Junts reactiva su confrontación con las izquierdas y alardea de su apoyo a las energéticas

Después de un toma y daca kilométrico entre las fuerzas de izquierdas y de derechas que conviven dentro de la mayoría de investidura, cada vez más fracturado, el impuesto a las empresas energéticas terminó decayendo el pasado miércoles, día 22 de enero. Junts per Catalunya y PNV se mantuvieron firmes en su posición contraria a la tasa y la tumbaron junto con los votos de Partido Popular, Vox y UPN.

Este miércoles, una semana después de la caída del decreto, Repsol dio luz verde a su inversión de 800 millones de euros en la Ecoplanta de Tarragona y los de Carles Puigdemont lo han celebrado poniendo en valor lo que consideran una "acción política clave" en el Congreso contra PSOE, Sumar, Comuns, Esquerra Republicana y el resto de partidos que "han puesto la inversión en riesgo" por tratar de sacar adelante el tributo.

Josep Maria Cruset, diputado de los posconvergentes, ha asegurado que "los votos de Junts per Catalunya han sido decisivos para garantizar esta inversión y ponerlos al servicio del territorio y del país" y ha afeado los reiterados intentos —finalmente, frustrados— de las izquierdas para sacar adelante la tasa. Es un extremo que niegan en rotundo tanto las fuentes consultadas de Comuns, como de las de ERC.

Junts defiende que sus votos han sido decisivos para salvar la inversión de Repsol en Catalunya

Un diputado de los republicanos es tajante. "Junts miente", afirma en conversación con Público. Fuentes de los Comuns, también en declaraciones a este medio, aclaran que "saludan" las inversiones de Repsol en Tarragona, pero que en absoluto "compran el relato de Junts". Ambas formaciones coinciden en que la inversión de la energética en Catalunya "se habría hecho igualmente".

El diputado de ERC desarrolla su argumento. "Hay que tener en cuenta que este era un impuesto a beneficios y no a facturación o a inversión. Igual que una persona paga con respecto a aquello que gana, las empresas han de hacer lo propio. Además, en España ya existe una serie de ayudas públicas para las compañías cuya actividad reporta beneficios para la ciudadanía". En el caso de las energéticas suele tener que ver con la apuesta por la descarbonización.

"Lo que han conseguido Junts, PNV, PP o Vox es que las empresas energéticas paguen menos impuestos por sus beneficios, además de recibir esas ayudas". E insiste: "La inversión se hubiera hecho igual y Junts lo que ha conseguido es que millones de euros no acaben en las arcas públicas".

Las izquierdas niegan la versión de Junts e insisten en que la inversión se habría hecho igual porque "responde a una estrategia global"

Es la misma línea que defienden en Podemos. Para los morados, el anuncio de Repsol "evidencia que las empresas energéticas poseen un capital sobrado para hacer frente al pago de un impuesto permanente a las energéticas". Recuerdan, además, que las empresas que tuvieron que pagar el impuesto el año pasado tuvieron unos beneficios de 10.000 millones de euros, mientras que el dinero destinado al impuesto solo ascendió a los 1.200.

Desde Podemos denuncian que Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, y el resto de directivos de las grandes energéticas "se están enriqueciendo a costa del Estado" y les animan a "dejar de vivir de 'paguitas' y poner en marcha un negocio rentable por el que tributen los impuestos correspondientes".

"La inversión no responde a una negociación de Junts"

Los Comuns también atacan frontalmente la versión que ha defendido Cruset este miércoles. "La inversión se hubiera hecho igual con o sin impuesto porque responde a una estrategia industrial global, no a una negociación con Junts", asevera Fèlix Alonso, diputado del partido dentro del grupo de Sumar: "No han salvado nada porque no tenían nada que salvar". Cruset acusa a los partidos catalanes y a la Generalitat de no haberse movido para salvaguardar la inversión de Repsol.

"Lo que ha hecho Junts", insiste Alonso, "es ser el lobby parlamentario de una empresa multimillonaria". "Han comprado el chantaje fiscal de Repsol sin cuestionar nada, mientras que la compañía destina 10.000 millones de euros a sus accionistas y solo paga 335 de impuestos. [El tributo] no sería un castigo, sino justicia fiscal: que una pequeña parte de los beneficios extraordinarios de esas empresas revierta en la mayoría social y el territorio".

Desde el primer momento, el impuesto a las energéticas se perfiló como uno de los más claros campos de batalla entre los aliados de izquierdas y derechas de Sánchez. "Batalla", de hecho, es la palabra que han elegido los de Puigdemont para definir su acción en el Congreso con la que han terminado torpedeando el impuesto. El Gobierno se comprometió con ERC, EH Bildu y BNG a aprobar un decreto con la tasa y con Podemos acordó conformar una mesa con todo el bloque de investidura para avanzar hacia un nuevo tributo permanente.

Lo primero lo cumplió, aunque a medias. Aprobó el decreto, pero no pudo evitar que lo tumbaran PP, Vox, Junts, PNV y UPN. Con Podemos no cumplió. En la mesa de negociación acordada no se sentaron ni posconvergentes ni jeltzales. Los aliados de izquierdas terminaron conviniendo en que el Gobierno no había hecho todo lo que estaba en su mano para sacar adelante el impuesto. Algunos, como Podemos, con más ahínco. Otros, como EH Bildu, son más comprensivos y reconocen las limitaciones del Ejecutivo en una mayoría parlamentaria que "sirve para bloquear el paso a un Gobierno de PP y Vox", pero "que no es de izquierdas". 

En cualquier caso, incluso una vez fulminado, el tributo persiste como un polo de fricción entre las dos alas del bloque de investidura. Un impuesto que, tal y como repiten una y otra vez las izquierdas, solo iba a afectar a las compañías energéticas más grandes —Endesa, Cepsa, Naturgy, Iberdrola y Repsol— y que no hubiera impedido la inversión de Repsol. Para Junts, sus siete diputados en el Congreso han sido decisivos para salvarla.

Tanto ERC, como Comuns o Podemos han mantenido desde el primer momento que es la cercanía de Junts con las grandes energéticas lo que ha llevado a los de Puigdemont a oponerse de lleno al impuesto y a defender con uñas y dientes su caída. Ahora, ven en las declaraciones de Cruset la confirmación de su argumento. "No les preocupa la gente, solo el poder económico", deslizan desde los Comuns: "Sus votos sirven para proteger los beneficios privados de unas élites".

Con todo, en un primer momento parecía que podían ensayarse algunas vías para no dar por perdido el tributo, pero, en estos momentos, todo indica que el Gobierno ha dado por cerrada la carpeta al comprobar que no tiene los apoyos suficientes.