Público
Público
corrupción

Confirmada la condena de dos años de prisión por cohecho para el exalcalde de Brunete

El TSJ de Madrid ratifica la sentencia contra Borja Gutiérrez, que aún puede recurrir, por cohecho al tratar de sobornar a una concejala de UPyD para lograr la mayoría absoluta para el PP.

Borja Gutiérrez
Borja Gutiérrez, presidiendo una reunión de la alcaldía de Brunete. EUROPA PRESS

La Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la sentencia dictada el pasado mes de diciembre por la Sección Séptima de Audiencia Provincial de Madrid en la que se condenaba a dos años de prisión al exalcalde de Brunete (Madrid), Borja Gutiérrez, por cohecho al haber resultado acreditado que intentó sobornar en noviembre de 2012 a la entonces concejal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), María Isabel Cortina, con el objetivo de lograr la mayoría absoluta para el Partido Popular en la cita electoral. 

En la misma resolución, ahora confirmada, se condenaba a Susana C., una agente de la Policía Municipal de Brunete, como cooperadora necesaria de un delito de cohecho a un año y seis meses de cárcel. 

El proceso tiene su origen en una denuncia interpuesta por UPyD y la propia concejala. La instructora del caso apreció "indicios suficientes" de que el entonces alcalde y una agente de Policía Local "trataron de influir" en Cortina tras las elecciones municipales en mayo de 2011. 

Según la sentencia, ambos condenados pretendían que la concejala de UPyD se ausentara de las sesiones en que se iban a votar determinados puntos que interesaban al alcalde; también pretendían que abandonara la formación magenta para formar parte de la junta de Gobierno local y obtener así la mayoría absoluta. A cambio, el alcalde presuntamente le ofreció favores "personales, políticos y profesionales". 

En octubre de 2017, Borja Gutiérrez renunció a la presidencia del PP de Brunete, una vez imputado, pero siguió en la alcaldía. También está siendo investigado en la causa Púnica, de presunta corrupción del PP en la Comunidad de Madrid. 

Contra esta nueva resolución cabe aún la interposición de un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Más noticias