando los dos partidos independentistas con dirigentes o exdirigentes en el banquillo de los acusados se ven cortejados por el Gobierno de Pedro Sánchez para que respalden los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Sus votos en el Congreso de los Diputados son fundamentales para su aprobación, y este viernes tanto PDeCAT como ERC han concertado sendos encuentros con la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, para intentar dar nuevos pasos. Los focos de la política están, también, sobre sus cabezas.

Además, el juicio llega tras el nuevo aumento de tensión en las relaciones entre ERC y JxCat, el nombre de la candidatura con la que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont concurrió a las elecciones catalanas de diciembre de 2017, -donde se integraba el PDeCAT-. Esta semana, Puigdemont presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC) y la Mesa de la Cámara de retirarle el voto como diputado, tras verse suspendido de esta condición por el juez del Supremo Pablo Llarena, instructor del procés.

Y, aunque las distintas facciones independentistas suelen cuidarse de airear sus diferencias en público, sí disparan reproches en conversaciones informales. Fuera de cámara ofrecen muy distintos relatos sobre lo ocurrido, o sobre el sentido de este recurso. Por discrepar, JxCat incluso insistió en que Torrent estaba informado de la presentación de este recurso y de los términos en los que aludía a su persona, mientras desde ERC aseguraban exactamente lo contrario.

Todo, a escasos días de la presentación de la Crida, el nuevo partido político con  el que el expresident, cuya figura se ha ido desdibujando mediática y políticamente desde su huida a Waterloo, aspira a liderar el espacio político independentista. A este respecto, una de las voces más claras de su partido, el portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, afirmó en diciembre que si la Crida se materializa finalmente en un nuevo partido al uso "no aportará nada nuevo".

Por si fuera poco, en octubre los partidos independentistas perdieron la mayoría absoluta en el Parlament. Por una parte, esto obedece a la suspensión de diputados por parte del Supremo; por otra, a la decisión de la CUP de retirar su apoyo al Govern.

El único vestigio de reacción positiva por parte de ERC a las nuevas del PDeCAT esta semana llegó el miércoles, después de conocerse la candidatura a la Alcaldía de Barcelona del exconseller Joaquim Forn, en prisión provisional, bajo las siglas de JxCAT. Su homólogo en Esquerra, Ernest Maragall, ha celebrado este anuncio, y le ha ofrecido "unidad estratégica" y "de acción" tras las elecciones de mayo.

La esfera política y la judicial se mezclan; ambas se retroalimentarán en las próximas semanas, mientras el juicio será retransmitido en directo. Antes y durante, se espera que los partidos y organizaciones sociales independentistas escenifiquen un nuevo cierre de filas en forma de concentraciones y acciones de apoyo a los dirigentes presos. 

Distintas estrategias de defensa, similares denuncias y mismo rechazo a Vox

Por otro lado, a escasos días del traslado de los 9 dirigentes independentistas que hoy permanecen en prisión provisional, se sabe que todos los hombres serán llevados a la cárcel de Soto del Real, y las mujeres a Alcalá-Meco, tal y como han trasladado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.

En un auto dado a conocer esta semana, el Supremo rechazó el último recurso de los dirigentes independentistas catalanes acusados de rebelión para ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y se reafirmó en su decisión de partir en dos la causa: los seis procesados por desobediencia sí serán juzgados en Catalunya (aún sin fecha).

Los escritos de las respectivas defensas de los 12 acusados a los que juzgará el Alto Tribunal, conocidos durante la semana pasada, evidencian también las diferencias de estrategia entre sus equipos legales. En esencia, reconocen que no hay una estrategia común como tal, ya que cada uno de sus casos es distinto, 
si bien coinciden en denunciar la supuesta vulneración de sus derechos. Todos insisten en que los pasos de sus respectivas defensas no deben obstaculizar en forma alguna las estrategias de sus compañeros de banquillo, y especialmente en que no se les puede imputar violencia. 

En esta cuestión difieren, precisamente, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La primera sostiene que sí hubo violencia, la segunda lo niega -tras cambiar de criterio por indicación del nuevo Gobierno-. Y, a su vez, la acusación particular que ejerce el partido ultraderechista VOX rompe todos los baremos: pide una pena de hasta 74 años de cárcel para los principales acusados, frente a los 25 años que reclama el Ministerio Público para Oriol Junqueras, líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat.

Y esto es, precisamente, uno de los puntos donde todas las defensas vuelven a actuar a una: el partido ultraderechista que quiere ilegalizar las formaciones independentistas, que además defiende suspender la autonomía catalana -ambas medidas constan en su programa-, quiere servirse del juicio como altavoz para hacer campaña electoral