La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quiso bajar el nivel de enfrentamiento que existe en el Ejecutivo por la denominada ley 'trans" y aseguró que está cada vez más cerca de que llegue al Consejo de Ministros, "pero lo haremos bien y en el marco de la Constitución", dijo.

Calvo, en contra de lo manifestado por el Ministerio de Igualdad, que dijo que sólo había hecho aportaciones al anteproyecto la Vicepresidencia del Gobierno, asegura que hay otros ministerios del Gobierno que tienen que pronunciarse sobre esta ley, y citó en concreto los ministerios de Educación, Sanidad y Justicia. 

La vicepresidenta dijo que el Ejecutivo cumplirá con este compromiso pactado en el acuerdo para el Gobierno de coalición, pero apuntó que su tramitación requiere un tiempo razonable, "para que tenga una alta calidad normativa y, sobre todo, seguridad jurídica", dijo. En este sentido, dio a entender que no llegará al Consejo de Ministros antes del 8 de marzo, que era una de las pretensiones que tenía el Ministerio que dirige Irene Montero.

Calvo se refugió una y otra vez en que este anteproyecto es complicado y dijo que, como otros, "tienen que estar macerando". En este sentido, destacó que a la Comisión Delegada de Subsecretarios que prepara el Consejo de Ministros, tienen que llegar los proyectos muy maduros, "y, para ello, tiene que haber mucho trabajo previo, sobre todo, cuando afecta a varis ministerios", afirmó.

La vicepresidenta destacó que es un normativa muy importante que va a poner en todo lo alto del debate público la protección de todos los colectivos LGTBI, "y será una gran y positiva noticia", dijo.

Calvo negó que estas diferencias se pudieran atribuir a que el Ministerio de Igualdad estuviera en manos de Unidas Podemos, y dijo que para ella no existen ministerios de uno u otro partido. Pero insistió en su planteamiento para justificar el retraso en su tramitación: "Es una ley especialmente importante para este Gobierno, que necesita este país, y que vamos al alcanzar de una manera equilibrada en dos cosas: proteger los derechos de los colectivos LGTBI y hacerlo con plenas garantías para el tráfico jurídico y para que no tenga ningún problema constitucional", añadió.