Por segunda vez en cinco años, el jefe de los servicios secretos españoles, Félix Sanz Roldán, ha tenido que comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre las relaciones íntimas entre Juan Carlos I y la aristócrata alemana de origen danés Corinna zu Sayn-Wittgenstein (Larsen, de soltera). Y por segunda vez ha negado todas las acusaciones de que él mismo la amenazó para que no revelase lo que sabe sobre los negocios internacionales del rey emérito y el presunto blanqueo en Suiza del dinero que recibió de comisiones multimillonarias.

Sólo que esta vez esas acusaciones son mucho más concretas, tras la difusión de los audios en los que Corinna afirma que el rey emérito exigió (y recibió) una comisión de 80 millones de euros por hacer de intermediario en la adjudicación de las empresas españolas en el proyecto de construcción del AVE a La Meca. La amiga íntima de Juan Carlos I también asegura en esa conversación con el excomisario José Manuel Villarejo y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, que el rey emérito la utilizaba a ella para ocultar su patrimonio: "No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco".

Podemos, ERC, PDeCAT, Bildu y Compromís han registrado una solicitud formal de creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre las grabaciones de Corinna y la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte del rey emérito cuando ya no era jefe del Estado –tras su abdicación– y por tanto no estaba blindado por la "inviolabilidad" (impunidad penal absoluta) que otorga la Constitución al monarca. El PP se opone, mientras que el PSOE y Ciudadanos dijeron que tomarían una decisión hasta después de oír la versión del director del CNI.

Tras la sesión a puerta cerrada con Sanz Roldán, la diputada socialista en la Comisión de Secretos Oficiales, Adriana Lastra, declaró: "No tengo ninguna duda de lo que ha contado el director del CNI". Por tanto, el PSOE no apoyará la creación de una comisión de investigación del Congreso sobre las grabaciones de Corinna. Por su parte, Juan Carlos Girauta, de C's, se fue rápidamente del Congreso sin decir ni media palabra, informa Beatriz Asuar.

En cambio, la parlamentaria de Podemos, Ione Belarra, subrayó: "Salimos con más dudas de las que teníamos", por lo que su grupo mantiene la petición de que se cree una comisión parlamentaria de investigación sobre el escándalo.

Los que ahora bloquean esa comisión sobre los presuntos negocios ilícitos del rey son los mismos que en su día se negaron a llamar a declarar al comisario Villarejo –como solicitaron Podemos y ERC– en la comisión de investigación creada en 2017 sobre las cloacas de Interior –a pesar de que Público reveló el audio en el que desafiaba a los diputados–, cuando todavía no había sido enviado a prisión imputado por blanqueo, cohecho y organización criminal. Ciudadanos no sólo intentó socavar esa investigación, sino que incluso se preparó con un socio del propio Villarejo para la comisión del Parlament de Catalunya sobre las cloacas.

Así que el policía multimillonario continuó con sus actividades delictivas hasta culminar con un chantaje a la Casa Real –para evadir la acción de la Justicia– que desveló también Público hace más de año y medio y que ha conducido hasta esta crisis del régimen del 78.

Llegados a este punto, sólo una comisión parlamentaria de investigación podría por fin levantar las alfombras de las tramas de este país para entender esta guerra entre policías corruptos y la Casa Real, sacando a la luz pública la verdad que se esconde tras la fachada intachable de la Monarquía. Por supuesto, Ciudadanos –igual que el PP– volvería a oponerse a que se interrogue a Villarejo.

En cuanto al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyo director es acusado directamente en las grabaciones, ha causado malestar en su seno que los medios de comunicación tilden la crisis actual como un "duelo" entre Sanz Roldán y Villarejo, ya que es como poner al mismo nivel a un policía corrupto encarcelado y un altísimo responsable de la seguridad del Estado con una larga carrera de probados éxitos. Hasta hace poco, Sanz Roldán no se dignó a responder a las continuas acusaciones de Villarejo contra él, pero hace pocos días ratificó la denuncia que en su día puso la Fiscalía contra el excomisario por "injurias y calumnias" contra los agentes de los servicios de inteligencia.

En la Comisión de Secretos Oficiales participan actualmente Ione Belarra (Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea) –que sustituye a Irene Montero, de permiso por maternidad–, Adriana Lastra (PSOE), Rafael Hernando (PP), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Joan Tardá (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Jordi Xuclà (PDeCAT).

Todos ellos están sometidos a un estricto código de silencio sobre lo que se habla en esa comisión, y el reglamento de la Cámara prevé incluso la suspensión de sueldo para los diputados que vulneren ese "deber de secreto". Los artículos 99 y 101 del reglamento establecen que el parlamentario "podrá ser privado" de alguno o todos sus derechos "cuando quebrantare el deber de secreto establecido en el artículo 16".

Más aún, si alguno de ellos viola esa obligación de ocultar la verdad a los electores, podría incluso ser privado de su condición de parlamentario, ya que la Mesa del Congreso, "en atención a la gravedad de la conducta o al daño causado por afectar a la seguridad del Estado" podrá directamente proponer al Pleno del Parlamento incluso que se le suspenda al sancionado en su condición de diputado.

Hasta ahora, ninguno de los participantes en esa comisión se ha atrevido a revelar ni una palabra de lo dicho a puerta cerrada y escondido a los ciudadanos en virtud de un reglamento que niega toda transparencia democrática. Sólo Cayo Lara –representante de Izquierda Unida en la sesión con Sanz Roldán de 2013– osó referirse a lo discutido:

"En relación con el CNI, sí, en relación con la princesa Corinna, estoy igual de intranquilo, porque quedan muchos temas pendientes de resolver que tendrán que investigarse en lo que tiene que ver con la acción del Gobierno, pero también en lo que tiene que ver con la Casa Real. Los gobiernos siguen debiendo explicaciones sobre Corinna".

No obstante, Cayo Lara dijo creer en "la sinceridad del director del CNI".