El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa de la Operación Kitchen, ha enviado al Congreso un escrito en el que confirma que no remitirá a la comisión de investigación sobre la trama la documentación que obra en el sumario de la causa judicial, ya que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción y por lo tanto, "con carácter reservado", tal como aseguran fuentes parlamentarias a este medio. 

El órgano parlamentario acordó por unanimidad el pasado 28 de enero la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo y del resto de cargos policiales y políticos presuntamente implicados en la trama sobre la operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior, a instancias del PP y pagada con fondos reservados, para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre la corrupción de la formación. Asimismo, los grupos aprobaron la documentación que se debía requerir al Gobierno, sobre asuntos relaciones con Interior, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional.

En este sentido, el Ministerio Público trasladó a la Cámara Baja que, "en cumplimiento de su deber de colaboración institucional", cedería los datos de los que dispone sobre las causas existentes y órganos que las investigan. Si bien, advirtió que, de la documentación solicitada, "el fiscal solo dispone de copias para su propio uso, sin que pueda asegurar que las mismas sean íntegras y completas, pues la custodia de las actuaciones judiciales corresponde a los tribunales y la fe de su autenticidad a los letrados de la Administración de Justicia".

Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha respondido al Congreso que no cederá la información requerida debido al "carácter reservado de las actuaciones judiciales en sede de instrucción", según los datos trasladados a Público. Asimismo, el juez ha dado otro motivo: "La necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y terceras personas, dado el momento procesal en el que nos encontramos y el buen fin del procedimiento, suponen límites infranqueables que, en el presente caso, se verían afectados por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario".

En concreto, la omisión de investigación solicitó los informes de la UDEF sobre las causas de corrupción contra el PP vinculadas a la Gürtel, los papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo o la propia operación Kitchen, "sin vulnerar la reserva de los sumarios que se están instruyendo". Además, la grabación de Villarejo a Cospedal y López del Hierro, en la que éste último aseguró que Rajoy aprobaba los trabajos que encargaba al excomisario; la conversación de Villarejo con sus socios, los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza; la agenda del excomisario; la documentación acreditativa de la financiación de la Operación Kitchen con cargo a los fondos reservados; y los archivos del móvil del número dos de Fernández Díaz. Sobre éste último, también se solicitó dos actas notariales en las que Francisco Martínez certificó los mensajes intercambiados con el exministro de Interior, evidenciando que sabía del espionaje a Bárcenas.

También, se requirió, entre otros documentos, el informe elaborado por Fuentes Gago sobre la incompatibilidad de trabajo de comisario con las actividades empresariales de Villarejo, así como los expedientes de concesión de medallas de oro, plata o roja entregadas, bajo los mandatos de Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente de Interior, a comisarios, inspectores jefes, inspectores y a otras personas ajenas al cuerpo.

Cabe destacar que el juez García-Castellón levantó el secreto de sumario de la pieza 7 del caso Tándem —más conocido como caso Villarejo—, por lo que gran parte de la información se ha hecho pública a través de los medios de comunicación. "Hay una parte que es aún secreta, pero ninguno de los papeles que ha pedido el Congreso forma parte de esa información secreta", sostienen a Público estas fuentes.

Mientras tanto, queda menos de dos semanas para la comparecencia de Luis Bárcenas, que será quien abra el turno de declaraciones en sede parlamentaria el próximo 11 de marzo. Lo hará por videoconferencia, desde la prisión de Soto del Real, a petición de su abogada. Los grupos parlamentarios tendrán 15 minutos para formular las preguntas y ser respondidas por el compareciente que no tendrá intervención inicial, tal como acordó este jueves la mesa y los portavoces de la comisión Kitchen. El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy será el último en comparecer.