El comisario Enrique García Castaño, ex director de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) basará su defensa en el juicio que afronta por las piezas 'Iron' y 'Land' de la macrocausa 'Tándem' o caso 'Villarejo' en la incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar estas piezas al no existir acusación formal por presunta organización criminal de los encausados. El juicio también versa sobre la pieza 'Pintor', en la que García Castaño no está imputado. Las tres piezas tratan sobre encargos realizados por el comisario jubilado Villarejo a través de sus empresas privadas siendo comisario de Policía.

El letrado de García Castaño, Aitor Martínez, del bufete de Baltasar Garzón, ha expuesto en la sesión de este lunes hasta once cuestiones previas, en un duro alegato contra el Ministerio Fiscal, al que ha acusado de perseguir la detención del comisario sin que estuviera capacitado para ello pues las diligencias estaban ya judicializadas y "en España es el juez el que dirige la instrucción". Ha mencionado el letrado al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias, dando a entender que podría recurrir a esa instancia la detención de su cliente.

García Castaño fue detenido en julio de 2018, "mes y medio después" de que el que fuera jefe de la UCAO acudiera personalmente, acompañado por su abogado, a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción para ponerse a su disposición al enterarse de que estaba siendo investigado. 

La Fiscalía pide 87 años de prisión para García Castaño por presuntos delitos de cohecho, falsificación y revelación de secretos, entre otros. "Unos delitos que quedan fuera del ámbito de actuación de la Audiencia Nacional", ha insistido Aitor Martínez, que ha mencionado varias veces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como posible destino donde podrían acudir tanto su cliente como otros acusados ante una previsible condena de la Audiencia Nacional. 

El letrado ha solicitado la nulidad en la causa de las grabaciones que Villarejo realizaba de las conversaciones que mantenía con sus interlocutores, incluido su amigo, Enrique García Castaño, porque las grabaciones se consiguieron de forma "subrepticia", sin las necesarias "garantías legales", según la defensa del comisario. Ha sostenido que muchas conversaciones están protegidas por el secreto profesional ya que Villarejo hablaba con sus clientes como abogado colegiado. 

El comisario jubilado no se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados, sino que lo ha hecho junto a su letrado, puesto que tiene permiso para representarse a sí mismo dado que es abogado y así lo ha solicitado al tribunal.

"Hubo un quebranto de la cadena de custodia", ha manifestado el letrado de García Castaño en relación al material informático incautado durante el registro de la Policía al domicilio de Villarejo y también al de su socio, Rafael Redondo. "Lo que hizo la Policía Nacional fue arramblar con toda la información", ha dicho. Aitor Martínez ha denunciado que el material incautado no fue precintado y que "estuvo 17 días en manos de la Unidad de Asuntos Internos hasta que lo pasaron al juzgado", insinuando que hubo tiempo "para poder ser manipulado".

Martínez ha expuesto que al frente de Asuntos Internos de la Policía estaba el comisario Marcelino Martín Blas, "con demostrada animadversión al señor García Castaño". 

Las defensas, contra la acusación de Podemos

Prácticamente todas las defensas de las 24 personas  y las cuatro mercantiles acusadas en este juicio han solicitado la expulsión de Podemos como acusación popular en la causa, por no estar el partido legitimado para ejercer la acusación, según han sostenido. 

Durante la tarde de este lunes está prevista la participación del letrado de Villarejo, que expondrá sus cuestiones previas.