El nuevo consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha defendido que la actuación por la que ha sido inhabilitado como miembro de una administración concursal es una "práctica habitual" en estos procesos y ha decidido poner su caso en manos de la Comisión de Ética del Gobierno vasco.

Toña señala en un comunicado que esta mañana ha ofrecido "todas las explicaciones" sobre esta decisión judicial al lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, y adelanta que también acudirá al Parlamento vasco a dar cuenta, después de que el PP, EH Bildu y UPyD hayan pedido ya su destitución.

No obstante, subraya que la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que le condena a 18 meses de inhabilitación como miembro de una administración concursal es una "decisión de carácter mercantil" y no una "sentencia penal", por lo que ha defendido que "no se puede hablar de condena".

Toña ha emitido este comunicado un día después de su nombramiento, cuando se ha conocido que la Audiencia ha estimado los recursos de apelación interpuestos por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y cinco trabajadores contra una sentencia anterior, y ha condenado a la administración concursal de las empresas Fundifes, Otsalia XXI y Bator Gestión 2004, que son de un mismo grupo empresarial.

El consejero, que formaba parte de esa administración concursal, ha indicado que este proceso se inició en el año 2007 y que, en todo momento, la labor de las personas que conformaban esta administración "fue priorizar la continuidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo".

"Esta es la práctica habitual en la administración concursal, así se ha obrado en este caso y así ha sido reconocido por los propios representantes de los trabajadores", ha señalado.

Por todo ello, Toña ha optado por elevar a la Comisión Ética Pública del Gobierno Vasco "toda la información que permita adoptar una decisión a la mayor brevedad posible".

Aunque Toña ha sido condenado en un proceso mercantil antes de ocupar su cargo de consejero, el código establece que la comisión ética será la encargada de emitir una recomendación en el caso de que el cargo público esté inmerso en un hecho de "singular relevancia pública".

En uno de los artículos de este código se habla de "ejemplaridad" en la actuación de todos los cargos públicos y se indica que éstos "deben evitar cualquier acción u omisión que perjudique, siquiera mínimamente, el prestigio, la dignidad o la imagen institucional" de la Administración vasca.

Toña aceptó el cargo de consejero después de ser notificado de la resolución de la Audiencia. 

"Ignoró las constantes resoluciones judiciales"

La sentencia recoge que la negativa de Toña como administrador concursal a pagar la deuda a las deudas a la Seguridad Social, a lo que se opuso de modo sistemático y reiterado, provocó un impago que “ha alcanzado dimensiones exorbitantes”. El administrador “ignoró las constantes resoluciones judiciales” para que se pagara el crédito con la Seguridad Social y de los trabajadores sin que conste que haya dado explicaciones satisfactorias al juez del Concurso de acreedores y ni a la Tesorería.

Los impagos a la Seguridad Social y a los trabajadores comenzaron entre el año 2006 y 2007 con el fin de dar continuidad a las empresas, radicadas en Durango, al considerar que tenían viabilidad. Pero todos los proyectos fracasaron por la crisis económica y el 5 de junio de 2007 se inició la liquidación.

La Audiencia asume los argumentos de la Tesorería sobre el impago del “importantísimo” crédito, entre los que se encuentra que la Seguridad Social es la que “en definitiva corre conjuntamente con ciertos trabajadores aquí recurrentes con la frustración económica de las expectativas fallidas”.

La sentencia obliga a los administradores a reordenar los pagos efectuados, exigiendo la devolución de algunos de ellos para atender a los requerimientos de la Tesorería de la Seguridad Social, a la que adeudan 3,25 millones de euros, y a cinco trabajadores personados, a los que se les deben unos 50.000 euros.