BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado este martes una reunión con partidos, alcaldes y entidades sociales para defender la ley 24/2015 de emergencia social antidesahucios y contra la pobreza energética ante el recurso que el Gobierno central ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC).

En la reunión, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al president “que busque los mecanismos normativos para mantener los artículos que han sido impugnados por el PP”. Además, emplaza al consistorio catalán “a usar la legislación que sí que está vigente para seguir actuando” contra los desahucios y la pobreza energética.

La alcaldesa hacía referencia tanto a la anterior Ley de vivienda de 2007, que permite sancionar las malas prácticas en materia de vivienda, como a los artículos de la Ley 24/2015 que aún siguen vigentes para hacer frente a la pobreza energética. Además, ha emplazado a la Generalitat a sumar esfuerzos en esta emergencia social. 

“La Generalitat aún no ha aplicado las sanciones que la anterior Ley de Vivienda ya permitía aplicar”, se ha lamentado Colau para explicar que otros ayuntamientos de Catalunya, como el de Barcelona a Terrassa, sí lo han hecho. También ha recordado que la Generalitat no ha participado en los convenios que las administraciones públicas deben desplegar para corresponsabilizar a las suministradoras para evitar los cortes de suministros básicos, como contemplan los artículos vigentes de la ley 24/2015. Por ello, ha defendido sumar esfuerzos entre Ayuntamiento y Generalitat para “tener mucha más fuerza delante de bancos y suministradoras”.

La alcaldesa considera “una rápida reacción” la organización de la cumbre para defender la ley de emergencia social lanzada por el president Puigdemont a todos los grupos parlamentarios catalanes, entidades sociales, sindicatos y alcaldes de los municipios catalanes. “Es una reunión muy importante porque es una reacción conjunta de todas las instituciones y entidades sociales de Catalunya”. Por ello, ha defendido: “Las administraciones públicas tenemos que ponernos al lado de las entidades sociales y usar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, todas las competencias y los recursos, para mantener la práctica que nos estaba permitiendo esta ley”.

Cumbre en el Palau

A la reunión convocada por el president Palau de la Generalitat también han acudido otros alcaldel: Núria Marín (L'Hospitalet de Llobregat); Dolors Sabaté (Badalona); Jordi Ballart (Terrassa); Juli Fernández (Sabadell); Àngel Ros (Lleida); Josep Fèlix Ballesteros (Tarragona); David Bote (Mataró); Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet); Carles Pellicer (Reus); Marta Madrenas (Girona) y Mercè Conesa (Sant Cugat). 

También han sido citados representantes de los seis grupos parlamentarios; miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, del Observatorio DESC y de la Alianza contra la Pobreza Energética; el presidente de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, Oriol Illa, y los secretarios generales de UGT de Catalunya, Camil Ros, y de CCOO Joan Carles Gallego.
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Aparte de Puigdemont, el Ejecutivo catalán estará representado por el vicepresidente, Oriol Junqueras; la portavoz, Neus Munté; la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs; la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, y el conseller de Empresa y Conocimiento Jordi Baiget.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, presidió la cumbre política y social en defensa de la ley de emergencia social frente al recurso del Gobierno central, que se celebra en el Palau de la Generalitat con la participación de representantes de instituciones, grupos parlamentarios y entidades civiles de Catalunya. EFE/Quique García

La ley catalana contra la pobreza energética y para afrontar los desahucios fue aprobada por el Parlament en 2015, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular que habían impulsado varios colectivos sociales, entres ellos la PAH.

Puigdemont había solicitado directamente al presidente, Mariano Rajoy, que no la impugnara y, si lo hacía, que no pidiera su supensión cautelar, pero finalmente el viernes de la semana pasada la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el recurso contra algunos de sus artículos y pidió la suspensión. El Gobierno alegó que su recurso no se dirige contra que la Generalitat actúe contra la pobreza energética sino, por ejemplo contra aspectos civiles que afectan al derecho a la propiedad, "que tiene que ser igual para todos los españoles".

El presidente catalán, que comparecerá tras la reunión ante la prensa, mostró su enfado el mismo viernes: "Han querido dejar a la intemperie a muchas familias vulnerables" y consideró una decisión política llevar la ley ante el Tribunal Constitucional (TC).

A falta de conocer qué plantea Puigdemont para replicar el recurso del Gobierno, los partidos catalanes ya han dejado claro que van al encuentro con posiciones muy diferentes. ERC ha pedido que el Parlament ratifique la ley pese al recurso ante el TC, mientras que el PP y C's han considerado que el Govern puede desarrollar la lucha contra la pobreza energética pese a los artículos impugnados.