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corrupción de la familia Pujol La Audiencia Nacional pide a Andorra todos los datos sobre las fundaciones panameñas utilizadas por el clan Pujol

La jueza Lamela, en sustitución del instructor De la Mata, libra una nueva ampliación de la comisión rogatoria para rastrear fondos de la familia

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El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/Emilio Naranjo

El Juzgado de la Audiencia Nacional en el que se investiga el posible origen ilícito del patrimonio del clan Pujol ha librado una nueva ampliación de la comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Andorra (se trata de la decimosexta) con el objetivo de ampliar los datos existentes en relación con las fundaciones 'offshore' panameñas Doral, Donneran y Kamala, que fueron utilizadas por la esposa del expresidente de la Generalitat Marta Ferrusola y varios de sus hijos.

La orden fue firmada el pasado 11 de agosto por la jueza Carmen Lamela, que actuaba en funciones de sustituta del instructor del caso José de la Mata. En su resolución, adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada realiza un minucioso listado de peticiones tanto a Andnbank como a la Banca Privada de Andorra (BPA) sobre las instrucciones que tanto Jordi Pujol Ferrusola como su madre o sus hermanos pudieran haber dado directamente o mediante algún gestor en relación con las cuentas bancarias de las citadas fundaciones.

La Policía ha constatado que al menos Jordi, Pere, Marta, Mireia y Oleguer Pujol, además de su madre Marta Ferrusola, habrían abierto cuentas en BPA a nombre de fundaciones panameñas: Kopeland Foundation, Clipperland Foundation y Doral International o Doneran Foundation y Kamala Foundation.

En su declaración ante el juez el pasado mes de mayo, Marta Pujol reconoce que el legado fue de 140 millones de pesetas en dólares del abuelo Florensi ya se habían convertido en 500 invertidos en diferentes productos financieros en 1992. El dinero, según su versión, permaneció en Andbank en diferentes cuentas de miembros de la familia hasta que en 2010 les "invitaron" a marcharse.

Los depósitos fueron trasladados entonces a la Banca Privada de Andorra (BPA) hasta que dos años más tarde se constituyó una fundación con sede en Panamá, donde fueron transferidos hasta su regularización ante las autoridades españolas en 2014.

En su auto, la jueza subsana una resolución anterior de finales de julio para precisar los datos que solicita a los dos bancos andorranos, que pasan por conocer las órdenes de gestión que bien por escrito, correo electrónico, teléfono, gestor o intermediarios se hubieren dado sobre las cuentas de esta fundaciones.

Pide también las firmas autorizadas, los documentos de identidad o pasaportes presentados, las tranferencias e ingresos realizados, destinatarios de los movimientos o la lista de sujetos habilitados para operar o que fueran poseedores de firma, entre otros.

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