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La Conselleria de Oltra denunció 189 casos diferentes de abusos a menores tuteladas el mismo año que se acusó a su exmarido

Juez y fiscal preguntaron una docena de veces a Mónica Oltra sobre las motivaciones de la derivación de la menor abusada, pero esta es una decisión protocolaria que se tomó hasta un millar de veces entre 2015 y 2019.

Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau en les Corts.
Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau en les Corts. EFE / archivo

"Preguntada acerca de cómo entiende usted que (...) la psicóloga no emita informe alguno sino una mera diligencia y nadie se plantee derivar a[la menor abusada] al Instituto Espill, manifiesta [Mónica Oltra] que es una decisión que se toma en ese momento". Este párrafo, extraído de la declaración de la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra en el juzgado de instrucción número 15 de València el pasado lunes, es un ejemplo de la meticulosidad, tanto del juez como del fiscal, para tratar de entender quién y por qué tomó cada decisión en el proceso abierto tras la denuncia de, entonces presuntos, abusos sexuales formulada por una menor tutelada en el centro Niño Jesús, concertado por la Generalitat.

Hasta una docena de veces se pregunta y repregunta esta cuestión u otros puntos estrechamente relacionados con esta, seguramente la más clave a la hora de intentar dilucidar si, efectivamente, hubo un intento desde la entonces consellera de intentar ayudar a su exmarido a salir exculpado.

Y en todos los momentos, Oltra responde con el mismo argumento: este tipo de decisiones no se toman a nivel político, sino a nivel técnico, por parte de funcionarios según su "saber y entender". Así es la coletilla que se repite en diversas de las respuestas. Esto no se debe a que Oltra tuviera un "deber de abstención" en las decisiones relativas al centro de menores donde trabajaba un familiar suyo, sino porque, sencillamente, a este nivel las decisiones se toman por parte de los técnicos –sean educadores, psicólogos o abogados- sin interferencias políticas. "Como si la consellera de Sanidad supiera como se programan los quirófanos", en el símil que la misma Oltra usó diversas veces en su declaración.

Casi un millar de derivaciones

El símil tiene algo de acertado cuando se ven los números. Según la memoria de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, entre 2015 y 2019, las diferentes direcciones territoriales efectuaron 956 derivaciones de niños y adolescentes en el servicio específico de abusos a la infancia. Solo en el 2017, el año en que se supieron los abusos en el centro del Niño Jesús, fueron 189, 105 de las cuales en la provincia de València. Una cifra que queda dentro de la media, entre el récord de 228 casos de 2016 y el mínimo de 144 de 2019.

Estas cifras incluyen todas las sospechas de abusos, sea de las mismas familias de los menores –uno de los motivos de la tutela-, entre menores o terceros actores, incluyendo educadores. Aunque la memoria no desgrana las tipologías de los casos, en 2021 sí que se hizo en sede parlamentaria a raíz de las acusaciones del PP, ya con el caso Oltra encima de la mesa. Entonces, con 175 casos se especificó que 101 eran familiares de los menores, mientras que solo dos eran trabajadores relacionados con los menores, aunque ninguno del sistema de protección.

En todos estos casos, los técnicos de la Conselleria decidieron derivar a menores tutelados a entidades colaboradoras de la Conselleria como el Instituto Espill –quien atendió a la menor que ahora se investiga- u otras similares. En todos los casos –según fuentes de Conselleria- se siguieron las normativas y protocolos vigentes y se colaboró, si se consideró necesario, con la Fiscalía, sin que hubiera intervención de cargos políticos.

Educadores del sistema de tutela de menores, consultados por Público aseguran que "en caso de sospecha de abusos se avisa automáticamente a Conselleria y se activa el protocolo, ya que las direcciones de los centros no quieren esta patata caliente ni que les acabe salpicando". De estos casos solo llegan a Fiscalía los más graves, ya que "muchas veces no pasa de unos tocamientos entre los menores".

Uno de los educadores consultados recuerda "un caso de denuncia por abusos sexuales a un educador que finalmente fue archivada al considerar, los expertos, que la menor mentía, pero, aun así, el educador acabó dejando el trabajo por la presión recibida y por la dureza del protocolo de investigación".

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