MADRID.- Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, afirmó tras firmar el acuerdo de legislatura con Ciudadanos que en el pacto "no ha cedido nadie, hemos cedido los dos en interés de los españoles". Seguramente, una forma de justificar algunas renuncias, aunque el líder socialista mantiene que el acuerdo es "reformista y de progreso". Sánchez incluso ha llegado a decir: "Si hay quien considera que no es un acuerdo de izquierdas, que lo lean y me digan dónde no es de izquierdas". 

Para comprobarlo, no hay nada mejor que intentar comprender qué es lo que han acordado PSOE y Ciudadanos en torno a los siete ejes que según el propio Sánchez maneja el pacto: Economía, empleo, Educación, políticas sociales, medidas de regeneración democrática, política exterior y reforma de la Constitución.

En el ámbito laboral, uno de los que más dificultades de acuerdo entrañaba, PSOE y Ciudadanos han acordado reducir a tres los tipos de contrato, incluyendo un sucedáneo del contrato único que siempre ha defendido el partido de Albert Rivera: un nuevo tipo de contrato temporal "estable y progresivo" y que tendrá una indemnización creciente, que iría de 12 a 20 días por año trabajo en caso de despido procedente y de 20 a 33 días en caso de despido improcedente. Los otros dos contratos son el de formación y el indefinido. El contrato "estable y progresivo" estará limitado a dos años convirtiéndose automáticamente en indefinido a partir del tercer año en vigor. 

Por otra parte, los socialistas y Ciudadanos coinciden en la necesidad de negociar con los agentes sociales y en el plazo de un año crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores que modernice el marco normativo laboral español. El PSOE ya no habla de derogar la reforma laboral del PP, pero el pacto con Ciudadanos incluye muchos cambios de la actual normativa;  por ejemplo, los dos partidos abogan por "recuperar el equilibrio" de las relaciones laborales en el ámbito de la negociación colectiva. 

Además, el plan incluye un plan de choque contra el paro de larga duración, una Renta de Reintegración para parados sin prestaciones que se formen y que durará "todo el tiempo que sea necesario" y un Plan de Reintegración Laboral con cinco veces más presupuesto que el Prepara.

El acuerdo también prevé luchar contra la pobreza. Habla de poner en marcha un plan de emergencia social con dos grandes patas: la creación de un Ingreso Mínimo Vital "como prestación no contributiva para atender la situación de necesidad de las familias que carecen de todo ingreso económico"; y un complemento salarial garantizado y que según el documento, "tendrá naturaleza de crédito fiscal, que se prestará como prestación complementaria a los hogares con rentas más bajas".

Además, el acuerdo prevé dotar de recursos al Plan Integral de Inclusión Social y poner en marcha una estrategia de inclusión para las personas sin hogar.

En materia fiscal, PSOE y Ciudadanos han acordado crear un Impuesto a las grandes fortunas. También contempla no subir los impuestos a las rentas del trabajo y propone otras cosas: la reforma en profundidad" del impuesto de sociedades; reducir el IVA cultural al 10% y revisar la configuración de los impuestos especiales "para hacer de los mismos unos auténticos impuestos medioambientales". Asimismo, el documento establece que habrá una reforma del IRPF a medio plazo, "cuando la situación presupuestaria lo permita" que beneficie a las rentas del trabajo. Es quizá lo más llamativo junto al impulso de la lucha contra el fraude fiscal. 

El documento recoge medidas para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres y luchar contra la violencia de género, pero también garantiza el derecho al aborto. En cuanto a los permisos de maternidad y paternidad, el texto asegura que "se pondrá en marcha un incremento del permiso de maternidad y paternidad pasando de las 18 semanas actuales a 26. El permiso de maternidad intransferible se ampliará de 6 a 8 semanas. El permiso de paternidad será de 8 semanas intransferibles". La distribución de las 10 semanas restantes será opcional entre la madre y el padre.

En este apartado destaca el impulso a algunas leyes como una Ley de muerte digna y otra Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia. Además, los dos partidos se comprometen a aprobar una Ley Marco de Bienestar Animal y a regular el desarrollo de los derechos digitales. 

En cuanto a la seguridad ciudadana, tampoco de derogará la ley mordaza, pero se introducen muchas reformas "para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad".

El principal punto en este campo es paralizar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y el establecimiento de incentivos para la Universidad, en forma de financiación adicional a través de un pacto de Estado por la Educación que también atañe a todos los niveles educativos. 

El texto aboga también por un pacto por la Ciencia. La intención es "promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación".

El PSOE y Ciudadanos se han comprometido a no incorporar a sus listas electorales a personas investigadas --figura actual para denominar a los imputados-- por delitos de corrupción y a cesar a los que, desde la firma de este documento, pasen a esa situación judicial y la Fiscalía lo mantenga.

En este acuerdo, los dos partidos se comprometen a trabajar para poner en marcha "medidas urgentes de carácter preventivo, de control y sanción" que, entre otras cosas, garanticen que se proceda al cese de altos cargos "cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso".

El pasado martes ya se conocieron los cinco puntos que propuso Rivera como condición indispensable para el pacto: la supresión de los aforamientos, la facilitación de las iniciativas legislativas populares, la reducción del Consejo General del Poder Judicial y la eliminación de las diputaciones. Medidas de regeneración democrática que estarían amparadas por una reforma de la Constitución.

También se contempla la reforma del Senado —Ciudadanos pedía su eliminación— en una auténtica Cámara de representación territorial. En caso de no lograrlo, PSOE y Ciudadanos no descartan su definitiva eliminación. 

PSOE y Ciudadanos rechazan "todo intento de convocar un reférendum" en España para "impulsar la autodeterminación de cualquier territorio" del país. En el documento los dos partidos dejan claro su "permanente e inequívoco compromiso con la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional".

Los dos defienden que es necesario "remodelar" el Estado para "un nuevo largo periodo de convivencia" que garantice "el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial" de los españoles. En concreto, defienden que la Carta Magna "dejó abierto" el modelo territorial, por lo que ahora "hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se quedó sin precisar, actualizando y relegitimando" el modelo para "mejorar la convivencia entre españoles". 

Y Ciudadanos acepta la apuesta del PSOE por el federalismo, ya que se compromenten a revisar el Título VIII de la Constitución para "desarrollar el concepto de Estado federal", tal y como proponían los socialistas.

En este terreno, PSOE y Ciudadanos abogan por "alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050". Propone un pacto de Estado de la Energía y por la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de

reducción de emisiones. Entre otra medidas, el PSOE ha logrado mantener el cierre de las centrales nucleares cuando cumplan 40 años de vida útil.

Otra medida es el establecimiento de una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking) y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos.