Ningún comisario relacionado con los fondos europeos recibe a los alcaldes del PP en su campaña de descrédito en Bruselas

El Partido Popular suma otro descalabro en su campaña contra los fondos europeos en Bruselas. Una comitiva de alcaldes y presidentes de diputaciones, encabezada por el madrileño José Luis Martínez-Almeida, se ha topado con una acogida fría en la capital comunitaria, en su denuncia sobre la gestión y la distribución de las ayudas europeas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los ediles han sido recibidos por Margaritis Schinas, vicepresidente a cargo de Promoción del Estilo de Vida Europeo, y Dubravka Suica, vicepresidenta para Democracia y Demografía, pero no ha habido ningún encuentro con los guardianes de las ayudas, Paolo Gentiloni, comisario de Economía, o Valdis Dombrovkis, vicepresidente económico. Schinas, además, destaca por sus vínculos cercanos a los populares españoles. Desde las filas del PP defienden los dos recibimientos en tanto que el griego y la croata lideran carteras como el Estado de Derecho o la España vaciada, vinculadas a componentes del plan.

El objetivo era, en palabras del regidor madrileño, denunciar que los criterios de distribución de los 69.500 millones de euros a fondo perdido que España recibirá de Next Generation EU en los próximos cuatro años "no son públicos, ni objetivos ni transparentes". Una opinión no compartida por las instituciones europeas, que en varias ocasiones han elogiado a España por su plan de resiliencia y su ejecución, que comienza su andadura.

Tras semanas de ruido y de sembrar las dudas sobre el plan nacional, Bruselas no ha recogido el testigo del PP. De hecho, si hay una regla que monopoliza cualquier polémica de Gobiernos nacionales es que las instituciones europeas, y especialmente, la Comisión no toman partido y evitan entrar en el barro doméstico. Además, los propios organismos europeos son los máximos interesados en que Next Generation, el mayor instrumento financiero de su historia, sea un éxito y pueda sentar el precedente para futuras herramientas similares en el futuro.

Bruselas reitera su respaldo

La nueva ofensiva popular se produce 48 horas después de la también visita de Pablo Casado, presidente del Partido Popular, a la capital comunitaria. El mismo día que el líder de la oposición llevó su afrenta a las instituciones europeas, el presidente del Eurogrupo mostraba su respaldo desde Madrid al plan español.

Ni una. Ni dos. Ni tres. Durante el último mes, hasta en cuatro ocasiones ha avalado Bruselas la gestión del fondo europeo de recuperación español. A cuatro días de las elecciones de Castilla y León, la maratón de descrédito popular ha continuado su rumbo este miércoles en Bruselas. Aunque el alcalde madrileño ha defendido que este viaje fugaz al corazón de la UE nada tiene que ver los comicios castellanoleoneses.

A José Luis Martínez-Almeida le han acompañado el edil zaragozano Jorge Azcón; el cordobés José María Bellido; el malagueño Francisco de la Torre; el alicantino Luis Barcala; el almeriense Ramón Fernández Pacheco; el salmantino Carlos García y la turolense Emma Buj. Almeida ha defendido que, en cualquier caso, su objetivo no es "dañar la imagen de España" sino "defender los intereses de los españoles en un reparto de los fondos europeos ante los que todos somos iguales". Asimismo, ha pedido una comisión independiente en el Congreso para fiscalizar la gestión.

Las administraciones populares, más beneficiadas

El PP se queda cada vez con menos recursos para mantener su discurso combativo en Bruselas, donde no recogen el testigo. El principal argumento de los de Casado es que el Gobierno español está haciendo un reparto "discriminado" y "arbitrario" de los fondos europeos. Y ponen como ejemplo de ello la ciudad de Zaragoza "que a pesar de ser la quinta más poblada no ha recibido ni un euro".

Las administraciones lideradas por los populares han recibido el 44% de los fondos ejecutados hasta la fecha

Sin embargo, los últimos datos actualizados por el Ministerio de Hacienda revelan que las administraciones lideradas por los populares han recibido el 44% de los fondos ejecutados hasta la fecha; mientras que en el caso de las socialistas es el 36%. Andalucía, Catalunya, la Comunidad de Madrid y el País Valencià –que coinciden con las más pobladas- son las que más dinero han recibido hasta la fecha. Y la quinta es la Castilla y León que apura los últimos días de campaña electoral.

De momento, la campaña de sombras popular no está calando en Bruselas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Dombrovskis o Paschal Donohoe, presidente del Eurogrupo, han dado su beneplácito al plan nacional y a su ejecución, que se encuentra en la primera etapa. Todos ellos son de la familia popular.

España ha sido, de hecho, el único país que recibió la primera remesa, por valor de 10.000 millones, el año pasado, un hito que supuso el envío de una carta de Von der Leyen a Sánchez felicitándole. Desde el equipo de la alemana, sin embargo, se desvinculan de todo debate nacional y esgrimen que es un procedimiento normal que continuará con el envío de misivas al resto de líderes nacionales cuando cumplan sus hitos.

La oposición española es la única que ha desatado una campaña en Bruselas contra los fondos

Otra de las defensas que esgrimió Casado en su reciente paso por la Eurocámara es que en países como Francia y Alemania la oposición conservadora también comparte las críticas en torno a la opacidad sobre la distribución de los fondos. Sin embargo, los reproches no han trascendido las fronteras nacionales. Para la mayoría de países europeos, las ayudas anti-crisis son una cuestión de Estado sobre la que se sustenta la recuperación nacional post-pandemia.

La oposición española es la única que ha desatado una campaña en Bruselas contra los fondos. La imagen de una decena de alcaldes es cuasi impensable en otros países y no encuentra precedentes. El único ejemplo comparativo se traslada a hace años cuando unos doscientos alcaldes independentistas se trasladaron a la capital comunitaria para "internacionalizar" el procés, pero la protestas se limitó a manifestaciones frente a las instituciones europeas, que les mantuvieron sus puertas cerradas.