La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado que interviniera directamente en las sanciones interpuestas al fondo buitre Vauras por no ofrecer alquiler social a algunos de los inquilinos del Bloc Llavors, que fueron desahuciados. La alcaldesa ha declarado a raíz de la querella interpuesta por la empresa, que la denunció por las multas que recibió, así como a dos concejales y una funcionaria. Se trata de un caso que fue archivado por la jueza, pero que posteriormente la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir.

Colau afirmó en sede judicial este lunes que ella delegó todas las funciones en materia de vivienda y derechos sociales en los concejales y trabajadores municipales. Fue una declaración breve, de unos 15 minutos, y no respondió a las preguntas de la acusación, informa el ACN.

Según han explicado fuentes jurídicas, Colau no ha entrado en muchos detalles porque carecía de información concreta sobre los expedientes sancionadores abiertos a Vauras por no ofrecer alquileres sociales. De hecho, ha dicho que eran los servicios jurídicos quiénes decidieron los procedimientos.

Colau ha declarado como investigada por prevaricación y coacciones a raíz de la querella de Vauras, que denunció al Ayuntamiento por los expedientes sancionadores que le había abierto por no ofrecer alquiler social a las familias vulnerables del edificio, que ya fueron retiradas a raíz de una resolución judicial.

En un inicio, la juez instructora no había visto indicios de delito y archivó la causa, pero tras el recurso de la empresa, la Audiencia Provincial ordenó reabrirla. La Fiscalía también se había pronunciado en contra.

Desde el Ayuntamiento tachan el movimiento de lawfare, o lo que es lo mismo, la instrumentalización de la justicia con fines políticos o ideológicos. Ante la notificación que debería declarar, la alcaldesa afirmó que se trataba de "mal uso de la justicia" por parte del lobby inmobiliario, que ya le ha llevado a los tribunales en otras ocasiones. Una decena de casos han sido archivados. "Es un patrón, no son hechos aislados, y debería investigarse, porque lleva a abusos para intentar defender los privilegios de unos pocos por delante de los derechos de la mayoría", señaló.

Multas por valor de 417.000 euros

En cuanto a este caso concreto, Vauras compró en 2019 el conocido como Bloc Llavors, un edificio en el Poble-Sec. Vivían varias familias, algunas de ellas en situación de vulnerabilidad acreditada, lo que les daba derecho a un alquiler social en base a la ley 24/2015, vigente en ese momento en toda Cataluña. Incumpliéndola, Vauras no se lo ofreció y las desahució. "Hace algo que hacen también otros fondos, y por eso no son bienvenidos a Barcelona. Una mala praxis sistémica, que es comprar bloques enteros para especular", apuntó Colau cuando se supo la citación.

El Ayuntamiento le multó con sanciones por valor de 417.000 que tuvo que retirar posteriormente por orden judicial. La ley con la que se amparaban fue anulada por el Tribunal Constitucional, aunque después el Parlament la recuperó con una nueva norma. "Aplicando siempre la ley vigente, exigimos que cumplieran con la normativa", aclaró la alcaldesa.

La obligación a los grandes tenedores de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables ha estado vigente intermitentemente, fuertemente contestada por el sector inmobiliario, al igual que otras regulaciones como la ley que limitaba el precio de los alquileres, tumbada por el TC.