El Constitucional revisará la amnistía tras la admisión del recurso del Supremo

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la Ley de Amnistía, apartando al magistrado y exministro Juan Carlos Campo, quien solicitó su abstención en este caso. El Pleno del TC aceptó su petición tras considerar su implicación previa como ministro de Justicia.

La admisión de la cuestión llega tras la solicitud de la Sala de lo Penal del Supremo, cuyo ponente es el magistrado conservador Ricardo Enríquez. La Sala presentó la cuestión a finales de julio, argumentando que la Ley de Amnistía podría entrar en conflicto con derechos constitucionales, como el de igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, en relación con el delito de desórdenes públicos.

El origen de la cuestión se remonta a la revisión de dos recursos que implicaban a tres personas condenadas por desórdenes públicos y atentado durante las protestas en Girona y Barcelona tras la sentencia del procés, emitida en octubre de 2019. El Supremo cuestionó si la ley de amnistía es compatible con la Constitución al aplicarse en estos casos.

El TC ha suspendido de manera automática el procedimiento relacionado con estos casos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Fuentes jurídicas han señalado que el proceso puede ser largo, con una resolución que podría tardar entre seis y ocho meses, o incluso un año.

Esta admisión por parte del TC ocurre el mismo día en que vence el plazo para recurrir la Ley de Amnistía, una norma que en los últimos días ha acumulado numerosos recursos, especialmente de gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP). El Tribunal Constitucional dará prioridad a la cuestión planteada por el Supremo, dado su origen en el máximo tribunal del país.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso también lanzó este lunes ante el TC su recurso contra la ley de amnistía. Inicia así la escalada de las comunidades del PP contra una norma que rechaza el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo. Génova ha lanzado una ofensiva, una estrategia conjunta, a la que se han sumado las 11 autonomías gobernadas por los populares.

El recurso del PP, presentado recientemente, será estudiado el 24 de este mes, con el conservador José María Macías como ponente. Este recurso será seguido por otros presentados por comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón y Murcia, así como por Castilla-La Mancha, bajo gobierno socialista.

En relación con la composición del TC, se ha aceptado la abstención de Juan Carlos Campo debido a su rol como ministro de Justicia, cuando firmó los indultos a líderes independentistas y declaró la inconstitucionalidad de una futura amnistía. Esta decisión deja al bloque progresista con una mayoría de seis a cinco en el tribunal.

Por otro lado, cuando el recurso del PP llegue a estudio, se deberá analizar la solicitud de este partido para que también se aparten el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díez, ambos con conexiones previas con el gobierno de Pedro Sánchez, lo que según el PP podría comprometer su imparcialidad.