El comisario Villarejo puso al servicios de sus clientes asociaciones creadas solo para personarse en causas como acusación popular y ejercer de defensa encubierta, como la asociación Transparencia y Justicia, que utilizó en el caso del Pequeño Nicolás, en el juicio de Esperanza Aguirre con la Policía Municipal de Madrid o en el caso Campeón, que afectaba al ex ministro socialista José Blanco. 

También utilizaban a otras asociaciones ya creadas, como Manos Limpias, a través de cuya abogada, Virginia López Negrete, consiguió una documentación confidencial del ex fiscal Anticorrupción Pedro Horrach en el caso Nóos. Asimismo, fue Manos Limpias la entidad a la que se suministraban informes falsos de la UDEF -como el de la familia Pujol o el líder de Podemos, Pablo Iglesias- como base para poner una querella según una notitia críminis (revelación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo) extraída del informe fake previamente aireado por sus medios de comunicación afines. 

Villarejo hizo lo mismo con los hermanos Álvaro y Ángel Pérez Maura, los navieros imputados en la pieza PIT de la causa Tándem y que investiga la contratación por éstos del lobby de socorristas (grupo de influencia mundial que utilizó el comisario para ejecutar sus acciones) con el propósito de salir indemnes de un proceso judicial en Guatemala y otro potencial en España. El caso trata de un supuesto pago de sobornos a los entonces dirigentes de dicho país a cambio de la adjudicación directa de la explotación de una terminal portuaria de contenedores. 

La acusación popular, al servicio de la corrupción

En dos transcripciones que figuran en el sumario, de dos audios correspondientes al día 26 de abril de 2016, se puede leer el interés por disponer de una “asociación” que se persone en el proceso guatemalteco como “acusación “o “acción popular” pero que, en la práctica, trabaje a favor de los intereses de Ángel Pérez Maura. En ambas, intervienen Villarejo, Adrián De la Joya, Rafael Redondo y el “cliente”, el citado Ángel Pérez Maura; en una de las dos aparece un señor que la unidad policial se limita a identificar como “Carlos” y al que habrían incorporado como colaborador.

La transcripción que obra en el sumario recoge lo siguiente: “Carlos señala que para llegar a tener éxito tienen que ir de la mano de la 'acción popular', si la 'acción popular' levanta el pie; entonces deja de haber causa de extradición. Carlos indica que lo que tienen que conseguir ellos es que la acción popular decida que ellos no son el objetivo. Adrián repite que ‘la acción popular' decida que Ángel no es el objetivo”. Carlos añade, además, que "ahí sí tienen un trabajo que hacer que es comprar 'voluntad' de un 'plumillas' de la zona"

Más tarde, reunidos con el "cliente" Pérez Maura, Villarejo y De La Joya le dicen lo siguiente (siempre según la transcripción efectuada por la Unidad de Asuntos Internos): “Que están en trámites de montar una asociación para personarse en la causa y buscar el cambio en la opinión pública a través de las redes sociales”

Las tres asociaciones creadas para adulterar procesos

El entorno directo del comisario ha creado desde 2005, al menos tres acusaciones populares de acuerdo con el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.

1. La Asociación para la Protección de los Inversores (CIF G-84391101), constituida el 17 de febrero de 2005 con dirección en la Calle Mártires 9 de Boadilla del Monte, donde Villarejo tiene oficina también, aunque más tarde pasa a Castellana 91 de Madrid, mismo edificio, curiosamente,  donde tenían la oficina las empresas que dirigía el cuñado de Adrián de la Joya, Abdul El Assir. Su misión es la de “defender a inversores no profesionales". La asociación es fundada por Sergio Daza del Castillo, Rafael Redondo, segundo de a bordo en el grupo de sociedades del comisario, y Jaime Noguera Tejedor.

2. Transparencia y Justicia (CIF G-84391101) es el nuevo nombre que el 11 de mayo 2011 toma la Asociación para la Protección de los Inversores anteriormente descrita, tras cambiar su objeto por el de personarse en casos de corrupción y también la dirección, a Castellana 135-7 donde la posteriormente cesada Comisión Judicial del caso Nicolás constató que no operaba desde allí. Sus órganos de dirección se establecieron como sigue: Presidente : Sergio Daza del Castillo, Secretario: Rafael Redondo y como vocales, dos apellidos conocidos del caso Tandem, Diego de Lucas Villarrubia, el hombre que Villarejo situó para controlar el urbanismo de Estepona, y Jorge Benseny, hijo de Angel Benseny, cara visible de Schola Iuris, psicólogo judicial y con trayectoria profesional asociada a los medios de pago, incluida la dirección de Cenyt Argo SL una empresa del grupo de sociedades de Villarejo.

