El juicio por el caso 'Perla Negra' marca el pistoletazo de salida al calvario judicial del PP de Castilla y León

El primero de los juicios que tiene el Partido Popular en su horizonte, el caso 'Perla Negra', comenzará este martes día 15 de marzo en la Audiencia Provincial de Valladolid, después de que este lunes se haya aplazado su inicio para decidir si finalmente se acuerda la devolución del proceso al juzgado de instrucción para evitar una posible vulneración del derecho a la defensa por no haberse entregado toda la documentación. Se alargará 23 días, hasta el 30 de abril. Precisamente este horizonte judicial complicado fue una de las razones estratégicas de Génova para que Mañueco convocara las elecciones del pasado 13F, con todos los asuntos judiciales por resolver y fuera de foco.

En el juicio se procesarán los posibles delitos de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración

Ahora llega el turno de un macroproceso denominado la 'Perla Negra' en el que se investigan delitos relacionados con el sobrecoste en la compra por parte de la Consejería de Economía del Gobierno de la Junta de un inmueble en Arroyo de la Encomienda (municipio situado a apenas tres kilómetros de la capital vallisoletana) y de unos terrenos destinados a la implantación de un polígono industrial en el término municipal de Portillo (Valladolid). En el juicio se procesarán los posibles delitos de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, cometidos entre 2005 y 2011.

En el proceso de la 'Perla Negra' figuran imputadas doce personas, entre ellas los viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal (empresa adscrita a la Consejería de Economía y Empleo de la Junta), Juan Carlos Sacristán.

Algunos de los procesados en este juicio -el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo- también figuran en otro proceso judicial próximo a celebrarse, en la denominada 'Trama Eólica'. Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta, fue consejero de Presidencia y de Justicia durante la época en la que estas dos tramas -'Perla Negra' y 'Trama Eólica'- tuvieron lugar.

Por la Audiencia Provincial de Valladolid pasarán en los días convenidos unos 70 testigos, entre ellos personas muy reconocidas de la política autonómica castellano y leonesa, como el que fuera presidente de la Junta durante 18 años, el popular Juan Vicente Herrera, y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Además, se solicitará la colaboración de más de 20 peritos para desgranar lo que se ha considerado como trama, sobre todo desde el PSOE de Castilla y León, que se ha presentado como acusación particular al caso.

En cuanto a las peticiones de pena de cárcel en la 'Perla Negra', éstas oscilan entre los 79 años que pide la Fiscalía para los doce imputados, los 221 años que solicita el Partido Socialista de Castilla y León como acusación popular, y los 20 años que pide la Junta, para ocho de los encausados.

Las penas más elevadas solicitadas por la Fiscalía están dirigidas a los integrantes de la Consejería de Economía de aquella época: los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años para cada uno.

A pesar de que en principio se vetaba la posibilidad de grabar el juicio íntegramente, así como de reproducir la imagen de los testigos, durante la jornada del 10 de marzo se conoció que la Audiencia Provincial de Valladolid ha rectificado el protocolo tras recibir un escrito del Decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León. De este modo, "tomando en consideración el interés mediático", así como el hecho de que se trata de delitos que afectan a la gestión de la administración pública por parte de responsables públicos, el tribunal accede a la grabación íntegra de imagen y sonido del juicio. Eso sí, solo se podrá hacer uso de la imagen del rostro de los testigos y peritos que fueran funcionarios o cargos públicos en el momento de los hechos o lo sean actualmente.