La ley para regular los 'lobbies' prosigue su tramitación en el Congreso

El PSOE, Sumar y parte de sus aliados parlamentarios han avanzado este martes en el Pleno del Congreso su rechazo a la enmienda de totalidad presentada por Vox para devolver al Gobierno la ley que regula las actividades de los lobbies en el ámbito político, una norma que podrá así proseguir su tramitación parlamentaria.

El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha defendido esta regulación como "imprescindible en tiempos de antipolítica y polarización", ha subrayado que en España hay más de 9.000 organizaciones de este tipo que deben ejercer su "legítima actividad" con unas "reglas de juego claras" y que son ellas mismas las que reclaman que se "arroje luz" sobre sus actividades e influencia.

El proyecto de ley define qué es un grupo de interés, cuáles son sus actividades de influencia, delimita el personal público susceptible de recibir dicha información y crea un registro de lobbies público y obligatorio que gestionará la Oficina de Conflicto de Intereses. También establece un código de conducta para los grupos de interés en su relación con los altos cargos y con el personal público, incorpora la huella legislativa de sus aportaciones y fija un régimen sancionador.

Para López, "no aprobar esta norma sería permanecer en el pasado", pues los lobbies "no son ninguna caricatura conspiranoica" como, en su opinión, deja entrever Vox en su enmienda de totalidad, "sino organizaciones de la sociedad civil".

El ministro ha cargado contra los de Santiago Abascal por querer "boicotear" la ley con el argumento de que no considera grupo de interés a partidos políticos, sindicatos y patronales, organizaciones empresariales y les ha recordado que todos ellos están "perfectamente amparados y protegidos por la Constitución como instituciones fundamentales".

"Vox, la fundación Disenso o el sindicato Solidaridad son incompatibles con la transparencia", ha rematado Óscar López, en referencia a las entidades vinculadas al partido de Abascal, al que considera un "caballo de Troya contra los valores europeos".

"Es usted la mentira andante convertida en ministro", le ha replicado el diputado de Vox, José María Sánchez García, nada más subir a la tribuna. Después, ha criticado que se pretenda crear un registro dependiente de la administración y que sea ésta también la encargada de aplicar sanciones.

Néstor Rego, del BNG, ha censurado que se quiera "legalizar la figura del lobista profesional" que ejercen muchos "ex altos cargos del bipartidismo tradicional" cuando, en su opinión, sería mejor prohibir su actividad de los grupos de interés en el ámbito político. También ha criticado que se trate igual al lobby que defiende la implantación de la multinacional Altri en Palas de Rei (Lugo) que a las asociaciones de vecinos que la rechazan.

"O hay cambios importantes o no apoyaremos la ley", ha avisado, aunque también se opone a la enmienda de totalidad de Vox, igual que Podemos, cuya diputada Martina Velarde, ha anunciado que presentará enmiendas para mejorar el proyecto del Gobierno.

Esquerra Republicana ha reconocido la necesidad de regular la labor de los grupos de presión, pero ha exigido que después esta ley se aplique con diligencia y no sea una "coartada" para hacer un "teatrillo de la transparencia" pero en el fondo "no hacer nada". "Seremos muy exigentes, no queremos que sea papel mojado", ha advertido Francesc Marc Álvaro Vidal, quien ha exigido un régimen sancionador "bien acotado" y una obligación de registro "muy clara".

También el PNV ha rechazado devolver la iniciativa legislativa al Gobierno y, por boca de su diputado Mikel Legarda, ha tachado de "endebles, inconsistentes e inconvenientes" de Vox, a cuyo diputado ha recriminado que haya llevado su "farfolla" la hemiciclo. La misma palabra ha utilizado Francisco Sierra, de Sumar, que ha defendido la ley del Gobierno y ha acusado a Vox de "tecnofeudalismo".

El socialista José Luis Aceves ha rebatido las críticas de Vox explicando que son las normas europeas las que no consideran grupos de interés a partidos, sindicatos o patronales y achacando a los de Abascal una "cruzada fascistoide" contra ellos a la vez que crean un "sindicato vertical", en referencia a Solidaridad.

Ángel Ibáñez, del PP, ha recriminado al Gobierno la "celeridad" con la que quiere ahora regular un asunto que su grupo ya planteó hace tiempo y se ha mostrado muy crítico con la norma por dejar fuera a los sindicatos, aunque el propio Gobierno, según ha dicho, se había comprometido a incluirles. También ha afeado que la ley sólo fije "obligaciones para los grupos de interés, pero no para los responsables de tomar decisiones" y que deje las sanciones en manos de un organismo que depende del propio Ejecutivo.