El Constitucional trata de blindarse de las recusaciones de la derecha en torno a la ley del aborto de Zapatero

Este martes, casi 13 años después, el Tribunal Constitucional (TC) aborda el recurso de inconstitucionalidad sobre la vigente ley del aborto, presentado por el PP en 2010 por entender fuera del marco constitucional que protege el derecho a la vida la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 primeras semanas de gestación. 

La primera cuestión que abordará el tribunal con su estrenada mayoría progresista es si admite o no las recusaciones formuladas por varios diputados del PP, entre ellos, el exministro de Defensa Federico Trillo, contra una de las leyes estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley de plazos, que sustituyó a la ley de supuestos de 1985, del ejecutivo de Felipe González.

Cinco de aquellos 71 diputados que hace 13 años presentaron el recurso de inconstitucionalidad hoy quieren que se aparten de su deliberación Cándido Conde-Pumpido, por haber sido fiscal general del Estado cuando se aprobó la norma; Juan Carlos Campo, que era por entonces secretario de Estado de Justicia; Inmaculada Montalbán, por haber sido vocal del CGPJ en aquella época y, por tanto, haber participado en el dictamen del Consejo sobre el anteproyecto de ley; y con idéntico motivo recusan a Concepción Espejel. 

Sin embargo, Espejel se ha abstenido, es decir, se ha apartado voluntariamente de la mencionada deliberación. Este martes el pleno del TC estudiará si su abstención está justificada. 

Presiones desde la ultraderecha

Se da la circunstancia de que de salir adelante las tres recusaciones más la abstención, el Constitucional no tendría quorum suficiente, es decir, no podría quedar constituido el pleno, ya que la ley dice que deben ser un mínimo de ocho magistrados los que conformen el pleno. En caso de prosperar, el tribunal se quedaría con siete miembros puesto que en estos momentos son 11 y no 12 los magistrados que lo componen. 

Fuentes del TC avanzan a este diario que el presidente invocará la falta de quorum para rechazar las recusaciones, pero no solo eso: cuestionará que cinco exdiputados del PP, de un total de 71 que en su día presentaron el recurso, estén legitimados para recusar. 

En este sentido, la fundación ultracatólica Abogados Cristianos ya ha anunciado que este martes acudirá a la sede de la Comisión Europea en Madrid para presentar una denuncia contra el presidente del Constitucional y los magistrados Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán al considerar que deben abstenerse de la deliberación sobre el recurso contra la ley del aborto. 

Una vez solventado el asunto de las recusaciones, se espera que ya en la sesión del miércoles el TC vote la ponencia del conservador Enrique Arnaldo sobre la ley del aborto de Zapatero. Ya adelantamos en Público que el ponente propone una sentencia que avale la ley de plazos salvo en lo relativo a la información que reciben ahora las mujeres que desean abortar, que es a través de un sobre cerrado que contiene la información sobre ayudas a la maternidad y riesgos de la intervención. Solo recibe información verbal cuando lo pide expresamente. 

Información "personalizada" frente al sobre cerrado

El ponente dice que solo se puede entender como consentimiento informado aquel que se basa en información "verbal", "personalizada" y "clara" a la mujer que se plantea abortar y propone anular por inconstitucional el artículo 17 que recoge el procedimiento actual del sobre cerrado. Además incide como imprescindible en el periodo de reflexión que debe imponerse, como ya se hace en la actual ley de 2010, a las mujeres que quieren abortar.

Fuentes del TC indican a este diario que el bloque progresista y mayoritario no va a votar a favor de esta objeción que propone Arnaldo. Y más cuando la próxima ley sobre el aborto, que está casi a punto de quedar aprobada, prescinde incluso de los tres días de reflexión que la norma vigente impone como plazo previo a las mujeres antes de interrumpir su embarazo. 

De no salir aprobada la ponencia de Enrique Arnaldo, este tiene la opción de apartarse y que sea un magistrado progresista el que redacte un nuevo borrador que se aproxime a la sensibilidad mayoritaria.