Francisco Camps se ha convertido en el nuevo cortafuegos del Partido Popular en la trama de corrupción de Gürtel. El expresidente valenciano fue señalado por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', como la persona que creó y ordenó la caja B del PP regional, y la que obligó a su empresa Orange Market a facturar en negro a empresarios valencianos por los actos electorales del partido  en 2007 y 2008.

'El Bigotes' hizo esta revelación el pasado viernes durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre la pieza de los negocios de la trama en Valencia.

La confesión ha hecho saltar las alarmas del PP regional, mientras el entorno de los procesados intenta calmar el ambiente y transmite en privado que a “Alvarito se le fue la mano, se vino arriba en la declaración y no es cierto que Camps diera esta orden”, según fuentes jurídicas.

Los principales acusados de Gürtel han cerrado filas y su entorno sostiene que no apuntarán a nadie más allá que las personas que figuran como acusadas en las distintas piezas de esta trama, según fuentes jurídicas.

Francisco Camps no está acusado Gürtel, sino que ha sido citado como testigo en el juicio sobre los negocios en Valencia. Es el testigo más esperado y su declaración está prevista para el 7 de marzo.

Pero la clave de la implicación de Camps está en manos de Ricardo Costa, su persona de confianza y el exsecretario de organización del PP de Valencia. Costa declarará este miércoles como acusado, y puede optar por proteger a Camps o delatarlo.

Si bien los delitos electorales están prescritos para Camps –caducan a los cinco años-, el juez José María Vázquez Honrubia podría ordenar deducir testimonio en caso de que la confesión de Costa abriera el camino a otros delitos. Por ejemplo, la malversación de caudales públicos o la prevaricación prescriben a los 10 años. Esto es, en 2018.

El abogado defensor de Costa en Manuel Ollé, quien tiene una gran amistad con Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional que abrió el caso Gürtel en el año 2009 y que fue condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar la escucha del locutorio donde Correa abordaba su defensa con sus abogados.

La Fiscalía no le da importancia

Fue el líder de la red, Francisco Correa, quien el martes apuntó a Costa como la persona que les dio instrucciones de facturar a los empresarios parte de los gastos electorales del PP en 2007 y 2008. La revelación provocó un giro en las defensas de los otros dos principales acusados, Pablo Crespo y 'El Bigotes', que pidieron suspender el juicio para estudiar un cambio de estrategia.

En la Fiscalía no dan importancia -todavía- a estas nuevas revelaciones: explican que Camps ya fue investigado en Gürtel y que sólo fue procesado por los famosos trajes. Y dudan que se pueda abrir una pieza separada.

En el juicio la Fiscalía no preguntó a los empresarios 'arrepentidos' por el político que les había ordenado pagar facturas falsas a la red de Gürtel. Tuvo que ser el abogado del Estado, Edmundo Bal, quien lo preguntara a Francisco Correa. "Ricardo Costa", fue la respuesta.

El juicio se reanudó el viernes. Crespo confirmó que fue Costa quien les dijo que o facturaban a los empresarios o no cobrarían la deuda del PP. Después, 'El Bigotes' remató el balón al revelar que la orden provino del propio Camps.

Filtraciones “interesadas”, dicen otras fuentes, difundieron al día siguiente que Correa había ofrecido a la Fiscalía una “confesión general” sobre la corrupción del PP.

Esta filtración sirvió al defensor de Crespo, Miguel Durán, de trampolín para presentar el giro a su estrategia: de atacar a la fiscalía y negarlo todo a seguir la estela de Correa de confesar y reducir delito a delito el cumplimiento máximo de pena en prisión.

Correa tiene 30 millones fuera

El pacto global para tirar de la manta de las finanzas del PP es desmentido por el entorno de Correa, quien sostiene entre los suyos que “no perjudicará a nadie que no se pueda defender” en la media docena de procesos abiertos en la Audiencia Nacional. También la Fiscalía desmiente que haya pactado con la defensa de Correa.

La estrategia de Correa fue diseñada por su abogado defensor Juan Carlos Navarro, al que se sumó después Javier Iglesias, un letrado con muchos contactos políticos y especializado en intentar 'encauzar' casos complejos.

Javier Iglesias suele optar por el pacto con la Fiscalía y ha llevado a cabo 'voladuras controladas', como la colaboración del empresario Alfonso García Pozuelo en los Papeles de Bárcenas. También ha llevado varios casos que afectan al PP y al servicio secreto. O la reunión entre Jordi Pujol júnior y el comisario José Villarejo.  

Francisco Correa ha aceptado colaborar en todas las causas, con el fin de reducir delito a delito el cumplimiento de la pena en prisión. Correa tiene 30 millones de euros en el extranjero y ha ofrecido su fortuna para hacer frente a los daños causados, según fuentes jurídicas.

Mientras, el mensaje oficial que emite el entorno de Mariano Rajoy desde La Moncloa es que el caso Gürtel se da por amortizado y lo atribuyen a una trama del pasado, a pesar de la Caja B del PP es una de las piezas de esta trama (la de los Papeles de su extesorero Luis Bárcenas). Es más, con este dinero negro se financió la reforma de la sede central del partido en Madrid y se pagaron sobresueldos a altos cargos. El propio Rajoy figura en los apuntes de la “contabilidad extracontable”, como tildó el extesorero a la Caja B del PP.