Mariano Rajoy abandonaba la estrada del Congreso entre aplausos. La trama Gürtel mandaba al entonces presidente de vuelta a su antiguo puesto como registrador de la propiedad en Santa Pola. Pese al escándalo, la marcha de Rajoy era solo la última pieza que caía en ese interminable efecto dominó que representa la Gürtel y que inició su avance en 2007. La ficha de Ana Garrido comenzó a precipitarse hacia el suelo en 2009, cuando decidió denunciar las irregularidades que presenciaba en el Ayuntamiento del municipio madrileño de Boadilla del Monte –en el que trabajaba como técnico de Juventud– bajo el mandato de Arturo González Panero (PP).

Entonces, ella ni siquiera era consciente de que esa tal trama Gürtel existía y ya contaba con una investigación abierta desde 2007, fruto de la denuncia inicial del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas. Tampoco podía imaginar cómo su vida cambiaría para siempre a partir de su denuncia. Sin embargo, a día de hoy en las palabras de Garrido no hay rastro de arrepentimiento, sino convicción. Una convicción que, inevitablemente, no es inquebrantable, tal y como demuestra el vídeo que ella subió a YouTube por el cual su nombre ha vuelto a estar de actualidad. En él, Garrido solicitaba ayuda, incluso económica, y se reconocía extenuada y falta de fuerzas para continuar su particular lucha. 

No obstante, días después de su publicación, ella misma reconoce no sentirse representada ni particularmente orgullosa del mismo. Una pequeña muestra pública de flaqueza de quien lleva doce años sufriendo y luchando en silencio contra las consecuencias de la corrupción. Con fuerzas renovadas, celebra con optimismo la reciente aprobación de una directiva europea que promete una protección más efectiva para los denunciantes. Aunque esta legislación ya no puede subsanar el daño personal sufrido, sí podrá evitar a otros el tortuoso camino que ella no tuvo más remedio que recorrer. Un camino que le obligó a cambiar con frecuencia de vida. De funcionaria a denunciante. De denunciante a víctima. De víctima a activista contra la corrupción.

El exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, a la salida de la Audiencia Nacional. Javier Lizón - EFE

Primera vida: la funcionaria que siempre decía ‘no’

“En veinte años que llevaba trabajando no había tenido ningún problema”, asegura Garrido recordando aquellos años en los que los técnicos empezaron a recibir presiones para adjudicar contratos a dedo. Esta situación, según ella, distinguía con claridad a tres tipos de funcionarios: los que pasan por el aro, los que miran hacia otro lado y los que dicen que no. Ella formaba parte del tercero, por lo que las represalias no tardaron en llegar. Primero fue una degradación de su puesto, tras ella una depresión y finalmente una baja.

“En la época de Arturo había directrices de no desayunar conmigo, con algunas compañeras me veía a escondidas”, comenta Garrido. Recuerda cómo la corrupción del caso Gürtel se extendió hasta sus propias relaciones personales en el trabajo, no solo habiendo perdido su empleo, sino con él, también, a amigos de toda la vida. Este tipo de acoso laboral reconoce haberlo sufrido también durante la alcaldía de Antonio González Terol (PP) –ahora vicesecretario general de Política Territorial del PP de Pablo Casado–, época en la que volvió al trabajo tras una excedencia al haber cambiado el equipo de Gobierno.

Ana Garrido denuncia haber sufrido acoso laboral también durante la alcaldía de Antonio González Terol, ahora vicesecretario general de Política Territorial del PP de Pablo Casado. / Europa Press

“Al principio solo podía llorar y llorar”, reconoce. No obstante, tres meses después de su primera baja, Garrido decidió tomar la iniciativa frente a las represalias. “Si creo que mi alcalde es un chorizo es él quien tiene que estar fuera y yo dentro”. Con esta ambición, comenzó a recopilar información con el fin de demostrar que González Panero –por entonces su jefe– tenía un patrimonio superior a sus ingresos. Una labor que adoptó como un nuevo trabajo, tras haberse visto forzada a abandonar el suyo, ganado por mérito propio a través unas oposiciones.

Con el avance de dichas investigaciones, comenzó a darse cuenta de que aquel caso iba mucho más allá de Boadilla y afectaba a muchos otros municipios madrileños e incluso a otras comunidades como la valenciana –aunque estas últimas conexiones las dejó al margen–. De sus indagaciones salían diferentes nombres. Algunos como el de Luis Bárcenas sonaban más ajenos por aquel entonces. No obstante, otros le resultaban fácilmente reconocibles como los de José María Michavila –ministro de Justicia con José María Aznar– o Ángel Acebes –ministro de Justicia e Interior con Aznar y ex secretario general del PP– ninguno de ellos imputados por el momento.

Segunda vida: la denunciante que perdió su anonimato

“Cuando vi que la cosa era tan gorda fue cuando dije ‘lo quiero llevar a la Fiscalía Anticorrupción, pero no quiero que aparezca mi nombre'”. Para ello, eligió como intermediarios al Sindicato Manos Limpias y Miguel Bernard –que años después sería juzgado por delitos de extorsión, fraude y organización criminal–, algo que Garrido reconoce a posteriori como el peor error de su vida.

