@JairoExtre

MADRID.- La Coordinadora 25-S, convocante de la manifestación de este sábado contra la prevista investidura de Mariano Rajoy, ha pedido a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que envíe a sus observadores a la protesta que tendrá lugar en Madrid y otra decena de ciudades, bajo el lema “Ante el golpe de la mafia, democracia”.

Según informa la coordinadora en su página web, y a pesar de que el recorrido y el motivo de la manifestación han obtenido el visto bueno de la Delegación del Gobierno en Madrid, tienen "fundados motivos para inferir que el derecho de manifestación podría ser conculcado".

Entre esos "fundados motivos" esgrimen que el actual Gobierno es el artífice de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, "que ya ha sido reprobada por varios organismos internacionales como la Unión Europea o la misma OSCE".

Al mismo tiempo aseguran que la presencia de 500 unidades antidisturbios parece seguir "una estrategia de criminalización" ideada por el Ministerio del Interior "para provocar miedo e impedir que quien quiera pueda decidir libremente acudir a la manifestación", pese al carácter pacífico anunciado por la coordinadora. Del mismo modo, recuerdan que este despliegue policial es mayor que el de las Marchas de la Dignidad de 2014 que, como en otras ocasiones, "han acabado con actuaciones policiales desproporcionadas y cargas injustificadas contra los manifestantes", también condenadas por la OSCE.

También ponen de relieve que se haya dado a conocer en diversos medios de comunicación el nombre de las dos personas que firman la solicitud presentada ante la Delegación del Gobierno, Elena Martínez López y Alberto Albino Torre Barciela, miembros de la Cordinadora 25-S. Este detalle les "hace sospechar, si no confirmar, la existencia de listas negras de activistas" que no tienen antecedentes de delito. Esto "atenta gravemente contra la declaración de derechos humanos y pone en riesgo la integridad de estas personas", asegura la coordinadora.