La Cope y Catalunya: una guerra más allá de las ondas

Jueves 20 de noviembre. Emisión del programa Las tardes con Cristina de la cadena Cope desde Lleida. La presentadora, Cristina López Schlichting, entrevista a unas niñas con Síndrome de Down que participan en un espacio de la emisora llamado La nostra tarda: "Meritxell, si yo te digo que ya no vais a poder hacer La nostra tarda porque el CAC de Catalunya ha decidido que hay que cerrar el programa, ¿tú qué opinas?" La niña titubea un instante y responde: "No lo sé, no tengo ni idea". No contenta con la respuesta, la presentadora insiste. "¿Te da pena no poder hacer el programa?". Y la niña concede: "Sí, me da un poco de pena".

La Cope ha llevado a su programación su particular batalla contra el Consejo Audiovisual de Catalunya, que no le ha concedido dos frecuencias, una en Lleida y una en Girona (esta última, de radiofórmula), en el concurso público que se resolvió el 7 de noviembre. La cadena aduce que se las han "retirado", ya que las explotaba desde 2003 de manera provisional. Pero el CAC recuerda que las frecuencias no estaban adjudicadas legalmente y que no eran propiedad de nadie.

Argumentos de unos y otros al margen, la realidad es que éste no es el primer choque entre el CAC y la Cope. El organismo catalán emitió una nota en diciembre del año 2005 (dos meses y medio después de la aprobación de un ambicioso proyecto de Estatut en el Parlament) donde aseguraba que las emisoras de la cadena "han incurrido en una vulneración de los límites constitucionales al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libertad de información y expresión". El CAC añadía que algunas expresiones analizadas "se orientan claramente al insulto y a la vejación pública de determinadas personas y a crear un estado de opinión pública de animadversión hacia representantes democráticos".

Hay que señalar que por aquel entonces Jiménez Losantos todavía no había sido condenado ni una sola vez por un delito de injurias. Tres años después ya acumula cinco condenas.

Quizá previendo la que se les venía encima, la cadena llevó a los tribunales el dictamen del CAC para que fuera declarado "contrario a derecho" ya que consideraba que le provocaba "prejuicios".

En abril pasado, el juzgado contencioso-administrativo número 13 de Barcelona, en su sentencia número 94, desestimó el recurso con el argumento de que el dictamen del CAC era "inocuo" ya que no afectaba para nada a la actividad comercial que siguió manteniendo la emisora.

El juez añadió que "no es de recibo (ni es equitativo) que aquellos que, por su condición de operadores en el sector audiovisual, gozan de una posición privilegiada y, por esa misma razón, pueden desempeñar su función crítica hacia los demás apurando los límites constitucionales, pretendan para sí un trato susceptible de excluir de raíz cualquier género de reproche, por inocuo que sea". En otras palabras, el juez criticaba que la Cope, que se llena tanto la boca de libertad de expresión, intentase por la vía judicial acallar la crítica vertida por alguien que, como el CAC, está muy lejos de contar con la potencia mediática de la cadena.

La Cope ya ha anunciado que impugnará el concurso de frecuencias. Mientras tanto ya ha puesto toda su artillería apuntando al CAC. Y, por lo que se ve, eso incluye también a niñas con síndrome de Down.