BILBAO.-  El nuevo consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Ángel Toña Guenaga, accedió ayer a su cargo en Vitoria cuando había sido inhabilitado 18 meses como administrador concursal por cambiar el orden de los pagos de unas empresas que administraba, de tal manera que postergó la deuda pendiente con la Tesorería General de la Seguridad Social y la deuda con al menos cinco trabajadores.

Ángel Toña tomó ayer posesión de su cargo ante el lehendakari, Iñigo Urkullu, en sustitución de Juan María Aburto. La sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia está fechada el 8 de enero de 2015 y fue notificada enseguida a las partes: Toña, la Seguridad Social y los once trabajadores que recurrieron.

La sentencia de la sección cuarta condena a Toña como miembro de la administración concursal de las empresas Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004 a 18 meses de inhabilitación para ser nombrado como administrador de concurso. La administración concursal de estas empresas en el procedimiento voluntario 334/06-N estaba formada por Toña y otras dos personas.

La inhabilitación no le impide ejercer un cargo público, como ser consejero de Empleo, pero el motivo de la medida sí que afecta a su ámbito que dirige como administrador público.

En concreto, Ángel Toña ha sido condenado por cambiar el orden de los pagos durante la liquidación de las empresas que administraba, de tal manera que postergó la deuda pendiente con la Tesorería General de la Seguridad Social y la deuda con al menos cinco de los once trabajadores que han recurrido. De esta manera, incumplió el artículo 154 de la Ley Concursal, antes de la reforma de 2011.

Los impagos comenzaron entre el año 2006 y 2007 con el fin de dar continuidad a las empresas, radicadas en Durango, al considerar que tenían viabilidad por una operación inmobiliaria en ciernes, la cartera de clientes y por la existencia de unos inversionistas que parecían interesados en adquirirlas como un todo. Sin embargo, todos estos proyectos fracasaron por la crisis económica desatada a partir de 2007 y el 5 de junio se inició la liquidación de la empresa.

La sentencia recoge que la negativa de Toña como administrador concursal a pagar la deuda a las deudas a la Seguridad Social, a lo que se opuso de modo sistemático y reiterado, provocó un impago que “ha alcanzado dimensiones exorbitantes”. El administrador “ignoró las constantes resoluciones judiciales” para que se pagara el crédito con la Seguridad Social y de los trabajadores sin que conste que haya dado explicaciones satisfactorias al juez del Concurso de acreedores y ni a la Tesorería.

La Audiencia asume los argumentos de la Tesorería sobre el impago del “importantísimo” crédito, entre los que se encuentra que la Seguridad Social es la que “en definitiva corre conjuntamente con ciertos trabajadores aquí recurrentes con la frustración económica de las expectativas fallidas”.

La sentencia obliga a los administradores a reordenar los pagos efectuados, exigiendo la devolución de algunos de ellos para atender a los requerimientos de la Tesorería de la Seguridad Social, a la que adeudan 3,25 millones de euros, y a cinco trabajadores personados, a los que se les deben unos 50.000 euros.