Aunque más tímido en otras ocasiones, el Consejo de Europa ha propinado un nuevo 'tirón de orejas' público a España por su falta de avance en algunos campos en la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo que criticaba la laxitud en lo referente al control de las puertas giratorias, también ha puesto en cuestión la independencia del poder judicial del país en algunos campos, afirmando que su politización es "a ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la Judicatura".

Así lo ha mostrado en un informe centrado en evaluar a las altas instancias gubernamentales y las fuerzas del orden al respecto, publicado por el Grupo de Estados contra la Currupción (Greco), organismo dependiente de la institución.

Junto a este texto, también ha visto la luz otro informe, en este caso analizando el grado de cumplimiento que España guardaba sobre algunas medidas en el terreno judicial que el Consejo le había instado a cumplir años atrás. 

Dudas sobre un "sistema laxo" con las puertas giratorias

En lo referente al campo político y gubernamental, el Greco recomendó al Gobierno español que un organismo independiente revise la legislación sobre las limitaciones de "puertas giratorias", tras el cese de un alto cargo del Ejecutivo, y las refuerce si es necesario.

Para los expertos de la organización paneuropea, "la arquitectura de los estándares sobre puertas giratorias está razonablemente desarrollada sobre el papel", pero "lo que mina la credibilidad del sistema es su funcionamiento". 

La Oficina de Conflictos de Intereses ha emitido desde 2006 un total de 525 autorizaciones para la reincorporación al sector privado y sólo 11 se han rechazado. Con un 98 % de autorizaciones, "surgen dudas" sobre si existe un "sistema laxo de autorizaciones", apunta el informe.

El Greco recomienda que se adopten normas sobre los contactos de altos cargos con los grupos de presión que "tratan de influir en el trabajo legislativo del Gobierno" y que se divulguen los asuntos abordados en esas reuniones.

Los nombramientos del CGPJ 'manchan' el avance judicial

En terreno judicial, el Greco reconoció "algunos avances" de España al respecto. Sin embargo, el informe lamentaba al mismo tiempo que el Parlamento haya "fracasado" en la necesidad de eliminar la elección del Consejo General del Poder Judicial por políticos, asegurando que ese es el principal fallo que todavía pone en cuestión la independencia del sistema judicial entre la ciudadanía. 

Más allá de este aspecto, al haber cumplido totalmente dos de las once recomendaciones realizadas y parcialmente otras ocho, el Greco retira a España de la categoría de cumplimiento "globalmente insatisfactorio" que le asignó en el anterior informe, publicado en enero de 2018.

El informe también asegura que la puesta en marcha de la Comisión de Ética Judicial, tras la adopción de un Código de conducta para jueces en 2016, "confirma el compromiso del Poder judicial español de respetar unas normas éticas estrictas". Añade que el trabajo consultivo "proactivo" de la citada comisión desde su creación "es encomiable".

Modificar el aforamiento y otras recomendaciones

Además de estas medidas, en ambos informes también se solicitan otras cuestiones notorias como la modificación del "aforamiento" para "no obstaculizar la acción penal contra miembros del Gobierno" sospechosos de corrupción. Según el informe, la supervisión y rendición de cuentas "son las dos áreas en las que España debe prestar mayor atención".

En cuanto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, aconseja elaborar una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción, revisar los criterios de concesión y retirada de complementos, y estudiar los conflictos de intereses al dejar el servicio activo.

A la Benemérita se le pide un Código de Conducta como el que tiene la Policía Nacional y se solicita a ambos cuerpos una revisión completa de los procedimientos de denuncia de irregularidades y del régimen disciplinario, para hacerlos más transparentes.