Nada nuevo bajo el sol. La Mesa del Congreso ha frenado este martes las dos últimas solicitudes para crear una comisión de investigación sobre los presuntos negocios ilícitos de Juan Carlos I. De esta manera, PSOE, PP y Vox vuelven a aunar sus votos para rechazar por sexta vez en un año abrir una comisión parlamentaria relativa a las presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales cometidos por el emérito, investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por el presunto uso fraudulento de tarjetas black, blanqueo de capitales y el supuesto cobro de comisiones en la construcción del AVE a La Meca. 

El monarca, huido desde el pasado mes de agosto a los Emiratos Árabes, realizó hace poco menos de dos semanas una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria para evitar el delito fiscal.

Esta nueva información motivó dos iniciativas dirigidas a crear una comisión de investigación: una de los socios del Gobierno, sin la firma de Unidas Podemos, relativa a las presuntas irregularidades que afectan a Felipe VI y Juan Carlos I, entre otros miembros de la Familia Real, así como sus influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí; y otra del grupo confederal junto a la mayoría de partidos del bloque de la investidura sobre las irregularidades fiscales cometidas por el emérito en la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka de vuelos privados posteriores a su abdicación.

Unidas Podemos no se sumó a esta primera por ser "demasiado genérica", un aspecto que impediría cualquier visto bueno que pudiera producirse por parte de los letrados, quienes sí avalaron en enero por primera vez admitir a trámite una iniciativa para indagar sobre el uso de plásticos opacos por parte del exjefe de Estado tras dejar el cargo. Si bien, cabe destacar que ni el informe favorable del equipo jurídico de la Cámara Baja hizo cambiar de opinión a PSOE, PP y Vox. 

En este sentido, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, sostuvo que las solicitudes de comisión deben centrarse en las acciones de Juan Carlos I después de su abdicación y no descartó registrar una iniciativa en esta línea.

Tres días después, la propuesta se materializó: Unidas Podemos, ERC, PNV, JxCat, PDeCat, EH Bildu, BNG, Más País, Compromís y CUP pidieron abrir una nueva comisión parlamentaria basada en el "indudable interés público" que tiene la decisión del padre de Felipe VI de solicitar, por segunda vez en pocos meses, una nueva regularización tributaria millonaria y la "obligación" que tiene la Cámara Baja, como sede de la soberanía popular, "de arrojar luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas", sostienen fuentes del grupo morado.

Estos grupos, que suman más de 70 diputados, se amparan nuevamente en el artículo 52 del vigente Reglamento del Congreso, que recoge la posibilidad de crear comisiones parlamentarias "sobre cualquier asunto de interés público". Además, el objeto de la investigación apunta hacia unos hechos comprendidos entre 2009 y 2018, esto es, parte de ese periodo afecta a las actividades del emérito tras su abdicación en junio de 2014.

En concreto, "solo entre 2016 y 2018, cinco millones de euros procedentes de esta cuenta [Fundación Zagatka] se habrían destinado a pagar vuelos en jets privados del rey emérito", entre otros, para viajar al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi o a República Dominicana. Asimismo, el propio Álvaro de Orleans ha reconocido en conversaciones informales en un podcast de Spotify que la Fundación Zagatka está detrás del abono de esos vuelos privados y reconoce que se trataba mucho más que una ayuda. En esas conversaciones, también sostiene que transmitió a Juan Carlos I la necesidad de parar estos movimientos, tal como recogen estos grupos en su escrito dirigido a la Mesa.

"Al Congreso no le corresponde el control sobre la Corona"

En la presente legislatura, la XIV, Unidas Podemos, ERC, Bildu, el grupo Plural y el Mixto han presentado, tanto juntos como por separado, hasta nueve solicitudes concentradas en seis ocasiones para indagar sobre las presuntas actividades ilícitas del monarca. Y, hasta la fecha, los votos en contra del PSOE, PP y Vox en la Mesa han impedido abrir una comisión de investigación sobre esta cuestión.

Asimismo, tal como ha podido saber Público, los letrados han vuelto a emitir un informe desfavorable sobre las dos últimas peticiones, argumentando que los miembros de la Casa Real no están sujetos a control parlamentario. En este sentido, el equipo jurídico, como en otras ocasiones, ha vuelto a aludir al artículo 56.3 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del jefe del Estado, y al 65, en el que refleja que "el rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa que él distribuye libremente".

La semana pasada, el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, volvió a utilizar este motivo para explicar el voto en contra de su partido a estas solicitudes, que a su vez también es el criterio al que apela el PSOE cada vez que llega una iniciativa relacionada con la Familia Real a la Cámara Baja: "No le corresponde al Congreso el control de la acción de la Corona. Constitucionalmente no está establecido así. Esas presuntas irregularidades se tienen que que esclarecer y determinar el términos de responsabilidad en el ámbito de la Justicia y no aquí", señaló el dirigente socialista.