Todo parecía ir bien en un principio, hasta que, al final de una segunda reunión, Bernard afirmó lo siguiente cuando le despedía junto a la puerta: “Ya lo he comentado con Esperanza Aguirre y con Güemes y me han dicho que adelante, que lo movamos a través de los medios”. El intermediario optaba así por mediatizar el caso de alguien que reclamaba anonimato. “El primer fallo fue que se filtrara mi nombre, y más a mi verdugo. Si lo sabía Esperanza Aguirre ya lo sabía medio PP”.

Ana Garrido reconoce como un error el haber confiado en Miguel Bernard y Manos Limpias como intermediarios. / EFE

No obstante, fue la misma respuesta que recibió a dos cartas enviadas por privado a Aguirre, quien también le instaba, a través del intermediario que las puso en contacto, a llevar el caso a primera plana. “Siempre he tenido muy claro que Esperanza Aguirre no se quería enfrentar al alcalde de Boadilla, porque el alcalde sabía muchas cosas sobre ella”, asegura Garrido. 

Entonces, en enero de 2009, el caso de corrupción saltó a los medios y comenzó a copar las portadas nacionales. Todas las informaciones mencionaban un dosier anónimo como el origen de la información. No obstante, en el PP ya sabían perfectamente quién se encontraba tras dicha filtración. “Yo veía los periódicos en las gasolineras y me temblaban las piernas”, comenta Garrido. Un mes después, Francisco Correa era detenido y los registros en ayuntamientos e imputaciones comenzaron a sucederse. El efecto dominó cogía un ritmo imparable. 

Tercera vida: la víctima que acabó siendo activista

Privada de su trabajo, aprovechó lo aprendido para iniciar una intensa carrera como activista por los derechos de los denunciantes. Asociada a agrupaciones inicialmente y actuando por libre en la actualidad, celebra la aprobación de una directiva europea que pretende mejorar la protección a los denunciantes –a los que también también reconoce como 'alertadores', estando recomendado evitar el peyorativo 'chivato' derivado de la traducción literal del término original en inglés whistleblower–. “Mi preocupación es que nadie pase por lo que yo he tenido que pasar, ha sido un logro tremendo”, asegura Garrido. 

La directiva propone en primer lugar cuidar el anonimato. “El mayor error que cometemos muchos denunciantes es acudir al interlocutor equivocado”, reconoce Garrido recordando su relación con Manos Limpias y Bernard.

Para evitar este tipo de situaciones, el texto apuesta por la creación de canales de denuncia seguros, tanto internos como externos –estos últimos accesibles bajo una serie de premisas no excesivamente restrictivas–. La posibilidad de elegir una vía externa resulta especialmente importante para Garrido, pues asegura que en el caso de las instituciones públicas es la forma más segura para los alertadores y así se evita el riesgo del acoso y la destrucción de pruebas.

En definitiva, implica la creación de un organismo independiente de control de la corrupción donde el denunciante sienta protegida su confidencialidad, de lo cual ya existen contados pero buenos ejemplos en España, como la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

Más allá de esta necesaria acción que previene las consecuencias, la directiva también contempla luchar contra estas si llegan a producirse. La más urgente y necesaria es la garantía de una protección jurídica, para lo cual Garrido defiende la importancia de una cobertura total que haga frente al ingente gasto que supone el defenderse en los tribunales durante procesos tan largos.

El texto también promete pronunciarse ante las campañas de difamación y blindar el puesto de trabajo del alertador –con la prohibición y penalización de las represalias en el terreno laboral–. En el plano judicial, exige la presencia de personal especializado para encargarse de estos casos. Garrido va más allá y reclama juzgados especializados –recordando los de violencia de género– que aglutinen todas las posibles causas de acoso contra un denunciante para que estas no se dispersen por diferentes tribunales y así tengan un contexto jurídico común.

Vida futura: Garrido quiere pasar el relevo

Tras el logro personal que supone para ella esta iniciativa, Garrido reconoce su deseo de pasar el testigo del activismo a las nuevas generaciones. Lo afirma consciente de que quedan muchas cuestiones por resolver. Incluso llega a desconfiar sobre la futura transposición de la directiva europea a la legislación española, ya que recuerda otras similares que España se ha saltado de manera sistemática. “No descarto en absoluto que esta intenten saltársela también”.

Pese a todo, Garrido mantiene esperanza y cierto optimismo para seguir antes de su definitiva retirada, y también para quienes continúen el camino que ella y otros activistas han ido abriendo. “Ha habido muchos cambios que eran impensables, como la caída de un presidente del Gobierno, Rodrigo Rato en la cárcel, Esperanza Aguirre imputada... Vale, a lo mejor no es todo lo que quisiéramos, pero está habiendo logros”.

La ficha de Ana Garrido finalmente caerá al suelo, como ya lo hizo la de Rajoy el 1 de julio de 2018. Llegarán nuevos activistas, al igual que también llegaron nuevos presidentes. Mientras, el efecto dominó de la corrupción continuará implacable su avance. Sin embargo, quizás las próximas caídas ya no sean tan dolorosas para los futuros denunciantes gracias a la lucha de unos cuantos funcionarios. Esos funcionarios que, como Ana Garrido, siempre decían ‘no’.