MADRID.- La entidad CaixaBank, perteneciente a la caja catalana que preside Isidre Fainé, se ha hecho con la concesión de los servicios financieros de las Cortes Generales al ganar el concurso con publicidad convocado por la institución parlamentaria a mediados del pasado año. CaixaBank ha comenzado a prestar sus servicios desde la semana pasada.

Además de prestar todos los habituales servicios que ofrece una oficina bancaria, entre ellos la gestión de los depósitos corrientes para los pagos de nóminas, tanto de los parlamentarios de ambas cámaras como de su personal técnico y administrativo, CaixaBank administrará las “cuentas de remanentes”, los fondos reservados de las Cortes Generales, el Congreso y el Senado que actualmente superan con creces los 210 millones de euros.

CaixaBank administrará las “cuentas de remanentes”, los fondos reservados de las Cortes Generales que actualmente superan con creces los 210 millones

La caja catalana ha sustituido al Banco de Santander, entidad que venía prestando esos servicios desde el año 2009 cuando, a su vez, ganó, en un procedimiento reservado, un concurso similar al BBVA que lo “heredó” de Argentaria desde su etapa e entidad pública. 

La resolución del concurso ha sido responsabilidad de las actuales Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado tras los informes de sus correspondientes comisiones de contratación. La decisión fue adoptada hace ahora un mes y el inicio de la nueva adjudicación, que tiene una duración hasta el 31 de diciembre de 2018, con prórrogas anuales hasta un total de seis años, arrancó la semana pasada. De hecho, este mismo lunes se han cambiado los cajeros automáticos en las dependencias del Congreso y del Senado.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Público que CaixaBank “ha ganado por estrecho margen, apenas unas décimas” frente al Banco de Santander. Al concurso se presentaron otras entidades que no tuvieron opciones de adjudicarse el concurso, según las mismas fuentes.

La decisión de las Cortes Generales no ha sentado nada bien a la entidad que preside Ana Patricia Botín, que ha recurrido por una doble vía el resultado del concurso. En primer lugar, el Santander presentó un recurso de reposición ante las Mesas de ambas cámaras solicitando la suspensión cautelar de la resolución del concurso. Este recurso fue rechazado por las Mesas de ambas cámaras el pasado día 26, según las citadas fuentes.

Durante la pasada concesión en manos del Banco de Santander, desde el año 2009, la retribución que recibían los importantes depósitos de las cuentas apenas llegaba al 1%

Además, el banco de Botín ha pedido una revisión de la valoración de los requisitos técnicos contemplados en el concurso por entender que no se han valorado bien su propuesta. “No se ha resuelto todavía porque hay un mes para hacerlo, pero es improbable que haya cambios porque en este proceso se han seguido pasos muy meticulosos”, explican las fuentes consultadas por Público.

El tipo de interés ofrecido por CaixaBank ha sido mejor que el planteado por el Banco de Santander “muy en línea con lo que ofrece el mercado actualmente”, agregan las fuentes. Otros portavoces consultados por este diario apuntan a que el interés que pagará la entidad catalana será el Euribor más una ligera subida. “El Santander ofreció menos”, añaden.

Durante la pasada concesión en manos del Banco de Santander, desde el año 2009, la retribución que recibían los importantes depósitos de las cuentas de remanentes del conjunto de las Cortes Generales apenas llegaba al 1%, una cifra que fue considerada “muy baja” por los anteriores responsables de la institución parlamentaria. Incluso se llegó a considerar que la entidad presidida entonces por Emilio Botín estaba siendo financiada por la institución parlamentaria en una época en la que el mercado pagaba intereses más elevados.

El pasado año las Cortes Generales almacenaban alrededor de 67 millones de euros en su propia cuenta de remanentes tras aumentarla en casi 2,5 millones en el ejercicio de 2014; actualmente está pendiente de contabilizar el remanente acumulado durante el pasado año de 2015.

Las Cortes no deben devolver al Tesoro Público la parte del presupuesto no ejecutado, como ocurre con cualquier otro estamento de la Administración General del Estado. A cambio, no pueden endeudarse

El Senado, por su parte sumaba en su particular fondo más de 50,5 millones de euros tras recibir 4 millones correspondientes al ejercicio de 2014. Finalmente, la cuenta del Congreso de los Diputados acumulaba prácticamente en torno a 90 millones, una cantidad que aumentó en casi 7 millones de euros al cerrar el ejercicio de 2014. Ambas cámaras están pendientes de sumar sus “remanentes” acumulados durante 2015.

Todas esas cantidades suman más de 210 millones en el conjunto de las tres instituciones parlamentarias. Las aportaciones anuales han sido constantes e importantes durante los últimos años, en plena crisis económica. Estas cantidades equivalen, en términos generales, al presupuesto del conjunto de las instituciones parlamentarias durante todo un año.

Estos particulares “fondos reservados” tienen su explicación formal en la autonomía presupuestaria que fija la Constitución, en su artículo 72.1, para la institución parlamentaria. En función de ese criterio no debe devolver al Tesoro Público la parte del presupuesto no ejecutado, como ocurre con cualquier otro estamento de la Administración General del Estado. Por el contrario, no tiene capacidad de endeudarse como sí ocurre con otras instancias públicas.