La Comunidad de Madrid recurrió a sanitarios venezolanos sin contrato para "medicalizar las residencias". La llamada Operación Bicho, el plan del Gobierno madrileño para que estos centros tuvieran medios médicos para afrontar el coronavirus, se limitó a "contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social", según cuenta la periodista Laura Galaup en un extenso artículo en El Diario, en el que informa que estos trabajadores no tenían contrato y que fueron amenazados con el despido cuando se quejaron. 

La periodista recoge el testimonio de varios trabajadores que participaron en este precario dispositivo entre el 26 de marzo y el 6 de abril y que describen "un sinfín de irregularidades, falta de coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la subcontrata que eligió para esta misión". Tampoco se conoce el coste de la medida.

Entre esas irregularidades se citan "ausencia de contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que inicialmente les prometieron". Pese a las quejas de los trabajadores, el gerente de Transamed –la empresa contratada–,  Eduardo Aragonés, amenazó con el despido.

La información de El Diario señala, además, que Transamed recibió la adjudicación de la Comunidad de Madrid a través de los buenos oficios de Encarnación Burgueño, hija de Antonio Burgueño, el ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña y asesor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante la emergencia sanitaria. 

Además, estos trabajadores se limitaron, según El Diario, a "levantar acta de la situación en que se encontraba cada centro y señalar las necesidades de personal en informes que iban firmados con el correspondiente número de colegiado de cada uno de los sanitarios".

Eso es a lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llama "medicalización de las residencias", donde han fallecido casi 7.000 ancianos durante la pandemia. La Comunidad de Madrid afronta una crisis interna precisamente por su gestión de las residencias y su decisión de no derivar a la mayoría de los ancianos enfermos durante la pandemia.