La actividad política en las últimas semanas se desarrolla de forma vertiginosa en los pasillos y dependencias del Congreso de los Diputados, pero prácticamente se concentra en torno a las negociaciones que deben desembocar en el debate de investidura del candidato propuesto por el jefe del Estado, el socialista Pedro Sánchez, para el puesto de presidente del Gobierno a partir del día 2 de marzo.

Pero, al margen de esa llamativa dinámica que se refleja diariamente en los medios de comunicación, la actividad parlamentaria 'normal' de los diputados y de los diversos grupos está tomando ya una velocidad casi de crucero. En contra de lo que pudiera pensarse, el trabajo parlamentario no está paralizado. Al menos en lo que respecta a los diputados y grupos parlamentarios.

En estos momentos, cuando la Cámara baja lleva poco más de cinco semanas constituida hay casi 400 iniciativas parlamentarias de todo tipo registradas y calificadas por la Mesa de la institución. “Es un ritmo similar al de otras legislaturas anteriores”, explican a Público fuentes parlamentarias.

Ahora bien, ciertamente esa actividad parlamentaria 'habitual' se está generando en medio de una situación totalmente desconocida hasta ahora en el ámbito político y parlamentario tras el resultado que ofrecieron las urnas el pasado 20 de diciembre: un hemiciclo sin mayorías definidas y con la irrupción con fuerza de dos formaciones políticas nuevas. Y con otra peculiaridad: no se sabe en qué momento habrá un presidente del Gobierno investido al frente de un Ejecutivo con plenas facultades.

El caso es que hay 89 preguntas formuladas por numerosos diputados que esperan una respuesta por escrito por parte del Gobierno. Pero es un Gobierno que está en funciones desde el mismo día de las elecciones generales. ¿Le toca contestarlas en esa situación?

El Ejecutivo de Rajoy considera, lisa y llanamente, que no. “El criterio del Gobierno lo estableció ya la vicepresidenta Sáenz de Santamaría el pasado día 5 tras la reunión del Consejo de Ministros. Es verdad que es una situación si precedentes, pero se ha tomado la decisión de no contestar las preguntas remitidas por los parlamentarios por entender que el Gobierno en funciones no está sometido al control de las cámaras”, señala a Público un portavoz de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

Las preguntas planteadas por los diputados, una vez calificadas por la Mesa, deben ser respondidas por el Gobierno en el plazo de 20 días y si no es así, tras recabar el amparo de la Mesa, el diputado puede transformarla en una pregunta oral en la comisión parlamentaria correspondiente.

“De momento todas las preguntas están en plazo —las primeras fueron tramitadas por la Mesa en su reunión del pasado día 2—, pero no se responderán. En anteriores legislaturas, en las semanas de transición la Mesa suspendía los plazos, pero ahora no lo ha hecho. Hay un conflicto, es cierto”, añade la citada fuente de Moncloa.

Solicitudes de informes

Una similar suerte corren las 17 solicitudes de informes a diversas instancias de la Administración del Estado pedidos por otros tantos diputados de diversos grupos parlamentarios, salvo el PP. Este Gobierno no piensa remitirlos a la cámara; además, en este trámite no hay plazos marcados. En consecuencia, en su relación con el Congreso de los Diputados los departamentos ministeriales “en funciones” no tienen de qué preocuparse, ni tampoco en qué ocuparse.

Porque es que, además, los diferentes grupos parlamentarios —en este caso también sin contar el PP— han registrado 49 peticiones de comparecencia de ministros y altos cargos del Estado, tanto ante el pleno de la cámara como ante las diferencias comisiones parlamentarias.- Pues bien, el criterio del Ejecutivo “en funciones” de Rajoy es el mismo: no acudirá nadie.

El primero en negarse fue el propio presidente para recoger el sentir del hemiciclo sobre la posición de España ante el decisivo Consejo Europeo de los días 18 y 19 pasados. Acudió Margallo “a petición propia” bajo el modelo de “sesión informativa” un día antes de la cumbre de Bruselas.

Esas iniciativas no son las únicas que están en el “dique seco”. Los grupos parlamentarios han registrado un total de 173 proposiciones, conocidas en el argot parlamentario como PNL, para debatir otras tantas cuestiones en el pleno (80) y en las diferentes comisiones (otras 93). Pues bien, de momento están en los cajones ya que de momento no se sabe qué plenos se celebrarán, a parte del de investidura del candidato Sánchez, ni en qué momento echarán a andar las comisiones.

En cualquier caso, las PNL, en caso de aprobarse, “instan” al Gobierno de turno a que ejecuten aquello que plantean; se trata de una obligación política, no jurídica. No son pocos quienes se preguntan qué sentido tiene debatir estas PNL si el actual Gobierno en funciones no va a hacer el más mínimo caso al no sentirse obligado a ello. Otros, en cambio, sostienen que sí, sobre todo para no crear un vacío en el control parlamentario, sobre todo si no se logra una investidura el día 5 de marzo.

Otras iniciativas

Hay más iniciativas que se encuentran en el limbo. Por ejemplo, 9 proposiciones de ley presentadas por los grupos socialista, un total de 8, y el de Podemos, con otra. Tres comunidades autónomas mantienen vivas otras tantas iniciativas legales, mientras que dos comunidades, canarias y la Comunitat Valenciana, tienen presentadas proyectos para reformar sus respectivos estatutos.

La Cámara baja, por otra parte, tiene en estos momentos pendientes de resolver la petición formulada por varios grupos parlamentarios, de creación de diez comisiones parlamentarias, algunas de ellas permanentes legislativas, aspecto que supone toda una novedad. También se encuentran esperando seis iniciativas legislativas populares (ILP) y la convalidación de un Real Decreto.

De momento, el diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias; Aina Visal, de Podemos; Marta Sorlí, de Compromís; Carlos Salvador, de UPN, y Carme Chacón, del PSOE, que empezaron a preguntar prácticamente al día siguiente de constituirse la cámara, deberán esperar. Pero que lo hagan cómodamente porque Rajoy no les va a contestar y de momento no se sabe a quien le va a corresponder cumplir lo que es una elemental obligación en una democracia parlamentaria.