Transparencia y Justicia SL es la asociación más conocida del comisario, constando su personación en, al menos, los casos siguientes y en donde actúa con modelo multipropósito y multicliente: caso Campeón, pieza separada del caso Jorge Dorribo, acusado de aceptar sobornos; un caso de urbanismo en Boadilla del Monte, población donde reside Villarejo, caso del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre; el caso Nicolás, donde el comisario está investigado, y Adrián de la Joya, señalado; caso Lezo, donde De la Joya está investigado; caso Castor en Vinaroz; caso del timo con revistas falsas de la Policía, que pasó del juzgado 43 de Madrid a uno de Alicante; caso Ático, caso Gowex, caso Madrid Open, caso Interligare, caso Rato, caso Leopoldo Arnáiz, caso Seseña-Pocero y dos casos de redes de pederastas ("Telémaco y el de Alcalá la Real), donde Villarejo se ocupa de insertar una falsa acusación contra un fiscal Anticorrupción.

El cambio de nombre a Transparencia y Justicia y su objetivo-los casos de corrupción- coincide en el tiempo con la fundación del bufete propio del comisario ("Stuart Mckenzie Spain  SL) por la vía de cambiarle el nombre y el objeto social a la sociedad cabecera de su grupo de sociedades (antes llamada Puquio Iberia SL y antes, Estrelluelo SA)

3. Asociación para la Defensa de Usuarios de Medios de Pago distintos de Efectivo ASUSMEPA, (G-86189685), constituida el 14 de septiembre de 2011 en la planta 9 de Torre Picasso, donde está la oficina principal de Villarejo y que comparte con Societé Generale. La asociación se personaba en muchos procedimientos que derivaban de casos investigados por la UDEF al mando de Jose Luis Olivera.

Esta tercera asociación se crea poco después que el bufete de Villarejo y casi a la vez que Cenyt Argo SL, centrada en fraudes en medios de pago y al frente de la cual se sitúa Ángel Benseny, que si bien se presenta (y ejerce) de psicólogo judicial en el juzgado de familia 24 de Madrid y como cara visible de la “plataforma de consultoría jurídica” Schola Iuris, su trayectoria profesional ha estado muy ligada a la recuperación de daños por fraude en medios de pago para entidades emisoras y operadoras, especialmente para VISA y EUROPAY (Eurocheque, Eurocard y Master Card), junto a los policías en segunda actividad y socios de Villarejo, Carlos y Antonio Giménez Raso. Las entidades bancarias, las operadoras de las tarjetas y las aseguradoras son los clientes objetivo de Cenyt Argo Sl.

Adrián de La Joya a Manafort: la Cicig es un “gran casino”

En el caso de los Pérez Maura, el grupo lobby de socorristas tenía también como misión "parar a la CICIG" (Comisión de Investigación contra la Corrupción en Guatemala), y así se lo exponen Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco a Paul Manafort en Nueva York, el 8 de febrero de 2017, en las oficinas que el ex jefe de campaña de Donald Trump comparte con Héctor Hoyos en Madison Avenue. La CICIG como organismo creado bajo el auspicio de la ONU para desterrar la corrupción de Guatemala estaba impulsando un buen número de casos que afectaban a ex políticos y empresarios nativos y extranjeros con un patrimonio considerable. 

Con origen en la CICIG, el lobby de socorristas intervenía en el caso de Ángel Pérez Maura y también en el del exministro guatemalteco Carlos Vielmann, a quien se iba a juzgar en la Audiencia Nacional por siete asesinatos y para el que se discuten varias alternativas desde el grupo de Villarejo, incluida la de “tocar” a uno de los tres magistrados que debían de juzgar el caso. Finalmente la Sala le absolvió entre otras razones, según reza la sentencia, por falta de pruebas; no se valoró como tales los testimonios de un testigo “estrella”, el policía nacional Rafael Guillamón, por considerar que su testimonio era “referido”, es decir, un relato de hechos de los que tenía noticia por terceras personas y no por vía directa. 

Como acusación popular estaba la APDHE dirigida por Manuel Ollé, asociación a la que también encontramos en el caso protagonista en la pieza KING que se instruye en Canarias: el del matrimonio ruso Kokorev y una parte selectiva de la familia y cargos públicos del presidente Obiang de Guinea Ecuatorial, que se abrió por querella de Ollé en 2008 en la Audiencia Nacional y recayó en el juzgado de Baltasar Garzón, aunque luego se derivó a Canarias por temas de competencia