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comunidades autónomas Igualdad, memoria histórica o medio ambiente: las apuestas de las comunidades para impulsar leyes sociales

Desde las 32 leyes aprobadas en Navarra en 2019 hasta las cuatro leyes impulsadas en La Rioja, las comunidades han centrado su actividad legislativa en diferentes ámbitos, con un total de 33 leyes de contenido social entre las 17 autonomías.

Banderas comunidades autónomas
imagen de archivo de banderas autonómicas en el Senado, en una  Conferencia de Presidentes / EFE

El 2019 fue un año extraño para la actividad legislativa. Lo fue en el Congreso y en el Senado, que trabajaron durante buena parte del año con un Gobierno en funciones; pero también lo fue para los parlamentos de las comunidades, muchas de las cuales celebraron en mayo de 2019 sus procesos electorales, interrumpiendo sus legislaturas y haciendo decaer proyectos tardíos sin tiempo para terminar su tramitación.

Pese a esto, en términos generales, casi todas las comunidades presentaron una mayor actividad legislativa que las Cortes Generales y el Ejecutivo estatal. La inestabilidad que se inició el 28 de abril con el ciclo electoral que no se cerró hasta el 10 de noviembre no afectó de igual manera a los territorios, que antes de sus elecciones en mayo ya habían aprobado alguna norma, y que siguieron haciéndolo después de los comicios.

El informe de las comunidades autónomas del Observatorio de Derecho Público de Barcelona hace un extenso análisis de la labor normativa y legislativa de cada territorio en 2019, así como de sus relaciones con el Gobierno y otras instituciones a nivel estatal.

Hay importantes diferencias en el número de leyes aprobadas, así como en su origen (el uso abusivo del decreto ley, aunque está lejos de parecerse al del Gobierno estatal, también se ha extendido en algunos territorios), y objetivos (leyes de corte social, económicas, de regulación de la administración…).

Cuantitativamente, la comunidad que más leyes aprobó en 2019 fue Navarra, con un total de 32 normas; le siguen Canarias (19 leyes), Baleares (18 leyes), Extremadura y Euskadi (13 leyes), Castilla y León y Castilla-La Mancha (11 leyes), Comunidad de Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana y Aragón (10 leyes), Galicia (9 leyes), Región de Murcia (8 leyes), Asturias (7 leyes), Andalucía (6 leyes), Cantabria (5 leyes) y La Rioja (4 leyes).

La comunidad que más utilizó la figura del decreto ley (que no es tramitado ni modificado en un parlamento, ya que solo precisa de su convalidación) fue Catalunya, con 17 decretos frente a las 10 leyes tramitadas en el Parlament. De las normas aprobadas en los territorios, 33 destacan por su contenido social, leyes que afectan a materias como la igualdad, la memoria histórica, la redistribución de la riqueza, la atención a colectivos vulnerables, la protección a consumidores y usuarios, el animalismo o el respeto y cuidado al medio ambiente.

La materia que más regulaciones tuvo en 2019 fue la igualdad, con un total de ocho normas. Destaca la ley de Euskadi 9/2019, de 27 de junio, de modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

Estatutos de los consumidores y regulación de las apuestas

La reforma introduce una modificación en la ley de 2012 con el objetivo de "despatologizar la transexualidad", estableciendo una nueva redacción del artículo 3 en el que pasa a establecerse que "la consideración de persona transexual se regirá por el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual"; un derecho que "no podrá ser limitado, restringido, dificultado o excluido debiendo interponerse y aplicarse las normas siempre a favor del libre y pleno ejercicio del mismo", pudiendo las personas transexuales acogerse a lo establecido en la ley "sin necesidad de un diagnóstico o informe psiquiátrico, psicológico ni tratamiento médico".

También aprobaron leyes en materia de igualdad Canarias, Cantabria, Murcia y Navarra (igualdad efectiva entre hombres y mujeres); Castilla y León (conciliación y brecha salarial de género); y Castilla-La Mancha (Estatuto de las Mujeres Rurales, que incluye medidas para fomentar la corresponsabilidad y la conciliación, la ruptura de la división sexual del trabajo, el acceso de las mujeres a la titularidad de explotaciones agrarias, o la prioridad de la titularidad de las mujeres en las ayudas y subvenciones).

Se produjeron varias reformas, hasta seis, en materia de protección de consumidores y restricciones en el juego y las casas de apuestas. Hasta tres comunidades elaboraron un Estatuto de Protección de las Personas Consumidoras (Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura).

Andalucía elaboró una ley para impulsar una mayor regulación del juego y las apuestas; Baleares aprobó una ley de derechos de la infancia y adolescencia que buscaba disminuir la vulnerabilidad de los jóvenes respecto a las casas de apuestas; y Madrid eliminó la publicidad del juego online de su televisión autonómica.

Seis es el número de iniciativas que se aprobaron en los parlamentos autonómicos en materia de redistribución de riqueza o con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda. Hubo normas en este sentido en: Andalucía (Protección de usuarios de créditos y préstamos para vivienda); Catalunya (Desahucios, emergencia habitacional, control de precios); Comunitat Valenciana (Servicios sociales inclusivos); Extremadura (renta extremeña garantizada y promoción de acceso a la vivienda); y Navarra (ley foral del derecho a la vivienda).

Cuatro leyes sobre protección del medio ambiente, tres en materia de memoria histórica y una sobre protección animal

En 2019 se aprobaron cuatro leyes con el objetivo de proteger el medio ambiente, en concreto en dos territorios: Catalunya (Impuesto a las emisiones de dióxido de carbono) e Islas Baleares (ley de sostenibilidad medioambiental de Formentera; ley de residuos y suelos contaminados; y ley de cambio climático y transición energética).

Tres comunidades aprobaron una ley en materia de memoria histórica: Asturias (recuperación de la memoria democrática), Canarias (niños robados) y Extremadura (memoria histórica y democrática). Y otras tres lo hicieron con el objetivo de proteger a colectivos vulnerables: Aragón (ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad), Catalunya (ley de igualdad de derechos y no discriminación de las personas con discapacidad sensorial) y Navarra (suplemento de crédito para menores no acompañados).

Aragón elaboró una ley de protección animal mediante la que se prohíbe la utilización de animales silvestres en espectáculos circenses. La norma se desarrolló para dar cobertura a varias ordenanzas municipales de ayuntamientos con el mismo objetivo que se habían aprobado con anterioridad.

Madrid y Baleares también elaboraron leyes para fomentar prácticas de democracia directa y participación. En el caso de las islas, la Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos participativos prevé el desarrollo normativo necesario para poder realizar consultas en el ámbito municipal, como expresión más pura de la democracia directa en este ámbito territorial, y diseña diferentes figuras de "democracia participativa".

Madrid aprobó la creación de tres universidades privadas

En Madrid, su ley de transparencia y de participación incluye un registro de transparencia en el que deben inscribirse las personas y entidades que lleven a cabo cualquier actividad que tenga por objeto influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales.

Más allá de las leyes de contenido social destacan otras normas y regulaciones. La Comunidad de Madrid dictó hasta tres leyes para la creación de universidades privadas: la Ley 4/2019, de 20 de marzo, de reconocimiento de la universidad privada "ESIC Universidad"; la Ley 5/2019, de 20 de marzo, de reconocimiento de la universidad privada "Universidad Internacional Villanueva"; y la Ley 6/2019, de 27 de marzo, de reconocimiento de la universidad privada "CUNEF Universidad". Todas fueron proyectos del Gobierno autonómico.

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