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Vientres de alquiler Ciudadanos defiende que la regulación de los vientres de alquiler es una reivindicación del colectivo LGTBI

La formación 'naranja' registra en el Congreso su ley para regular esta práctica en medio de las reivindicaciones del Orgullo LGTBI y la presenta como una medida que amplía los derechos de este colectivo. Desde diversas organizaciones niegan que ésta sea una reivindicación del movimiento. En la pasada legislatura la formación 'naranja' ya presentó una ley similar que nunca se llegó a debatir.

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La responsable de Mujer y LGTBI de Ciudadanos Patricia Reyes y la portavoz adjunta del GPCS, Melisa Rodríguez, Melisa Rodríguez (d), registran, este miércoles en el Congreso, la ley de vientres de alquiler. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Ciudadanos ha registrado en el Congreso una ley para tratar de regular los vientres de alquiler —a la que denominan gestación subrogada— coincidiendo con la semana de celebración del Orgullo LGTBI. La fecha no es casual, ya que el partido presidido por Albert Rivera asegura que la iniciativa busca ampliar los derechos del colectivo gay. En la pasada legislatura la formación 'naranja' ya presentó una ley similar —a la que han añadido algunas modificaciones— que nunca se llegó a debatir en la Cámara Baja.

"Por parte de ciertas personas del colectivo es una reivindicación, hay parejas entre hombres homosexuales que no pueden ser padres de otra manera, que tienen muy complicado adoptar, las adopciones están prácticamente bloqueadas en nuestro país y las parejas homosexuales tienen muy difícil acceder a la adopción internacional. Hay muchísimos países cerrados y otros tantos no admiten la adopción de parejas homosexuales", ha defendido la diputada de Cs, Patricia Reyes.

Reyes ha invitado al resto de partidos representados en la Cámara a debatir sobre esta cuestión: "A mí me consta que en otros partidos hay gente que es partidaria de reflexionar o, al menos, de abrir este debate. Esta ley pretende avanzar en los derechos de las personas", ha asegurado.

Los 'naranjas' alegan que se trata de una ley para "todo tipo de familias": "Creemos en un modelo altruista, garantista y en el que la mujer tome esta decisión con total y absoluta libertad". Consideran que la no regulación conlleva "una serie de problemas" como "la inscripción de esos niños en el registro", que, además "crea además desigualdad entre españoles" porque aquellos "que se lo pueden permitir económicamente" sí tienen acceso a los vientres de alquiler.

"Pedimos una rectificación en el PSOE que está instalado en el prejuicio, y demandamos un debate con seriedad, con rigor… no insultando a muchas familias que están en este país. Los prejuicios no pueden suponer una barrera para el progreso. Si nos dejamos llevar por ellos no se hubiera aprobado el matrimonio homosexual… reflexionen y debatan con nosotros".

No es un derecho LGTBI

A pesar de lo que popularmente se cree y de lo que da a entender la propuesta de Ciudadanos, los vientres de alquiler no son mayoritariamente utilizados por personas gays. Si bien los datos no son fáciles de calcular, internacionalmente se considera que el 80% de las personas que recurren a esta práctica son heterosexuales y un 20% de ellas son gays.

Dentro del colectivo LGTBI existen distintas tendencias y posiciones, pero la defensa de la paternidad a través de los vientres de alquiler no es una reivindicación principal de este colectivo. Desde la Federación Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB) afirman a Público que no tienen una postura definida sobre el tema, puesto que están formados por distintas asociaciones con posiciones distintas, pero que no lo consideran un tema especifico de este colectivo.

Según Mané Fernández, vicepresidente de la FELGTB "en el último congreso de Federación, celebrado en 2018, por voto asambleario se tomó la decisión de que no tendríamos ningún tipo de posicionamiento con respecto a la gestación subrogada por no considerarlo un tema específico del colectivo LGTBI". Según este portavoz, por este motivo no entran a valorar si se trata o no de un derecho, pero resalta que "en el borrador de la ley de Estatal de Igualdad LGTBI, que es nuestra principal reivindicación, no está contemplada [la gestación subrogada] en ninguna parte del articulado".

Más rotundo ha sido Toño Abad, activista por los derechos humanos y LGTBI y director del Observatorio valenciano contra los delitos de odio, que recientemente afirmaba en un artículo publicado en el HuffingtonPost afirmaba que "la posibilidad de ser padres no es nuestra lucha". En declaraciones a Público ratificaba esta postura. "Ciudadanos propone regular la explotación de los derechos reproductivos de las mujeres", afirma este activista y resalta que esta formación política hace un uso "manipulador e instrumental" de la causa LGTBI. "Utilizan nuestro colectivo para visibilizar un negocio que en absoluto está relacionado con nuestra lucha y afirma que la paternidad nunca ha sido una demanda de este movimiento. "No se trata, pues, de nuestros derechos. Se trata de elevar un deseo a la categoría de derecho" y afirma que los derechos LGTBI "nunca se han construido pisoteando los derechos de otras personas". 

En la actualidad, la práctica de los vientres de alquiler está prohibida expresamente en nuestro país. La ley sobre técnicas de reproducción asistida aprobada en 2006, considera este tipo de prácticas como ilegales y nulos los contratos realizados en otros países en los que la gestación subrogada es legal. Sí existe un resquicio legal para inscribir a los niños nacidos por esta práctica en algunos países. Una instrucción emitida por la Dirección General de Registros y Notariados (perteneciente al ministerio de Justicia) en 2010 permite inscribir a los nacidos por este método en los consulados de países como Estados Unidos o Canadá, donde es necesario presentar una resolución judicial.

En otros países en los que esta vía no es posible, como es el caso de Ucrania, las puertas a la inscripción de los menores se han cerrado en febrero pasado, al derogar el Gobierno otra instrucción que permitía inscribir a los menores utilizando una prueba de ADN. Desde entonces, las personas que viajen a países del Este para tener hijos por este método, se enfrentan a serios problemas y largos procesos legales. 

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