El Tribunal Constitucional (TC) avala el grueso de la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 al rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Navarra. En concreto, nueve magistrados del Consejo han votado a favor de que el contrato de apoyo a emprendedores, que permite la contratación con un año de pruebas sin indemnización por despido para empresas de menos de 50 trabajadores, frente a tres integrantes del alto tribunal que la han rechazado, concretamente la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asúa; Fernando Valdés y Luis Ignacio Ortega, todos ellos de corte progresista.

Además, el Constitucional avala el descuelgue de convenios, es decir, la inaplicación de los convenios en puntos concretos o en su totalidad, además de que ve legal priorizar el convenio de sector frente al de cada empresa. El Parlamento navarro no cuestionaba este aspecto, sino la posibilidad que contempla la ley de que en aquellos casos en los que no hubiera acuerdo por las partes interviniese una Comisión Consultiva Nacional de Convenio Colectivo para arbitrar el conflicto y adoptar una decisión. Una medida que el propio presidente del TC, el conservador y militante del PP Francisco Pérez de los Cobos, propuso en un artículo de 2010 junto a su colega Xavier Thibault, que fue nombrado Director General de Empleo cuando el PP empezó a gobernar.

La sentencia del TC aún no está redactada y se publicará en los próximos días, contando con un voto particular. Esta decisión del pleno del TC ha sido criticada por los sindicatos CCOO y UGT, que consideran que 'menoscaba gravemente el derecho a la negociación colectiva'.  Sobre las medidas referentes a la negociación colectiva, los sindicatos aseguran que equivalen a 'retrotraernos a la época franquista de las relaciones laborales'.

Sobre ese asunto, UGT y CCOO presentaron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo Comité de Libertad Sindical aceptó. El organismo de Naciones Unidas para asuntos laborales criticó el debilitamiento de los derechos libertad sindical y de negociación colectiva y echaba en cara a Rajoy que pusiera como excusa la crisis económica para sacar adelante su reforma. Sin embargo, el Ejecutivo ignoró este pronunciamiento y ahora lo avala el Constitucional.

Pero el aval que más indignación ha causado en las centrales sindicales ha sido el del contrato de apoyo a emprendedores, que permite que un empleado sea despedido al cabo de un año sin recibir ningún tipo de indemnización. Una medida que, según un juzgado catalán, contraviene la Carta Social Europea en lo referente al 'derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo'. CCOO y UGT advierten de que esta modalidad fomenta 'la rotación aún mayor si cabe en el mercado de trabajo, y que los trabajadores y trabajadores de este país no puedan desarrollar una vida con estabilidad' ante la incertidumbre que genera.

También critican que éste sea el tercer pronunciamiento sobre aspectos parciales de la reforma laboral, en lugar de acumular los distintos recursos de inconstitucional presentados por diferentes instancias.

Ambas organizaciones estudiarán reclamaciones a nivel internacional una vez que conozcan la sentencia. El Alto Tribunal aún tiene que decidir sobre otro recurso contra varios aspectos que presentó el Grupo Parlamentario Socialista y la Izquierda Plural.