El Congreso ha aprobado el jueves, con los votos del PP, la reforma del Tribunal Constitucional (TC) que penalizará a los cargos públicos que incumplan sus sentencias, y con la que el Gobierno pretende castigar al president en funciones de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. 

Tras el rechazo de las enmiendas de la oposición, la iniciativa se remite al Senado, donde el miércoles -antes de su aprobación- ya se designó la ponencia que debe tramitarla, lo que facilitará que pueda aprobarse antes de que acabe la legislatura.

Los grupos nacionalistas han aprovechado el debate para reprochar al Ejecutivo que no escuche las demandas expresadas por la sociedad catalana el 27-S y reclamar que respete su derecho a decidir a través de un referéndum, en lugar de recurrir a "amenazas" con esta reforma del TC o la imputación de Artur Mas por convocar la consulta del 9-N en 2014.

A estos argumentos el PSOE ha añadido que con esta ley el PP "echa gasolina" y "alimenta" el "victimismo de los independentistas catalanes" a quienes en teoría "se quería debilitar". "Es una ley punitiva con un sólo destinatario", ha denunciado el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor.

Frente a las críticas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido que lo que se persigue es fortalecer el Estado de Derecho, porque "nadie puede estar al margen del cumplimiento la legalidad". Durante el debate, el PP ha defendido la reforma para "armar jurídicamente" a las instituciones frente al "golpe de Estado a cámara lenta" que pretende perpetrar Mas.

El portavoz popular en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha recurrido a esta definición del exvicepresidente socialista Alfonso Guerra sobre las intenciones de los soberanistas, a quienes ha acusado de convertir Catalunya en "una anomalía" y "una extravagancia".

Así ha respondido a los argumentos de, entre otros, Carles Campuzano, de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), quien ha tachado la reforma de "despropósito" que "hiere de muerte a un tribunal gastado y tocado", ha acusado a la "derecha española" de estar instalada en la deriva "autoritaria" y ha lamentado que ningún ministro haya asistido al debate en el pleno.

"La cuestión no es el presidente Mas, la cuestión son cerca de dos millones de personas que se han autodeterminado, que sentimentalmente hace tiempo que han desconectado", ha subrayado Campuzano, mientras Montserrat Surroca, de Unió Democrática, ha denunciado que Mas está sometido a un "auténtico juicio político" y ha abogado por la "política en mayúsculas" y el "diálogo".

"Una barbaridad y una falacia"

La advertencia del portavoz de ERC, Joan Tardá, ha sido clara: la mayoría soberanista en Catalunya logrará sus objetivos "a la catalana, pacífica y cívicamente", pese a las "amenazas" del PP. "No les tenemos miedo, ya pueden ir construyendo cárceles", ha recalcado tras preguntarse si se va a imputar junto a Mas a dos millones y medio de ciudadanos.

Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, la reforma es una ley "ad hoc" para Catalunya, que demuestra un "uso espúreo" del TC por parte del Gobierno, al que ha acusado de utilizar partidaria y electoralmente al Constitucional.

Y Joan Coscubiela (ICV) cree que las modificaciones previstas para garantizar el cumplimiento de las sentencias del TC son una "inmensa barbaridad" y una "falacia" con la que el Gobierno, "sin consenso", pretende "justificar su cobardía política" trasladando la responsabilidad a los tribunales.

En el Grupo Mixto, Compromis, CC, el BNG, Geroa Bai y Amaiur, han coincidido en que el problema catalán "no se resuelve con sentencias" ni con una "reforma exprés" del TC, sino con diálogo, mientras que Foro Asturias y UPN han votado con el PP en contra de las enmiendas que pedían su supresión.

Tras su rechazo la iniciativa se remite al Senado, donde ayer -antes de su aprobación- ya se designó la ponencia que debe tramitarla, lo que facilitará que pueda aprobarse antes de que acabe la legislatura.

Durante el debate se ha mantenido el guión previsto, salvo la expulsión del diputado de Amaiur Sabino Cuadra de la tribuna de oradores cuando no ha querido responder al emplazamiento de Posada y se ha negado a rectificar la "ofensa" que supuso hace dos semanas romper en la tribuna varias páginas de la Carta Magna.